La Audiencia Nacional ha declarado nulo el convenio colectivo de la empresa Marsegur, a la que el Ministerio de Defensa adjudicó el acuerdo marco para el servicio de vigilancia de sus instalaciones en toda España, un macrocontrato de 16 millones de euros. Es la segunda vez que la Sala de lo Social de la Audiencia anula el convenio de esta empresa, denunciada en repetidas ocasiones por aplicar condiciones laborales low cost a sus trabajadores. También lo hizo con el anterior convenio colectivo el año pasado. Como el tribunal entiende que Marsegur es “reincidente” en el “contumaz incumplimiento” de la ley y repite en este segundo convenio las mismas irregularidades que en el primero, reprocha a la empresa su “mala fe y temeridad” y la condena a pagar una sanción de 6.000 euros y los honorarios de los abogados de la parte contraria.
El convenio colectivo de Marsegur fue denunciado en la Audiencia Nacional por el Ministerio de Empleo, puesto que, a su juicio, no había sido negociado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Estatuto de los Trabajadores. De hecho, advertía el departamento de Fátima Báñez en su demanda, había sido negociado sólo por cuatro delegados de personal que no representaban a los 450 trabajadores de los múltiples centros de trabajo que la empresa tiene repartidos por España, ni a la mayoría absoluta de los miembros del comité de empresa.
Marsegur cuenta con 304 trabajadores en Madrid, 30 en Barcelona, 96 en Las Palmas y 20 en Santa Cruz de Tenerife. Los cuatro negociadores del convenio pertenecían a la Central Sindical Obrera Independiente (COI) y Sindicato de Trabajadores Unidos (STU) y únicamente a un centro de trabajo de Barcelona con cuatro empleados y a otros tres de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
La sentencia, dictada el pasado día 5, da la razón a Empleo y declara probada la ilegalidad de pretender aplicar el convenio, negociado sólo por cuatro representantes de cuatro centros de trabajo, a todos los centros y a todos los empleados de la empresa, lo que supone un “claro quebranto” del llamado principio de correspondenciaprincipio de correspondencia. Es decir, de “la necesaria congruencia entre el ámbito de representación de los trabajadores y el ámbito de eficacia del convenio”. Exactamente el mismo motivo por que la Audiencia Nacional anuló el anterior convenio colectivo de Marsegur.
El tribunal advierte que los representantes de CSOI y STU, aun ostentando el 40% de la representación en los órganos unitarios –los delegados de personal–, carecen de la “legitimación necesaria” para promover la negociación necesaria por cuanto la ley exige que tengan la mayoría de los miembros del comité para hacerlo.
La sentencia que anuló el primer convenio de Marsegur se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo, pero la Audiencia Nacional recuerda que es “inmediatamente ejecutiva” pese a no ser firme. Es decir, la empresa no puede aplicar el convenio anulado a sus trabajadores mientras se tramita el recurso.
Plus de nocturnidad de seis céntimos la hora
Marsegur es una de las empresas ligadas al empresario canario Miguel Ángel Ramírez, al igual que Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Seguridad Integral Canaria. Todas ellas llevan años en el punto de mira de los sindicatos, y de los tribunales, por sus dudosas condiciones laborales. El Supremo anuló el descuelgue salarial en Seguridad Integral Canaria, el buque insignia de Ramírez, con el que pretendía recortar los sueldos en unos 300 euros al mes a sus vigilantes. El tribunal dictaminó que la medida había sido negociada de forma ilegal: pactándola sólo con un sindicato independiente integrado por mandos intermedios de la empresa.
Es el mismo sistema que el empresario canario ha utilizado para negociar los convenios de Sinergias y Marsegur. Así se garantizaba convenios “a la carta”, ciertamente poco usuales: con 10 años de duración, de los que cinco son de congelación salarial en el caso de Sinergias, y tres en el de Marsegur.
El de Sinergias –también impugnado– fijaba un salario base de sólo 660 euros mensuales brutos, poco más que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un 27% inferior al establecido en el convenio del sector. Además, sólo paga de plus de nocturnidad seis céntimos la hora, 18 veces menos que las empresas acogidas al convenio estatal. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.
