Asesinadas por ser mujeres, pero fuera de las estadísticas: las otras víctimas de la violencia machista empiezan a ser reconocidas

Catorce mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año, las cinco últimas (junto al hijo menor de una de ellas) en la última semana. Así figura en la estadística oficial confeccionada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. El recuento cumple escrupulosamente con el dictado de la Ley 2004 contra la Violencia de Género, que legisla sobre la violencia machista entendida como aquella que sufren las mujeres dentro de sus relaciones afectivas. Catorce asesinatos según la definición que impera desde hace más de dieciséis años. Si la cifra oficial ya es sangrante, se vuelve difícilmente sorportable una vez ampliado el foco: la violencia contra las mujeres, fuera de la pareja, deja otras muchas víctimas invisibles. El Defensor del Pueblo ha reparado una vez más en esta realidad y ha incluido, en su informe anual de 2020, una recomendación: urge ampliar el concepto de violencia de género para no dejar a tantas mujeres en la estacada.

La definición actual, detalla el Defensor del Pueblo en su evaluación, supone de facto la exclusión de otras formas de violencia fuera de la pareja "del conjunto de políticas públicas de protección y ayuda diseñadas por el ordenamiento español". Es decir, las víctimas de la violencia de género han demostrado ser muchas más de las que contempla la ley, pero las ayudas no llegan a todas. Hasta que se produzca un "desarrollo normativo, las otras violencias de género reconocidas en el Convenio de Estambul no recibirán más que un tratamiento preventivo y estadístico, quedando la respuesta penal en estos casos limitada a lo dispuesto en el Código Penal y las leyes penales especiales", lamenta el líder de la institución, Francisco Fernández-Marugán.

¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género fuera de la pareja? La plataforma feminista Feminicidio.net hace un recuento de aquellos asesinatos que tienden a pasar desapercibidos: los números doblan la cifra oficial. A cualquiera le sonará familiar el caso de Diana Quer o Laura Luelmo, pero cada año son otros muchos los que quedan en un segundo plano. En lo que va de 2021, según el recuento de Feminicidio, un total de 29 mujeres han perdido la vida por ser mujeres.

A mediados de enero, una mujer de 33 años fue asesinada en su vivienda, en el municipio coruñés de Oza-Cesuras. El responsable de su asesinató la mató como venganza contra su marido, quien al parecer mantenía una relación con la mujer del agresor. La víctima, madre de un niño de dos años, perdió la vida a manos de un hombre que cometió un crimen con un marcado acento machista, pero cuya violencia no encaja dentro de la normativa estatal.

"Los hombres ejercen jerarquía masculina, poder y dominación en distintos roles, no sólo en la pareja". Habla Graciela Atencio, cofundadora de la web Feminicidio. El proceso de determinar el componente machista de un crimen está marcado por un elemento: la relación entre víctima y victimario. "El mayoritario se encuentra en el marco de la pareja, donde se pueden ubicar la mitad de todos los feminicidios", estima la activista y periodista, "pero hay otros componentes muy difíciles de demostrar que tienen que ver con la misoginia". ¿Y cómo se mide la misoginia? Es ahí donde radica la complejidad del asunto, sujeto a interpretaciones y subjetividades. "Hay todo un debate jurídico y filosófico, pero tenemos que encontrar elementos objetivos y demostrables en las leyes", comenta. En una agresión sexual, por ejemplo, el componente machista es obvio, pero no siempre que existe una "relación de poder, aunque no haya un vínculo personal, es posible demostrar y reconocer ese componente machista".

La justicia ya contempla una agravante de género para aquellos casos en los que una agresión esté motivada por cuestiones de género. Las voces consultadas advierten, sin embargo, que la jurisprudencia es bastante restrictiva y los tribunales tienden a aplicar la agravante sólo cuando existe un vínculo de pareja. Algo que el Tribunal Supremo ya reprochó en noviembre de 2018, cuando instó a reconocer la agravante aunque entre víctima y agresor no exista vínculo alguno.

Fue el caso de Florina Gogos, quien apenas alcanzaba la veintena cuando su agresor o agresores le quitaron la vida. La denuncia de la desaparición de la mujer, según recoge Feminicidio, se tramitó a principios de enero por parte de su compañera de piso. Al parecer, la joven estaba siendo prostituida por una organización proxeneta y ya había denunciado episodios previos de maltrato. Su cuerpo fue descubierto por un cazador a finales de enero, en València.

En febrero, Benita Corral fue hallada muerta en Linares (Jaén). El autor confeso del crimen fue un varón que asesinó a la mujer a golpes, escondió su cuerpo durante horas y luego lo abandonó en los contenedores. Era, según el entorno de la víctima, un conocido "obsesionado con ella".

