La banca acreedora de Castor —Banco Santander, Caixabank y Bankia— están en conversaciones para ver "cuál es el mejor camino" para recuperar la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.
Fuentes financieras indicaron a Europa Press que aún no hay una decisión tomada al respecto sobre la vía que adoptarán y que "siguen trabando" en ello, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya decidido tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de diciembre paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.
La deuda por Castor, que ascendió a esos 1.350 millones de euros que se abonó a la empresa promotora, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. De estos 1.350 millones de euros de deuda titulizada por Enagás, Santander asumió 700 millones de euros, Caixabank un total de 450 millones de euros y Bankia los 200 millones de euros restantes.
De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales durante ese periodo de 30 años.
Una "enorme litigiosidad"
En comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, vaticinó este miércoles una "enorme litigiosidad" entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Constitucional.
A este respecto, Nadal señaló que el ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como ha hecho en la liquidación correspondiente a noviembre.
"Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que vaya a aplicar la sentencia", dijo. Posteriormente, en declaraciones a la prensa tras la comparecencia, Nadal precisó que, como consecuencia de la sentencia del Constitucional, "ahora mismo ese coste no se está pagando".
Situación de impago
Por ello, consideró que al tratarse de "una situación de impago" es previsible que "la gente acuda a los tribunales". "Sería la primera vez si no ocurre así. Lo lógico es que los actores aquí implicados intente unos a otros hacerse responsables", añadió al respecto.
Asimismo, Nadal puntualizó que la competencia "para pagar" no es del Gobierno, sino de la CNMC, que es quien hace la liquidación del sistema, "y lo que está aplicando es decir que no se hagan los pagos por Castor".
El pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró "nulos e inconstitucionales" algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS.
En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un real decreto de urgencia.
En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.
La banca acreedora de Castor —Banco Santander, Caixabank y Bankia— están en conversaciones para ver "cuál es el mejor camino" para recuperar la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS.