España exige la "liberación inmediata" de los precandidatos opositores detenidos en Nicaragua

El Gobierno ha expresado este miércoles su "profunda preocupación" por la detención en los últimos días de numerosos precandidatos opositores a las elecciones presidenciales del próximo noviembre en NicaraguaNicaragua y de otros actores políticos, reclamando su "liberación inmediata".

"El Gobierno de España pide la liberación inmediata de los precandidatos detenidos, encarcelados o retenidos, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y de otros opositores", ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno de Daniel Ortega que "ponga fin a la persecución de actores políticos y sociales y de los medios de comunicación independientes", recordando que "el Estado de Nicaragua tiene el compromiso internacional de respetar los Derechos Humanos".

"El Gobierno de Nicaragua es responsable de preservar y garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos sus ciudadanos, sean o no simpatizantes políticos, de conformidad con el Derecho Internacional y su propia Constitución", ha sostenido el Ejecutivo español.

En las últimas horas han sido detenidos Juan Sebastián Chamorro, sobrino de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, para ser investigado por "realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación" e "incitar a la injerencia extranjera", así como Félix Madariaga poco después de que compareciera ante la Fiscalía como parte de una investigación en su contra "por actos que menoscaban la independencia del pueblo".

La semana pasada se había producido el arresto de Arturo Cruz, por "atentado contra la sociedad y los derechos del pueblo", mientras que Cristiana Chamorro, hija de la citada expresidenta, cumple arresto domiciliario desde hace días mientras es investigada por un supuesto delito de blanqueo de capitales.

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El Gobierno de Nicaragua ha venido recrudeciendo en los últimos días su represión política con la vista puesta en las elecciones del 7 de noviembre. En 2018, ante las protestas masivas que estallaron contra Ortega, el Ejecutivo respondió con una fuerte represión que se saldó con más de 300 muertos y cientos de detenidos.

Además, en los últimos meses se han aprobado una serie de leyes y normas que limitan algunos derechos fundamentales. Así, la Ley de Agentes Extranjeros obliga a personas y organizaciones que reciben fondos del exterior a registrarse ante el Ministerio de Gobernación, mientras que otra reforma establece penas de cárcel para quienes compartan noticias falsas o filtren informaciones oficiales.

Los delitos de odio, vagamente definidos, han pasado a estar castigados con cadena perpetua, a lo que se suma nueva ley que prohíbe expresamente postularse a cargos públicos a quienes hayan puesto en riesgo la soberanía nacional, también bajo premisas ambiguas.