Villarejo trató de convencer al juez de que había querido donar su sueldo de policía al "Colegio de Huérfanos"

El excomisario José Manuel Villarejo trató de convencer al juez en su primera declaración como imputado de que  propuso "entregarle al Colegio de Huérfanos" su sueldo como policía una vez reincorporado al Cuerpo en 1993 tras una larga excedencia.

En aquella primera comparecencia, prestada en noviembre de 2017 y después de la cual el juez decretó a instancias de la Fiscalía Anticorrupción un encarcelamiento preventivo que se mantiene a fecha de hoy, Villarejo puso énfasis en  un objetivo: transmitir a los fiscales y al juez instructor de la Operación Tándem que su red de empresas tenía como objetivo primordial servir a los intereses del Estado y no su enriquecimiento. "No soy una persona especialmente apegada al dinero", dijo textualmente durante el interrogatorio, que se prolongó más de una hora y a cuyo archivo sonoro ha tenido acceso infoLibre.

Los investigadores cifran en 20 millones el patrimonio levantado por el hombre que, presuntamente, utilizó como arma de chantaje un ingente volumen de información acumulada durante décadas gracias a su posición en la Policía y que desempeñó un papel crucial en las denominadas cloacas del Estado. La estructura societaria tejida por Villarejo y su círculo de confianza incluía empresas localizadas en países como Panamá y Uruguay.

Fue durante el turno de preguntas de su abogado cuando Villarejo aseguró que, aunque se había arruinado dos veces, estaba satisfecho –"no me ha ido mal"– con las sociedades mercantiles creadas a lo largo de diez años de excedencia.

¿Y qué hizo con ese dinero cuando vuelve a la actividad policial en 1993?, inquirió el letrado. Villarejo respondió así: "Pues ese dinero estaba ahí, en las empresas familiares y yo lo que sí opté es por que una vez que me dieron el estatus de alta [su reingreso] –ahora por lo que veo me arrepiento de haber vuelto pero, en fin, esa es una opinión–, yo quise el dinero que recibía por mi situación de activo entregárselo al Colegio de Huérfanos y tal porque no tenía necesidad de ello pero me dijeron 'no puedes hacer eso porque entonces cómo vas a explicar de qué vas a vivir' y entonces opté por reinvertir siempre beneficios. Y yo, salvo mi sueldo de policía y a lo mejor hacer uso de algún vehículo de la empresa y tal, jamás percibí ningún emolumento de la empresa familiar".

La Policía encontró casi 200.000 euros en metálico repartidos en una de las casas de Villarejo y su familia en Boadilla del Monte (Madrid) y en el ático de Estepona (Málaga) que, según su versión, usaba para sus vacaciones. Y así lo habían hecho constar los fiscales en su interrogatorio.

Los 109.000 euros del piso malagueño, contestó Villarejo, se los había dejado su madre. Había fallecido, explicó, dos años antes del hallazgo. Pero, según el ahora comisario jubilado, reservaba ese dinero para repartirlo de forma paritaria entre sus cinco hijos cuando "la familia pudiera estar algún día reunida".

"Remanente para emergencias"

Los entre 80.000 y 90.000 euros localizados en su casa de Boadilla –son las cifras del propio Villarejo– eran "un remanente pequeño" para emergencias que tenía desde que estuvo excedente en la Policía. "Me he arruinado dos veces (...). Le tengo pánico a los bancos y yo procuro tener dinero en casa por si me surge alguna necesidad. Nada más cobrar suelo sacar en efectivo, entre otras cosas porque ya me sabía desde hace algunos años totalmente seguido, vigilado y fiscalizado por el señor director del CNI y no quería, digamos, hacer pagos con tarjeta, etcétera, etcétera".

Cuando tuvo lugar esta primera declaración judicial de Villarejo la investigación no había desvelado aún episodios como el espionaje de Villarejo para el BBVA ni las grabaciones a Corinna zu Sayn Wittgenstein, la antigua amiga íntima de Juan Carlos de Borbón, ni sus negocios con el bufete Herrero y Asociados o con una de las herederas de Luis García Cereceda o con los hermanos Muñoz Tamara.

Lo que Anticorrupción ya sabía, y así se desprende del contenido del interrogatorio, es que Villarejo había cobrado más de cinco millones por elaborar a través de su buque insignia empresarial, el llamado Grupo Cenyt, un informe para una de las facciones políticas enfrentadas en Guinea Ecuatorial. El informe buscaba desprestigiar a uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang, Gabriel Mbega Lima, en favor de su hermanastro Teodorín. Según Villarejo, que mantiene inalterada esa versión, aquel informe era en realidad un trabajo coordinado con el CNI. Ese es el denominado Proyecto King, cuyo desarrollo investiga la Audiencia Nacional dentro de la pieza principal del caso Tándem.

Para el pago del dinero, los clientes guineanos del policía vehicularon desde Suiza transferencias a Panamá por más de 750.000 euros. Enviaron otros 400.000 euros a una cuenta de Reino Unido vinculada a una mercantil de Uruguay. Y traspasaron 400.000 euros más a un banco uruguayo.

En España, sostiene Anticorrupción, hicieron entregas en metálico por al menos 1,5 millones. Según Anticorrupción, en esa operación delictiva participaron asimismo el socio principal de Villarejo, el abogado Rafael Redondo, y el también excomisario Carlos Salamanca. El jefe, siempre, en esta y en los restantes negocios investigados, fue Villarejo.

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Una parte de los fondos pagados en el extranjero por el clan guineano que le había encargado su informe a Villarejo –un millón de euros– fueron retornados en 2015 a España. El dinero se integró en el circuito económico legal. ¿Cómo se produjo el blanqueo? Destinando esos fondos, mediante el uso de testaferros y de personas del más estrecho círculo de confianza del todavía entonces policía, a la adquisición de participaciones en sociedades. 

Hace un mes, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que ahora instruye el caso tras la renuncia del juez Diego de Egea, nombró un administrador judicial para preservar la integridad de ese abultado patrimonio. El juez cree que las posesiones de Villarejo superan esa cifra e investiga las potenciales ramificaciones de la red en el extranjero. De Egea abandonó la instrucción en diciembre tras haber decretado, en contra del criterio de Anticorrupción, el archivo de las actuaciones contra algunos investigados. El magistrado, ahora de nuevo destinado en la Audiencia de Madrid, sopesó en el verano de 2018 dejar en libertad a Villarejo. Los sobreseimientos que dictó fueron finalmente anulados como consecuencia de los recursos de la Fiscalía.