Desde hace ya unos cuantas semanas se está celebrando en Madrid el juicio contra los políticos impulsores del procés catalán. Se trata de un juicio que nació ya con una falta de garantías a los procesados, pues algunos de ellos y ellas continúan en prisión provisional de una manera “ilegal” por el tiempo y por la “presunción de inocencia” que se le debe a cualquier detenido para mantenerlo en prisión.
Este juicio ya nació mal, y lo peor es que lo están convirtiendo en un circo mediático y con formas esperpénticas y absurdas. Porque circo mediático es hablar y argumentar que se les va a condenar por un golpe de Estado, cuando el resto de tribunales europeos sólo ve un posible delito de malversación de fondos. Absurdo es ver que la acusación popular la encabeza Vox, un partido de ultraderecha que no cree ni en las autonomías ni en la libertad de opinar.
Pero lo peor es que no se está juzgando a unos políticos, sino a la libertad de un pueblo a decidir. A decidir quién les gobierna. A decidir qué tipo de gobierno quieren. A decidir libremente y sin actitudes dictatoriales. En pocas palabras, aquí se quiere juzgar por algo que en el caso de Venezuela se está reclamando: elecciones libres y derecho a decidir. Y lo de Venezuela es democrático y aquí es golpe de Estado. Irónico.
Europa sigue este juicio con atención, pero no porque les importe Cataluña ni que el resultado pueda provocar división y más crispación, sino porque en muchos de sus Estados existen también conatos de regiones con la misma necesidad de querer decidir.
A los partidos políticos de derecha, ultraderecha e incluso algunos barones del PSOE, anclados en el siglo pasado, este juicio les viene bien para mantener la crispación y el odio y así rentabilizar el voto electoral. Ya lo han conseguido en las elecciones del 28 de abril y esperan hacer lo mismo en las del 26 de mayo. Lo que está provocando, junto a algunos medios informativos conservadores y determinados tertulianos con sus postulados y argumentos falaces e irracionales, es una catalonofobia que puede ser muy peligrosa y que puede volver como un boomerangcatalonofobiaboomerangcontra ellos mismos, y lo peor, contra la democracia.
Sobre todo porque aún se está celebrando el juicio y ya se habla de golpe de Estado, de rebelión, de condenas y de quitar la autonomía. Y eso incita a la calle y a los catalonofóbicos a decir frases, palabras y acciones irracionales e insensatas que pueden provocar problemas sociales, no sólo en Cataluña, sino también en el resto de España.
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Aún se está en la fase oral y ya se les ha condenado. Y vuelvo a repetir: no se juzga a unos políticos, se juzga a un pueblo, a su derecho a decidir, y con ello se juzga a la libertad que conlleva la democracia. Por tanto, un resultado condenatorio será un ataque a la libertad democrática, aunque algunos políticos, medios informativos y tertulianos lo adornen con que se ha salvado la Constitución. Salvar la Constitución es salvar la democracia y la libertad y para ello hay que respetar que el pueblo pueda decidir. No solo existe democracia, libertad o se respeta la Constitución si se está de acuerdo con los intereses de unos partidos, entes económicos e informativos que solo piensan en lo mismo: en ellos, no en la voluntad del pueblo y su derecho a decidir.
Si queremos solucionar el problema, si es que lo hay, dejemos de mediatizar a la justicia y que esta por fin sea libre y actúe como lo que debe hacer: juzgar hechos y no opiniones. Y ante ello, ni golpe de Estado ni rebelión, sino defensa de lo que el pueblo votó y decidió en unas elecciones libres. Ah, y después del juicio y de la absolución: diálogo y diálogo, esa es la solución. Los juicios por defender las ideas y lo que el pueblo decide libremente no pueden existir y solo las dictaduras lo utilizan para asustar y así mantener el orden que quieren imponer. ____________________
Ximo Estal Lizondo es socio de infoLibre
Desde hace ya unos cuantas semanas se está celebrando en Madrid el juicio contra los políticos impulsores del procés catalán. Se trata de un juicio que nació ya con una falta de garantías a los procesados, pues algunos de ellos y ellas continúan en prisión provisional de una manera “ilegal” por el tiempo y por la “presunción de inocencia” que se le debe a cualquier detenido para mantenerlo en prisión.