El viceinterventor de Toledo asegura a Ruz que el PP no sometió a su control el sobrecoste de las basuras

El viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Javier Sánchez, ha reconocido este lunes al juez Pablo Ruz que la modificación del contrato de la recogida de basuras, en la que se investiga una comisión de 200.000 euros, se aprobó sin el informe de la Intervención municipal.

Sánchez hizo estas declaraciones a los periodistas a la salida de la Audiencia Nacional, en la que ha declarado como testigo por la mordida de 200.000 euros que la empresa Sacyr habría pagado al PP de María Dolores de Cospedal, según la declaración de Luis Bárcenas.

"Los expedientes de tramitación en todas las administraciones públicas deben llevar los informes preceptivos, y en este caso también el de fiscalización. En 2007 no se sometió el acuerdo. Se hizo después, en 2008, que ese sí fue reparado por la Intervención", dijo a los periodistas el viceinterventor.

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El exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP) ha asegurado por su parte, tras declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que no ha "adoptado ningún acuerdo ilegal" ni ha "cobrado una comisión" en su "vida". Molina, que se ha declarado "muy satisfecho" por haber tenido "la oportunidad de defenderse" de lo que ha calificado como "injurias y calumnias", ha asegurado que ha aportado al magistrado "pruebas" que demuestran su "inocencia absoluta". "El mayor patrimonio que tengo es mi honor personal e iniciaré las acciones necesarias para defenderlo", ha dicho antes de indicar que hasta ahora no había podido hacerlo porque trabaja en la Embajada de España en el Congo.

El exdirigente conservador ha sido interrogado por una adjudicación en 2007 a la empresa Sufi, filial de Sacyr, de un contrato para la recogida de basuras por un importe de 6,13 millones anuales durante un periodo de diez años. Según Bárcenas, este servicio se entregó a esta compañía a cambio de una donación de 200.000 euros que sirvió para financiar la campaña de la presidenta del PP castellano-manchego, María Dolores de Cospedal.

Molina, que está imputado por los delitos contra la administración pública de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, era alcalde de la ciudad cuando se aprobó una modificación del contrato que, según la Intervención General del Estado (IGAE), supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos establecidos por la ley. Al ser preguntado por este extremo, ha señalado: "Sobre los elementos concretos no voy a hacer alusión".