Al borde de la intervención, la Sociedad General de Autores y Editores ha respondido al requerimiento del Ministerio de Cultura. Cinco meses después de que el área de José Guirao reclamara a la entidad de derechos de autor que modificara tres puntos clave de su funcionamiento, amenazando con intervenir la entidad si no se hacía, la dirección de José Ángel Hevia hace propósito de enmienda. En un comunicado hecho público este viernes, la SGAE anuncia que ha enviado "esta semana" unas alegaciones al Ministerio en las que se compromete a modificar esos tres aspectos de su funcionamiento: la adecuación de los Estatutos a la normativa española y europea, la implantación del voto electrónico y la modificación del sistema de reparto.
Lo hace cuando está a punto de cumplirse el plazo avanzado por Guirao para la intervención: según una reciente comparecencia del ministro, el proceso judicial se iniciaría esta semana o la siguiente. Lo hace, también, al día siguiente de que el Ministerio paralizara los pagos de adelantos a sus socios que la entidad tenía previsto hacer. "En virtud de ese triple compromiso", la SGAE solicita "el archivo del expediente de apercibimiento iniciado el pasado 27 de septiembre de 2018". La entidad se compromete también a retirar el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto contra el apercibimiento, algo que no fue bien visto en su día por el equipo de Guirao. Cultura ha declinado pronunciarse sobre la propuesta de la SGAE, pero el clima en el Ministerio es de escepticismo ante este movimiento in extremis.
La SGAE asegura en el comunicado enviado a la prensa que muestra "la firme voluntad" de adaptarse a lo solicitado por Cultura. El Ministerio había reclamado el ajuste de los Estatutos a la normativa europea y la Ley de Propiedad Intelectual, pero la Asamblea de la entidad —convocada para el 27 de diciembre, justo cuando se agotaba el plazo de tres meses brindado por el Gobierno— tumbó la modificación. Ahora la dirección de Hevia propone "aplicar directamente la Directiva Europea y la LPI, sin la intermediación de los Estatutos". No dice el documento cómo se hará esto sin modificar la normativa de la entidad, o por qué no se ha hecho antes, pero anuncia que "presentará un informe sobre el método y plazos" para esta "aplicación directa". La SGAE manifiesta también su intención de volver a plantear en "un tiempo prudencial" una nueva reforma de los Estatutos.
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Con respecto al voto electrónico que el Ministerio pedía implantar, la SGAE asegura este viernes que "procederá a realizar los desarrollos reglamentarios que permitan que en el futuro los procedimientos electorales contemplen dicha modalidad de sufragio". La dirección aprovecha, sin embargo, para defender a la actual Junta Directiva "elegida legítimamente" siguiendo la normativa anterior, y por lo tanto sin que se hubiera implantado el voto electrónico: "desde un punto de vista jurídico, este proceso es absolutamente irreprochable", defienden.
Sobre la modificación del reparto de derechos, la SGAE defiende que la Asamblea de diciembre "aprobó la adaptación de las normas de reparto a la futura Ley de Propiedad Intelectual", esto es, que limitaba al 20% la recaudación por la música emitida en televisión durante la franja nocturna. Esta medida introducida por el Congreso buscaba combatir a la ruedala rueda, el supuesto fraude por el que autores y televisiones se conchababan para que los primeros ingresaran irregularmente unos ingresos muy altos por su participación en estos programas. Estos autores habrían cedido previamente los derechos de sus obras a empresas editoriales propiedad de las televisiones, por las que estas reingresaban, como en una rueda, parte de lo abonado.
Sin embargo, la dirección se desmarca con respecto al reparto de 2018: las editoriales de Atresmedia y Mediaset denunciaron ese reparto, los juzgados le dieron la razón y lo anularon, y la SGAE recurrió la sentencia a finales de enero. La SGAE, dice en el comunicado, "está sometida a lo que dicten los tribunales de justicia, puesto que se ha producido una decisión de un Juzgado, pendiente de un eventual recurso de apelación". Ese mismo reparto de diciembre, ya realizado, tampoco fue refrendado por los socios, que votaron en contra (un 53,2%) en la asamblea. Estos fueron, de hecho, los motivos esgrimidos por Cultura para paralizar el pago de los anticipos sobre esta recaudación que SGAE pensaba realizar, como hace mensualmente: el Ministerio temía que unos anticipos concedidos en estas circunstancias "pudieran posteriormente aumentar los desajustes o desacuerdos entre las partes e, incluso, comprometer el resultado final de los repartos".
Al borde de la intervención, la Sociedad General de Autores y Editores ha respondido al requerimiento del Ministerio de Cultura. Cinco meses después de que el área de José Guirao reclamara a la entidad de derechos de autor que modificara tres puntos clave de su funcionamiento, amenazando con intervenir la entidad si no se hacía, la dirección de José Ángel Hevia hace propósito de enmienda. En un comunicado hecho público este viernes, la SGAE anuncia que ha enviado "esta semana" unas alegaciones al Ministerio en las que se compromete a modificar esos tres aspectos de su funcionamiento: la adecuación de los Estatutos a la normativa española y europea, la implantación del voto electrónico y la modificación del sistema de reparto.