La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tiene despacho oficial en Barcelona, en la sede de la Delegación del Gobierno. Sin duda es una novedad y un golpe de efecto, algo así como la puesta en escena de una nueva etapa en las relaciones entre las instituciones catalanas y el Gobierno de España para abordar a través del diálogo institucional los problemas que se plantean desde Cataluña (aquellas 46 reivindicaciones -referéndum incluido- que Puigdemont entregó a Rajoy en abril pasado).
Después de meses impugnando cada movimiento del procés, recurriendo al Constitucional y hasta a la fiscalía, aparentemente se quiere abrir un tiempo nuevo con una actitud menos beligerante con un mensaje claro: Barcelona (léase Cataluña, la Generalitat, el establishment catalán) ya no tendrá que ir a Madrid, sino que Madrid (léase el Gobierno, la burocracia del Estado, el poder central) por fin se acuerda de Barcelona para despachar. Porque tener despacho no es tener un escritorio y un equipo de secretaría, sino tener agenda política oficial (y oficiosa) y tomar decisiones políticas in situ.
Como es verosímil pensar que la vicepresidenta y ministra de la Presidencia no tenga la intención de abrir despacho propio en las delegaciones del Gobierno de cada una de las otras 16 comunidades autónomas (aunque quizá algunas o todas ellas le reclamen un gesto similar para no sentirse discriminadas) quizá la instalación del despacho de la ministra para las Administraciones Territoriales en el carrer de Mallorca tenga alguna otra lectura menos amable para los secesionistas: hacer visible que el Gobierno de España está físicamente en Cataluña porque el Gobierno, lo quieran o no, gobierna en todo el territorio del Estado; que sentada en su despacho barcelonés, la vicepresidenta está en su casa.
Jesús Pichel Martín es socio de infoLibre
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tiene despacho oficial en Barcelona, en la sede de la Delegación del Gobierno. Sin duda es una novedad y un golpe de efecto, algo así como la puesta en escena de una nueva etapa en las relaciones entre las instituciones catalanas y el Gobierno de España para abordar a través del diálogo institucional los problemas que se plantean desde Cataluña (aquellas 46 reivindicaciones -referéndum incluido- que Puigdemont entregó a Rajoy en abril pasado).