El 39,5% del salario de los trabajadores españoles se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social en 2016, frente al 36% de la media de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), según el informe Taxing Wages 2017 publicado por esta organización.
Mientras que en la OCDE la carga fiscal sobre los salarios se redujo 0,07 puntos porcentuales respecto a 2015, en España aumentó 0,09 puntos debido al aumento del impuesto sobre la renta. Así, el IRPF pesó un 11,6% sobre el salario –frente al 13,4% de la media de la OCDE–, las cotizaciones sociales pagadas por las empresas supusieron el 23% –14,4% en el conjunto de la OCDE– y las abonadas por los trabajadores, un 4,9%.
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Así, España se coloca en el décimo quinto puesto de los países con mayor cuña fiscal de la OCDE, en una clasificación encabezado por Bélgica, donde a los trabajadores se les retiene el 54% de su salario. Los belgas son los únicos que deben transferir a la Administración y la Seguridad Social una suma mayor de su salario de la que ellos reciben en neto.
Por detrás de Bélgica, los países con mayor diferencia entre salario bruto y neto son Alemania, donde se retiene el 49,4%, Hungría (48,2%), Francia (48,1%), Italia (47,8%) y Austria (47,1%). También por delante de España se encuentran Finlandia (43,8%), República Checa (43%), Suecia (42,8%), Eslovenia (42,7%), Letonia (42,6%), Eslovaquia (41,5%), Portugal (41,5%) y Grecia (40,2%).
Entre el 30% y el 40%, se sitúan Estonia (38,9%), Luxemburgo (38,4%), Turquía (38,1%), Países Bajos (37,5%), Dinamarca (36,5%), Noruega (36,2%), Polonia (35,8%), Islandia (34%), Japón (32,4%), Estados Unidos (31,7%), Canadá (31,4%) y Reino Unido (30,8%). Por último, los países de la OCDE con cuñas fiscales más bajas son Chile (7%), Nueva Zelanda (17,9%), México (20,1%), Suiza (21,8%), Israel (22,1%), Corea del Sur (22,2%), Irlanda (27,1%) y Australia (28,6%).
El 39,5% del salario de los trabajadores españoles se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la seguridad social en 2016, frente al 36% de la media de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), según el informe Taxing Wages 2017 publicado por esta organización.