"Hubiera sido difícil de entrada" tejer un marco amplio de violencia contra las mujeres, pero después de más de quince años de ley integral, es el momento. Así lo entiende Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. En un primer momento, urgía legislar sobre la violencia "más cercana, más frecuente y más grave" porque la "estrategia política exige priorizar". Pero llegó la hora, coincide el experto, de ensanchar los márgenes para abordar otros muchos casos que pasan desapercibidos.

No está en las estadísticas oficiales el caso de Antonia, madrileña de 80 años. A finales de marzo, su hijo acabó con su vida para posteriormente suicidarse lanzándose al vacío. "Existe invisibilidad cuando se trata de violencia ejercida por hombres de la misma familia, especialmente cuando un hijo mata a su madre, a pesar de que se dan patrones similares a la violencia en pareja", desgrana Graciela Atencio.

Aunque la ley integral de 2004 sitúa a España como país pionero, Miguel Lorente critica una demora palpable por atender a otras formas de violencia. "Ni siquiera hay una conciencia clara de lo que se quiere hacer", plantea y pone sobre la mesa la posibilidad de trabajar sobre una modificación de la ley integral o abordar leyes específicas para otras formas de violencia. A finales del pasado año, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia Machista (Grevio) del Consejo de Europa evaluó por primera vez las políticas de igualdad españolas y la aplicación del Convenio de Estambul e instó explícitamente a ampliar el foco de la violencia machista.

Pero sí se están dando pasos. El Ministerio de Igualdad subraya los esfuerzos acometidos a lo largo del último año, desde la entrada de Irene Montero en la cartera, para dar cumplimiento a este mandato. Así, el teléfono de ayuda 016 ha sido ampliado a todo tipo de violencias machistas y los centros de atención 24 horas también serán para todo tipo de violencias, según detallan fuentes del departamento. Igualmente, la Ley de Libertad Sexual lo que pretende precisamente es ampliar el concepto a nivel legal. Hasta hoy, por otro lado, el Observatorio de Violencia de la Delegación del Gobierno "sólo recogía los datos relativos a la violencia en el entorno de la pareja o expareja, menores y huérfanos", mientras que actualmente se incluye también la "violencia sexual, feminicidio sexual, feminicidios a ciudadanas españolas cometidos fuera del territorio español y suicidios".

A día de hoy, la inmensa mayoría de las leyes autonómicas, salvo la extremeña y la asturiana, recogen en sus definiciones la violencia sobre las mujeres que dicta el Convenio de Estambul: "Por violencia contra las mujeres se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres" que acarrea "daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos".

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Los marcos de la violencia de género ya fueron ampliados en una ocasión. Fue hace algo más de un lustro, con motivo de la inclusión de los hijos de las víctimas, que pasarían entonces a ser considerados víctimas directas de la violencia de género. Desde 2013, además, las estadísticas oficiales recogen el número de menores asesinados como consecuencia de la violencia machista, dos en lo que va de año. Es lo que se conoce como violencia vicaria, una forma de maltrato que busca dañar a las mujeres a través de sus hijos. Una herramienta al servicio de los maltratadores que comienza a ocupar titulares desde la emisión en la pequeña pantalla del testimonio de Rocío Carrasco, quien a través de un documental ha hecho público el presunto maltrato psicológico ejercido por su expareja y la supuesta manipulación de sus hijos.

¿Y qué ocurre con otras víctimas colaterales? Hace ahora tres años, un hombre acabó con la vida de su exmujer y a continuación disparó contra otras dos mujeres: la madre y la hermana de la víctima. Ambas fuera de las estadísticas oficiales. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconocía entonces que tras los asesinatos "lo que subyace" es la violencia machista. El reconocimiento se quedó ahí, en las palabras del titular de la cartera.

Las también llamadas víctimas por conexión suelen formar parte del entorno de la víctima. Jurídicamente, este tipo de crímenes no acarrea ninguna medida extraordinaria que tenga en cuenta el contexto en que se produce. Sin embargo, el trasfondo de los crímenes los sitúa de inmediato en el marco de la violencia machista. Así lo llevan años señalando las organizaciones feministas y así lo dice también la Fiscalía General del Estado. En su memoria, dedica un apartado dentro del balance sobre violencia de género a otras víctimas: "Es indiscutible que el daño que el agresor causa a la mujer atentando contra su integridad física, psicológica o moral, en muchas ocasiones no se limita a la mujer, sino que se extiende a las personas más cercanas y vulnerables, como son los hijos propios o comunes, o incluso respecto de otras personas próximas al entorno familiar, atentando contra su vida e infligiendo a la mujer un daño aún mayor que la pérdida de su propia vida".