La Comisión Europea ha pedido este miércoles cerrar el expediente abierto a España en 2009 por déficit excesivo, tras haber reducido el desvío de las administraciones públicas el año pasado hasta el 2,5% del PIB desde el 11% registrado hace diez años, pero también ha recomendado al Gobierno de Pedro Sánchez aprobar ajustes estructurales por valor de 7.800 millones en 2020.
Aunque la decisión todavía debe ser confirmada por los ministros de Economía y Finanzas, España pone fin a una década bajo el brazo corrector corrector del Ejecutivo comunitario, que ha marcado la política presupuestaria de tres gobiernos distintos: primero el de José Luis Rodríguez Zapatero, después el de Mariano Rajoy y finalmente el de Pedro Sánchez.
Bruselas abrió este expediente a España el 18 de febrero de 2009 –tras haber registrado un desfase presupuestario el año anterior del 4,4%– y propone ahora cerrarlo tras haber concedido a España cuatro prórrogas.
El primer plazo exigía a España reducir su déficit público por debajo del 3% como muy tarde en 2012, pero el Gobierno de Zapatero solicitó un año más de prórroga pocos meses después de la apertura del procedimiento. Ya con Rajoy en la Moncloa, la UE concedió otra prórroga hasta 2014, después una nueva de dos años, hasta 2016, y finalmente una última hasta 2018.
Tanto el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, han felicitado a España por salir del procedimiento, pero ambos han recordado la necesidad de que el país siga persiguiendo unas finanzas públicas "sólidas" en los próximos años.
"La lógica del Pacto es que España y otros países deben seguir políticas presupuestarias sólidas, precisamente para evitar problemas en el futuro", ha destacado el letón. "Marca el fin de un camino largo y difícil no solamente para España, sino para toda la UE y la eurozona", ha expresado Moscovici, quien ha recordado que con el cierre del expediente a España ya no habrá ningún país con un procedimiento abierto por déficit excesivo.
Ajustes estructurales
Las cuentas españolas pasan ahora a estar controladas en el llamado brazo preventivo, en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.
En este contexto, el informe de recomendaciones advierte al Gobierno español de que "existe un riesgo de desviación significativa con respecto al ajuste presupuestario requerido en 2020" si no se producen "cambios en las políticas fiscales". Por ello, reclama a las autoridades españolas 7.800 millones en ajustes, bien mediante recortes del gasto o bien aumentando los ingresos.
"Un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB, que corresponde a un índice de crecimiento máximo del gasto público primario neto del 0,9 %, parece adecuado", destaca el texto. El Ejecutivo comunitario también pedía el mismo esfuerzo estructural para este año.
Bruselas remarca además que España incumplirá los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en materia de deuda tanto este año como en 2020, por lo que insta a adoptar "las medidas necesarias". "La utilización de los ingresos extraordinarios que puedan obtenerse para continuar reduciendo la ratio de deuda de las Administraciones Públicas sería importante", subraya el informe.
Dentro del mismo punto, las autoridades comunitarias piden a España medidas para "fortalecer los marcos presupuestarios y de contratación pública", preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones y destinar ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la deuda pública.
Más contratos indefinidos
En materia laboral, Bruselas pide al Gobierno que favorezca una transición hacia contratos indefinidos y, en particular, a través de una simplificación de los incentivos a la contratación. Además, aboga por garantizar que los servicios sociales y de empleo sean capaces de proporcionar una apoyo "efectivo".
En la misma línea, el informe de recomendaciones para España recomienda mejorar el apoyo a las familias y resolver las "deficiencias" en la cobertura del sistema nacional de asistencia al desempleo y en los regímenes autonómicos de renta mínima.
También pide medidas para atajar el abandono escolar prematuro y para mejorar los resultados educativos. En este ámbito, Bruselas añade que es necesario incrementar la cooperación entre el sector educativo y el empresarial para "mejorar las capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral", con atención especial en el ámbito de las TIC.
Además, la Comisión Europea afirma que España debe centrar su política de inversiones en el fomento de la innovación, la eficiencia energética, la mejora de las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías y la ampliación de las interconexiones energéticas con el resto del bloque comunitario. En general, el informe insta a mejorar la eficacia de las políticas de apoyo la investigación y la innovación.
Por último, el Ejecutivo comunitario pide avanzar en la aplicación de la ley de garantía de unidad de mercado, una petición de las autoridades comunitarias que se repite desde 2015.
Procedimiento para sancionar a Italia
La Comisión Europea ha activado además este miércoles el procedimiento para sancionar a Italia por no haber adoptado medidas suficientes para reducir su deuda pública, que supera el 130% del PIB y seguirá creciendo en los próximos años, en un paso que abre la puerta a una multa equivalente al 0,2% de su PIB, unos 3.500 millones de euros.
Aunque Bruselas también ha aprobado informes similares sobre Bélgica, Francia y Chipre, el Ejecutivo comunitario pone el acento en el caso italiano y señala que está "justificado" abrir un expediente a Roma por su excesiva deuda pública.
Es la segunda vez en los últimos meses que las autoridades comunitarias denuncian la incapacidad del Gobierno italiano para reducir el endeudamiento del Estado. En la anterior ocasión, a finales de 2018, Bruselas canceló el procedimiento después de que Roma cediese y enmendase su presupuesto para este año para adecuarlo a las reglas fiscales europeas.
Ahora, la Comisión Europea pide reabrir el expediente al entender que Italia ha relajado sus esfuerzos presupuestarios. La deuda pública cerró el año pasado en el 132,2% del PIB y crecerá hasta el 133,7% este año y al 135,2% en 2020 en un contexto de crecimiento económico débil, según las últimas previsiones de la institución comunitaria. El vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro, Valdis Dombrovskis, ha recordado que el paso dado por Bruselas no supone la apertura del expediente, ya que antes debe ser confirmado antes por los Estados miembros, pero ha advertido de que "es mucho más que únicamente un procedimiento".
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"Cuando miramos la economía italiana, estamos viendo el daño que están haciendo las recientes decisiones políticas", ha señalado el letón, quien más tarde ha avisado de que "lo que le pasa a un país de la eurozona le afecta a todos los demás". Dombrovskis ha enfatizado que el nivel actual de deuda pública italiana representa una carga media de 38.400 euros para cada ciudadano, a los que hay que añadir 1.000 euros por habitante por los costes de los servicios de deuda.
Además, el informe aprobado este miércoles advierte de que una deuda pública tan elevada "expone al país a problemas de confianza de los mercados", lo que supone un impacto en los tipos de interés y en los costes de financiación de la economía real.
Los países de la Unión Europea disponen ahora de un plazo de 15 meses para emitir un dictamen en el que dirán si comparten o no las conclusiones de la Comisión Europea. En caso afirmativo, Bruselas, en última instancia, podría proponer una multa equivalente al 0,2% del PIB si persiste el incumplimiento. Sería, no obstante, la primera vez que el Ejecutivo comunitario impone una sanción a un país de la eurozona por incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. España y Portugal estuvieron cerca de ser multados en el verano de 2016, pero finalmente quedó cancelada.
La Comisión Europea ha pedido este miércoles cerrar el expediente abierto a España en 2009 por déficit excesivo, tras haber reducido el desvío de las administraciones públicas el año pasado hasta el 2,5% del PIB desde el 11% registrado hace diez años, pero también ha recomendado al Gobierno de Pedro Sánchez aprobar ajustes estructurales por valor de 7.800 millones en 2020.