El documental La ola verde comienza y termina entre tambores. Los que sonaron en Buenos Aires el 13 de junio de 2018, cuando la ley por la despenalización del aborto llegaba al Parlamento. Los que redoblaron más fuerza cuando ese mismo verano, el 9 de agosto, cuando el Senado tumbó la propuesta con 38 votos contra 31. Los que han vuelto a salir a la calle para relanzar el texto, con energías redobladas, como se demostró en el pañuelazo del pasado 19 de febrero, que reunió a 700 organizaciones y a miles de manifestantes en distintas grandes ciudades argentinas. El movimiento feminista mira esperanzado a 2020: cuenta con el apoyo de las calles pero también con el de la presidencia. El 2 de marzo, Alberto Fernández anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley antes del 12 de este mismo mes. Hata ahora, el aborto está permitido en Argentina solo en casos de violación y en caso de peligro para la vida de la mujer, aunque esto no siempre se cumple. Lo que reclama el movimiento feminista es una ley de plazos como la existente en España.
Pero el documental de Juan Solanas, que ha pasado por Cannes y por San Sebastián antes de llegar a los cines españoles este viernes, se interesa poco en los vaivenes parlamentarios del texto y se centra más en sus promotoras y en las mujeres que deberían haberse beneficiado de una reforma como la que ahora se promueve. Solanas pasó ocho meses recabando testimonios, desde junio a diciembre de 2018, aunque finalmente sus 200 participantes se redujeron, por el bien del metraje, a un par de decenas. Ahí está la historia de Ana María Acevedo: a ella se le diagnosticó un cáncer de mandíbula estando embarazada, pero los médicos le negaron la radioterapia para mantener la vida del feto; ambos murieron. Está la historia de Liliana Herrera: ella murió tras haberse sometido a un aborto clandestino, como le sucedió a su hermana, pocos días antes de que el Senado rechazara la ley. Está la historia de Belén: a ella le acusaron de asesinato después de sufrir un aborto espontáneo, cuando ni siquiera sabía que estaba embarazada; los tribunales dejaron sin efecto esta condena en 2017, cuando Belén ya había pasado dos años en prisión.
Pero, si estos casos han servido para movilizar a la opinión pública y se han convertido en bandera del movimiento por el aborto legal, seguro y gratuito, el documental también registra casos desconocidos. No escasean: desde el regreso a la democracia en 1983, más de 3.000 mujeres han muerto en Argentina por las consecuencias de abortos clandestinos; se estima que en el país, de casi 45 millones de habitantes, se producen entre 350.000 y 500.000 abortos clandestinos al año (sirva como comparación: en España, se dieron casi 96.000 abortos en 2018). Ahí está Ana, militante en un grupo feminista, hablando de la compañera que trató de abortar con perejil, un peligroso remedio casero que también se ha usado históricamente en países como España antes de que se legalizara el aborto. Ana cuenta cómo comenzó a colaborar en grupos feministas después de que una mujer de su ciudad, Humahuaca, muriera tras tratar de practicarse un aborto con una aguja de coser. Florencia recuerda cómo ella misma tuvo que acudir al hospital después de que el aborto clandestino al que se sometió saliera mal, y cómo el personal médico la hizo esperar durante horas en la sala de las enfermeras antes de practicarle un legrado.
Es innegable que La ola verde es una película militante: Solanas resolvió acabarla solo si la ley no pasaba el Senado. "Si hubiésemos tenido una ley votada y aprobada, no hace falta la película", zanja. En ese sentido, el filme tiene también un propósito claro: "acompañar" al movimiento, también internacionalmente, y convencer a quien no esté convencido. Por eso el director no hace una caricatura de quienes se oponen a la despenalización del aborto, y dedica una buena porción del metraje a los conflictos morales y religiosos que suscita en un país que describe como "muy creyente". "Mucha gente me preguntaba en qué estaba trabajando, y veía que les incomodaba que yo estuviera haciendo esto. Me daba cuenta en la respuesta que había mucho desconocimiento del tema, y hablo de gente con la mejor leche del mundo. Yo lo llamo gente en la zona grisen la zona gris, y me parecía que era importante que ahí la película no fuera un panfleto".