Las condiciones de Marsegur son sólo un poco mejores: el sueldo base alcanza los 726 euros mensuales y el tope bruto anual, los 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.
Patronal propia
Como paga sueldos por debajo de convenio, Miguel Ángel Ramírez fue expulsado de la patronal del sector, que le acusa de practicar dumping social, competencia desleal. A continuación, creó la suya propia, Acosepri, integrada únicamente por sus empresas: Seguridad Integral Canaria, Power SIC, Marsegur y Sinergias.
Power SIC pertenece a Ralons, al grupo de servicios de Miguel Ángel Ramírez. En Sinergias figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.
El empresario canario utilizó esta patronal para recurrir un concurso del Ayuntamiento de Madrid que aplicaba cláusulas sociales –el respeto al convenio colectivo del sector– para adjudicar un contrato de servicios de vigilancia. Alegó que esos requisitos “infringen la libertad de negociación colectiva, perjudican a empresas con convenios propios y comprometen el futuro de la empresa”.
SIC no ha pagado la última nómina y la liquidación
Se da la circunstancia de que, en el servicio de vigilancia que Defensa acaba de adjudicar a Marsegur, esta empresa sucede a la firma de cabecera de Ramírez, Seguridad Integral Canaria. Según han denunciado a infoLibre trabajadores afectados, ni han cobrado la nómina de abril ni la liquidación.
En 2016 Sinergias y Marsegur consiguieron concursos por valor de 22,12 millones de euros, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. En esa cifra no se incluyen los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. De los 22,12 millones de euros citados, 16 millones corresponden al macrocontrato para vigilar las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España, que fue adjudicado el pasado 30 de diciembre.
Descontado ese concurso, la mitad de las adjudicaciones conseguidas por estas empresas llevan la firma del Ministerio de Empleo. Casi tres millones de euros.
Indulto, grabaciones y fraude a la Seguridad Social
El juez condena a la empresa 'low cost' contratada por Defensa a pagar a un vigilante el sueldo del convenio estatal
El empresario canario, donante del PP y con buenas relaciones con el exministro de Industria, el también canario José Manuel Soria, saltó a las portadas de los periódicos nacionales cuando fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy después de que el Tribunal Supremo lo condenara a tres años de cárcel por un delito urbanístico.
Además, Ramírez es el empresario a quien investigó por fraude fiscal y a la Seguridad Social la exjueza Victoria Rosell, que se presentó a diputada en las listas de Podemos. Y quien grabó sus conversaciones con el juez que la sustituyó, Salvador Alba.
Los jueces investigan si el empresario canario paga a sus vigilantes jurados las horas extraordinarias como si fueran dietas. De esa forma, evita tributar a Hacienda y cotizar a la Seguridad Social. Las dietas no sólo están exentas de pago por ambos conceptos, sino que también son deducibles en el impuesto de sociedades. Así, el fraude puede ascender a 13 millones de euros desde 2008 hasta 2013 sólo en lo que a la Seguridad Social se refiere. El sindicato USO eleva la cifra hasta los 40 millones.
La Audiencia Nacional ha declarado nulo el convenio colectivo de la empresa Marsegur, a la que el Ministerio de Defensa adjudicó el acuerdo marco para el servicio de vigilancia de sus instalaciones en toda España, un macrocontrato de 16 millones de euros. Es la segunda vez que la Sala de lo Social de la Audiencia anula el convenio de esta empresa, denunciada en repetidas ocasiones por aplicar condiciones laborales low cost a sus trabajadores. También lo hizo con el anterior convenio colectivo el año pasado. Como el tribunal entiende que Marsegur es “reincidente” en el “contumaz incumplimiento” de la ley y repite en este segundo convenio las mismas irregularidades que en el primero, reprocha a la empresa su “mala fe y temeridad” y la condena a pagar una sanción de 6.000 euros y los honorarios de los abogados de la parte contraria.