El Gobierno amplía el descuento del bono social y limita el recorte a las eléctricas

Sin sorpresas. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros las medidas que adelantó en el Congreso hace unas semanas, concretando su alcance pero manteniendo el espíritu: el alivio del recorte a las eléctricas convalidado por el Congreso, con el objetivo de aliviar a su vez a la industria, y la ampliación del bono social eléctrico para pasar de un descuento del 25% al 60%, en caso de los consumidores vulnerables, y del 40% al 70% en caso de los vulnerables severos. 100 millones de euros serán destinados a esta medida, según anunció el pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Ribera ha defendido el alivio de la minoración del gas a las eléctricas como una aclaración y un ejercicio de transparencia: sin embargo, se trata de una modificación de la medida aprobada a mediados de septiembre. Los contratos bilaterales entre las generadoras y la industria, que suelen establecerse en base a los mercados a largo plazo, no se verán afectadas por el hachazo fiscal a los "beneficios extraordinarios" siempre que se acredite que esos contratos no están indexados al pool y, por tanto, no están disfrutando de la escalada brutal de precios de los próximos meses. El Ejecutivo ha explicado que se verán afectados con esta actuación tanto los contratos anteriores al 16 de septiembre como los nuevos que se firmen a partir de ahora, pero avisa de que no valen trampas: si tienen en cuenta los precios de la subasta, se les aplicará el recorte. 

Así, el Gobierno reduce la presión sobre las eléctricas, que llevan meses lamentando una medida que consideran confiscatoria, y las deja sin argumentos para romper los contratos bilaterales con la industria con la excusa del decreto ley aprobado en septiembre. De la misma manera, las grandes fábricas electrointensivas pueden seguir disfrutando de un precio competitivo, evitando –estima Ribera– las paradas en la producción a las que se ven abocadas algunas instalaciones. 

El Gobierno no ha confirmado si cambiará la estimación de un recorte de 2.600 millones de euros a las eléctricas realizada el mes pasado. "Queremos ser prudentes en el impacto del cálculo. El objetivo más importante es garantizar precios bajos", ha declarado Ribera, que ha lanzado un dardo a las empresas energéticas: ahora tienen que "cumplir su palabra" y mantener los contratos con la industria. 

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Con respecto al bono social, los descuentos pasan del 25% al 60%, en caso de los consumidores vulnerables, y del 40% al 70% en caso de los vulnerables severos. La Comisión Europea ya había pedido que las actuaciones contra la crisis energética se centraran en los usuarios en pobreza energética o en riesgo de caer en ella, y el Ejecutivo recoge el testigo. Además de la protección que ya ofrece el Gobierno con el bono social térmico en cuanto a la calefacción, Ribera ha anunciado un cheque adicional de 90 euros por familia para necesidades derivadas del frío, para calentar los hogares, y que estará disponible en diciembre. 

Además, la ministra Ribera ha anunciado que, a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se actuará sobre el mercado libre, obligando a las comercializadoras a avisar con un mes de antelación de los cambios en el contrato. Las organizaciones de consumidores ya habían advertido que la tarifa regulada no es la única que sufre la escalada de precios: las tarifas sin intervención tienen vía libre para encarecerse una vez el contrato deja de estar en vigor, y la media identificada es de un 30% de subida en los últimos meses. También se ayudará a las pequeñas comercializadoras, que tienen que comprar la electricidad en una subasta marginalista en máximos, pero que sufren para competir con las grandes eléctricas: será a través del Instituto de Crédito Oficial, pero aún no se ha detallado cuál será el mecanismo exacto. 

El decreto ley que se anuncia este martes tendrá que ser convalidado por el Congreso. Fuentes de Unidas Podemos manifiestan sus dudas con respecto a que un alivio a la minoración del gas vaya a obtener el apoyo de la izquierda parlamentaria. Sí lo tendrá del PNV, cercano a los intereses de la industria vasca, que había pedido esta modificación en concreto.