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Por eso también aparecen personas católicas que han apoyado y apoyan la despenalización del aborto. Entre ellas destaca Cecilia Ousset, ginecóloga proderechos que se hizo conocida después de publicar un texto en Facebook donde contaba su experiencia profesional: "Muchísimas veces tuve que hacer legrados en el Hospital para terminar abortos clandestinos. Mi récord personal son dieciocho legrados en una guardia. Vi morir mujeres (a veces madres de varios chicos), que pasaron lamentablemente sus últimos minutos lúcidas conmigo y una policía preguntándole quién le había realizado el aborto, porque era un delito. (...) ¡Estoy tan arrepentida de haber tenido mi cerebro y mi alma tan limitada decidiendo quién tenía más o menos moral y quién merecía más o menos mi respeto!".
En febrero de 2019, Ousset y su marido, el cirujano Jorge Gigena, se prestaron voluntarios para practicar una interrupción del embarazo, está sí legal, a una niña de 11 años que había sido violada por su abuelastro. Los médicos, hasta entonces, le habían dado largas y se habían llegado a declarar objetores, aunque la ley protege en esre caso el derecho al aborto. La tardanza y la oposición de las autoridades médicas y políticas provocaron que tuviera que practicársele una cesárea a las 23 semanas de embarazo. En el documental, Ousset critica a los provida o antiderechos, como los llama Solanas, que han hecho suyo el lema Salvemos las dos vidas: "Esto de 'Las dos vidas o ninguna'... yo ahí no veo ninguna relación con la religión. Es un crimen, es violento". La médica fue denunciada, junto a su esposo, y ha terminado siendo imputada por homicidio agravado en un proceso que aún está en marcha. El propio equipo de la película tomó precauciones legales con respecto a las participantes, porque cualquier mujer que confiese haber abortado puede ser denunciada.
El proceso de rodaje fue muy elocuente con respecto a la disputa política que vive el país. Mientras algunas participantes lo hicieron sin reparo, otras anularon hasta tres veces la entrevista antes de decidirse a hacerla. "Es un tema muy complejo, hay gente que habla y su familia ni siquiera sabe que pasaron por esto", cuenta Solanas. "Y tenés personas para las que fue todo tan doloroso que no quieren hablar del tema". Tampoco fue sencillo rodar en algunas provincias que se declararon provida, cuenta, ni en las clínicas que sirven como planos recurso. Ahora, con el "moderado optimismo" que dice tener el director —menciona en varios momentos la importancia del apoyo del Gobierno—, las cosas se ven algo menos oscuras. También para Latinoamérica, donde el 90% de las mujeres viven en países que lo restringen —entre los que no, Cuba, Uruguay y la Guyana Francesa—: "En Argentina estamos a nada,y si logra la ley, eso es como un dique que se rompe en Latinoamérica y que va a ser difícil de parar. Va a ser una batalla fuerte, los obispos ya se están preparando". Al fondo, en el futuro, el color verde de los pañuelos que exhiben las proderecho en las manifestaciones.
El documental La ola verde comienza y termina entre tambores. Los que sonaron en Buenos Aires el 13 de junio de 2018, cuando la ley por la despenalización del aborto llegaba al Parlamento. Los que redoblaron más fuerza cuando ese mismo verano, el 9 de agosto, cuando el Senado tumbó la propuesta con 38 votos contra 31. Los que han vuelto a salir a la calle para relanzar el texto, con energías redobladas, como se demostró en el pañuelazo del pasado 19 de febrero, que reunió a 700 organizaciones y a miles de manifestantes en distintas grandes ciudades argentinas. El movimiento feminista mira esperanzado a 2020: cuenta con el apoyo de las calles pero también con el de la presidencia. El 2 de marzo, Alberto Fernández anunció la presentación de un nuevo proyecto de ley antes del 12 de este mismo mes. Hata ahora, el aborto está permitido en Argentina solo en casos de violación y en caso de peligro para la vida de la mujer, aunque esto no siempre se cumple. Lo que reclama el movimiento feminista es una ley de plazos como la existente en España.