Los retrasos en la tramitación de los expedientes en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que en algunas provincias superan ampliamente el año, han llegado al Defensor del Pueblo y a los jueces. Pese a que el Ministerio de Empleo lleva desde septiembre enviando a la empresa pública Tragsatec decenas de miles de documentos para que administrativos contratados por esa empresa pública los gestionen, los afectados no han notado aún mejoría alguna. De hecho el pasado día 1 terminaron sus contratos los 130 interinos que fueron incorporados este año para ayudar a los 400 funcionarios que el Fogasa tiene repartidos por toda España. La oficina del Defensor del Pueblo explica que son “numerosas” las quejas de trabajadores que les han llegado los dos últimos años y que en el informe que presentará en el Congreso el próximo febrero hará públicas las conclusiones de la investigación que ha llevado a cabo.
Porque la institución abrió este año una actuación de oficio ante la “inaceptable situación en que se encuentra el Fogasa”. Así se lo comunica el Defensor del Pueblo a uno de los afectados por el atasco de expedientes. En la carta, el organismo que preside Soledad Becerril recuerda que las prestaciones abonadas por el Fogasa “pueden incluso ser el apoyo económico que evite que [los afectados] lleguen al umbral de la pobreza y al riesgo de exclusión social”. Y reclama al Fondo con la “mayor urgencia” medidas efectivas para solventar la “insuficiente dotación de personal” de sus oficinas, así como “la inadecuada gestión de los expedientes”. También cita a las unidades de Madrid y Valencia como dos de las que más retraso acumulan.
El Fogasa abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas. Y, hasta el pasado día 1, pagaba en aquéllas con menos de 25 de trabajadores hasta ocho de los 20 días por año trabajado fijados para los despidos objetivos.
Reconoce que necesita personal
A requerimiento del Defensor, el Fogasa le remitió un “pormenorizado informe” sobre los problemas que sufre, según revela la carta. En ese documento, el Ministerio de Empleo reconoce que el organismo padece “un problema estructural de escasez de personal” y que, por tanto, precisa de un “redimensionamiento de la plantilla con carácter estructural y estable”. También admite que el número de solicitudes de prestaciones se ha “cuadriplicado” desde 2008 por culpa de la crisis, mientras que, por el contrario, “la plantilla se ha mantenido estable”. Al tiempo, atribuye parte de la responsabilidad a la “inadecuada gestión de algunas unidades provinciales”, que mantienen “procedimientos ineficaces” para afrontar la avalancha de expedientes.
El Fogasa le explica al Defensor la puesta en marcha de un plan de viabilidad “como solución temporal y transitoria”, un “plan de choque” que debería acabar con el atasco de expedientes “en un plazo inferior a un año”. Se refiere el organismo a la encomienda de gestión a Tragsatec, que comenzó a ocuparse de las solicitudes el pasado octubre.
Además, el Fogasa dice estar “ultimando” un nuevo “manual de procedimiento de gestión de solicitudes”, que debería haberse implantado el pasado noviembre.
En su informe anual de 2012, el Defensor ya se ocupó del bloqueo en el Fondo, pero entonces se limitó a reproducir la respuesta que Empleo le dio entonces a su solicitud de información y a prometer un "atento seguimiento" a la labor del organismo.
Blogs y web oficial
La carta remitida por el Defensor del Pueblo ha sido publicada en uno de los blogs (Hablemos de todo un poco) que en los últimos meses han abierto los afectados. En ellos (también Tiempo de espera), los trabajadores tratan de suplir la falta de información oficial sobre sus expedientes, compartiendo en qué fase se encuentra su tramitación, cuánto se tarda en cobrar dependiendo de la provincia, si hay alguna manera de agilizar el proceso… Cuando un expediente sale del Fogasa y cae en manos de Tragsatec, se quejan, resulta imposible obtener información sobre su estado. Los funcionarios la desconocen y la empresa pública la niega y remite de nuevo al Fogasa.
En su página web, el Fondo ha colgado un texto donde se limita a explicar que los expedientes presentados antes del 1 de octubre en 22 provincias recibirán un “tratamiento preferente”, “directo y más rápido” en una “empresa pública estatal” cuyo nombre no menciona. Su relación con ella, destaca, “es de carácter interno, dependiente y subordinado”. Promete que el tiempo de trámite de estos expedientes será “sustancialmente menor del que habría empleado la unidad provincial” del Fogasa en la que el trabajador presentó su solicitud.
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Sentencias
Pero, al menos de momento y según denuncian los sindicatos, está ocurriendo lo contrario. Al ponerse a cero el contador en algunas oficinas provinciales, éstas dan respuesta con mayor rapidez a las solicitudes presentadas en fechas más recientes, mientras que las más antiguas continúan esperando. Según la Ley de Procedimiento Administrativo, el Fogasa debe responder en un plazo de tres meses. De hecho, dos recientes sentencias de juzgados de Granollers y Valencia, y otra del Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenan al Fondo de Garantía Salarial por haber tardado más. La ley también obliga al organismo a despachar “asuntos de igual naturaleza por orden de entrada” y a resolverlos “cuando por turno corresponda”, como le recuerda el Defensor del Pueblo en la carta antes citada.
Según las cifras del organismo, en noviembre un trabajador tardaba 138 días de media en cobrar los sueldos o la indemnización que había solicitado, 20 días menos que 12 meses antes. Pero se trata de una media nacional que disfraza el atasco en las oficinas más colapsadas. Así, en Barcelona el retraso es de 367 días, 90 más que el año pasado. El mayor lo sufre Las Palmas, con 425 días. En Valencia, una de las provincias con mayor bloqueo, el pasado mes de octubre ascendía a 423 días la espera media. Sólo un mes después, se supone que tras el viaje a Madrid de miles de sus expedientes, la cifra ha caído a 254 días. Y es en Valencia donde los juzgados han empezado a recibir denuncias de trabajadores perjudicados por el atasco. En Barcelona, según los blogs de afectados, han comenzado a caer también.
Los retrasos en la tramitación de los expedientes en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que en algunas provincias superan ampliamente el año, han llegado al Defensor del Pueblo y a los jueces. Pese a que el Ministerio de Empleo lleva desde septiembre enviando a la empresa pública Tragsatec decenas de miles de documentos para que administrativos contratados por esa empresa pública los gestionen, los afectados no han notado aún mejoría alguna. De hecho el pasado día 1 terminaron sus contratos los 130 interinos que fueron incorporados este año para ayudar a los 400 funcionarios que el Fogasa tiene repartidos por toda España. La oficina del Defensor del Pueblo explica que son “numerosas” las quejas de trabajadores que les han llegado los dos últimos años y que en el informe que presentará en el Congreso el próximo febrero hará públicas las conclusiones de la investigación que ha llevado a cabo.