Lo que Lacalle quiere cambiar en el sistema de pensiones español

El futuro de las pensiones se cuela en precampaña. Seis semanas después de que el Pacto de Toledo se cerrase sin consensuar un listado de recomendaciones para mantener y mejorar el sistema, el asunto ha conseguido hacerse un hueco en la carrera política hasta las urnas de la mano de Daniel Lacalle, número cuatro del PP por Madrid para el Congreso de los Diputados. El gurú económico de los conservadores abordó este sábado el complejo problema durante una entrevista en El Economista, en la que afirmó que España “es el único país que, con respecto a otros países que han estado en una situación similar, han crecido las pensiones”. “Los demás las han reducido hasta el 40%. Por tanto, el debate no es cuánto se revalorizan, sino cuánto se recortan. Un 20%, un 30% o un 40%. Todos los países que han ido por el camino impositivo han aumentado la edad de jubilación y reducido el porcentaje de reemplazo”, señaló Lacalle tras asegurar que “las pensiones se ponen en peligro cuando están en peligro las cuentas del país”.

Poco tardó el PSOE en utilizar las declaraciones del ultraliberal gestor de fondos de inversión, que dirige el área económica de la nueva fundación Concordia y Libertad –que sustituye a Faes como laboratorio de ideas del PP–, para disparar contra las filas conservadoras. El domingo, durante un acto en Cataluña, Pedro Sánchez señaló que “la derecha no está proponiendo la revalorización de las pensiones, está proponiendo el recorte”. Y este lunes, José Luis Ábalos ha acusado al PP de querer “aniquilar” el sistema. Lacalle, consciente de que en las próximas elecciones votarán más mayores de 65 años que nunca –un 24% del censo–, se ha apresurado a desmentir dichas afirmaciones. “Lo que yo dije es que con las políticas que ponen en peligro las cuentas públicas, países de nuestro entorno han tenido que recortar las pensiones”, se defendió en declaraciones a La Sexta el gurú económico de Casado, que culpó a Sánchez de “poner en peligro las cuentas públicas” y aseguró que defiende la revalorización de las pensiones.

Habitual en tertulias, este economista ultraliberal ha sido muy criticado por las polémicas posiciones que ha mantenido en diferentes foros. Se ha mostrado partidario de erradicar las ayudas a la cooperación, de rebajar los tipos impositivos o de “llevar la reforma laboral al siguiente nivel”, haciéndola “menos onerosa para las empresas, sobre todo para las pymes –pequeñas y medianas–”. En cuanto al sistema de pensiones, ha asegurado en diferentes entrevistas que no le preocupa “la financiación”, porque el gasto en esta materia es “perfectamente financiable”. “Suponen el 11% del PIB y un gasto de ese nivel no se cuestiona en ningún país. En el peor escenario será un 15% del PIB. Por tanto, este no es el problema”, sostuvo Lacalle en una entrevista publicada este mismo lunes en El Español.

Eso sí, el economista siempre ha defendido, en línea con su ideología ultraliberal, que este mantenimiento no será posible por la vía del incremento de impuestos. “Las pensiones se pagan con más empleo y mayores empresas”, apuntó el gurú económico del PP hace un par de semanas en otra conversación, en este caso con El Mundo. Una entrevista en la que insistió en que hay que hacer las pensiones “sostenibles”. Su receta para ello, que ha deslizado tanto en foros económicos como en su propia página web, pasa por una transición que culmine en el establecimiento de un modelo mixto similar al que tienen algunos países de la UE. “Se debe avanzar hacia un sistema dual, de reparto (público) y de capitalización (aportación privada), donde los jóvenes trabajadores puedan saber a ciencia cierta cuánto están acumulando para su jubilación sin hacer una apuesta suicida a que quede algo en la hucha de las pensiones cuando se retiren”, escribió el economista en 2014 en un artículo titulado “¿Cómo pagamos las pensiones?”.

El modelo sueco

La opinión de Lacalle dista, en este sentido, de la expresada por el nuevo gurú económico de Vox, que en una charla en 2012 abogó por que el Estado sólo asuma “justicia criminal, seguridad interior y seguridad exterior”, dejando el resto –sanidad, educación o pensiones– en manos del asegurador. “Es algo absolutamente irresponsable”, ha señalado el número cuatro del PP por Madrid al respecto. Antes que el “todo o nada”, el economista prefiere el modelo sueco, que no considera “liberal” o “anti-social”, a los sistemas de reparto clásicos –Francia, España o Portugal– o al modelo 100% privado y de capitalización chileno, que tantas protestas ha generado entre los pensionistas. La reforma del sistema de pensiones en Suecia, aprobada en 1998 tras una década de preparación, se sostiene sobre un modelo que conserva la naturaleza del Estado social y que se sujeta sobre tres pilares: pensiones garantizadas, las contributivas –públicas– y las pensiones por prima –capitalizadas en fondos gestionados por entidades privadas–.

Los suecos con menores ingresos y que hayan residido en el país durante 40 años perciben, al cumplir los 65 años, una pensión garantizada, prestaciones que se financian mediante impuestos y que no pueden exceder los 835 euros al mes. Además, el Estado paga a sus jubilados una pensión contributiva, que se sufraga con las aportaciones de trabajadores y empresas a partes iguales. El 16% de la nómina –8% el empleador, 8% el asalariado– va a parar a una cuenta individual –también llamada nocional–. En ella se acumulan las contribuciones hechas a lo largo de toda la vida laboral. En el momento de jubilarse, el trabajador recibe la cuantía que ha ido sumando en esa cuenta, revalorizada cada año según el crecimiento de los salarios medios, menos un tipo de interés técnico del 1,6%, pero recortada según la esperanza de vida de cada generación. En 2015 la pensión contributiva media ascendía a 1.043 euros para las mujeres y a 1.359,8 euros para los hombres.

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Estas dos primeras patas, públicas y financiadas con aportaciones obligatorias de trabajadores y empresas, se complementan con una tercera: las pensiones por prima. Los empleados también ingresan en sus cuentas individuales un 2,5% de su sueldo –1,25% por el asalariado, 1,25% por la empresa–, que pueden invertir en diferentes fondos gestionados por entidades privadas. Pueden elegir cinco entre un catálogo de 830 fondos, administrados por 107 entidades financieras privadas. Si no seleccionan ninguno, por omisión su dinero se destina automáticamente a un fondo estatal, denominado AP7 Såfa (Alternativa de Gestión de Fondos del Gobierno Central). De hecho, el 90% de los suecos elige por defecto este fondo. Al jubilarse, los suecos perciben la suma de sus aportaciones –ese 2,5% anual– más el resultado de la inversión en los mercados de ese dinero, pero reducida por el divisor basado en la esperanza de vida de su cohorte de población.

La Agencia de Pensiones de Suecia ha reconocido que este sistema produce “pensiones más volátiles”, al depender de la rentabilidad de los mercados, además del problema de los elevados costes administrativos y de gestión. En total, se calcula que los trabajadores suecos destinan a estas prestaciones el 28% de sus salarios. Allí, el sueldo medio está en los 45.049 euros. En España, en el año 2016, se situó en los 23.256 euros, casi la mitad. Con todos estos aspectos sobre la mesa, algunos economistas como Santos Ruesga, defensor del sistema de reparto clásico y miembro de la comisión de expertos que preparó la reforma de 2013, sostienen que en caso de aplicar aquí un sistema de cuentas nocionales se tendrían que duplicar las cotizaciones al sistema y se necesitarían salarios más altos y carreras de cotización más regulares de las que hay habitualmente en España. Además, considera que el modelo sueco reporta pensiones más desiguales.