El Gobierno dice que no puede publicar los consellers de Torra porque la propuesta "no se ajusta a la legalidad"

El Gobierno de Mariano Rajoy respondió este martes a la Generalitat de Cataluña que no puede autorizar la publicación de los consejeros propuestos por Quim Torra porque el contenido del acto "no se ajusta a la legalidad". Esta respuesta se fundamenta en "el oportuno informe de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado".

Así lo expone el Ejecutivo en una carta al secretario del Gobierno de la Generalitat, Víctor Cullell, a la que ha tenido acceso Europa Press, que se produce diez días después de que Torra designase como consejeros a Jordi Turull y Josep Rull, en prisión preventiva, y a Toni Comín y Lluis Puig, huidos en Bruselas.

En esa misiva, destaca que la propuesta que efectúa sobre ellos cuatro "no es válida ni eficaz", dado que no podrán desempeñar sus funciones "con arreglo a las previsiones y exigencias que para tal cometido recoge la normativa vigente".

Sigue vigente el artículo 155

El Gobierno recuerda en la citada carta que sigue vigente la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que se mantendrá esa vigencia, como señala el acuerdo del Pleno del Senado, "hasta la toma de posesión de los miembros de la Generalitat".

Por lo tanto, subraya que esa facultad de nombramiento "inherente al presidente de la Generalitat", queda "condicionada" a las previsiones que resulten de ese acuerdo. Y, según el Ejecutivo del PP, la formación de nuevo Gobierno es "un proceso progresivo y de tracto sucesivo, como lo es correlativamente el alzamiento del artículo 155".

Siguiendo esta argumentación, el Gobierno estima que sigue vigente lo que establece el acuerdo del Senado que le faculta a "someter a autorización los actos, acuerdos, resoluciones o disposiciones que hayan de ser objeto de publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña".

La autorización no es un mero control formal

El Gobierno entiende que esa autorización no ha de entenderse como "un control meramente formal" y "tampoco la publicación como un acto debido y reglado". Al contrario, señala que se configura como un "auténtico control de legalidad, que no de oportunidad", que resulta de la habilitación que le ha otorgado ese artículo 155 para velar por el cumplimiento de la normativa y seguir manteniendo el orden constitucional.

Por eso, considera que esa autorización comporta tanto la comprobación de la concurrencia formal de los requisitos como de la "validez y eficacia de las resoluciones, actos o acuerdos que pudieran ser objeto de publicación".

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"Dicha autorización, en los términos expuestos, impone entender que la publicación del acto tendrá necesariamente lugar si el contenido del acto se ajusta a la legalidad; y por el contrario, si el contenido del acto no se ajusta a dicha legalidad, la publicación no podrá autorizarse", expone en la misiva.

Partiendo de esas premisas, continúa el Gobierno, la propuesta de Rull, Turull, Común y Puig no es "válida ni eficaz". Es más, añade que no concurre "viabilidad jurídica" en esos nombramientos, por lo que "no puede autorizarse la publicación" de los mismos.

El Gobierno subraya que esta contestación se fundamenta en el "oportuno informe de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado", con fecha de 28 de mayo de 2008, que "avala, concreta y desarrolla" los argumentos expuestos en esta carta y que son, en definitiva, por los que se estima que "no resulta factible la publicación pretendida".