El Gobierno quiere convocar elecciones entre los agricultores y ganaderos españoles sin campaña ni control de gastos electorales. Al menos no hay mención a ninguno de estos dos asuntos básicos en el proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y que no gusta a las tres principales organizaciones del sector.
Aunque el texto que finalmente ha recibido el Congreso de los Diputados para su tramitación ha modificado algunos de los puntos más controvertidos –y peculiares– del borrador, no ha suscitado el aplauso ni de Asaja, ni de UPA ni de COAG, las tres organizaciones con representación en el Comité Asesor Agrario. Sólo la Unión de Uniones, una escisión de COAG, ve con buenos ojos el nuevo tipo de elecciones, aunque también pide “mejoras” durante su tramitación parlamentaria. Según la memoria económica del proyecto, la consulta costará al Ministerio de Agricultura casi un millón de euros, y convocará a entre 373.000 y 568.000 electores, casi el doble de los que actualmente componen el censo agrario –272.000 afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social–.
La idea inicial del ministro Miguel Arias Cañete era, cuanto menos curiosa: quería poner una sola mesa por provincia, ubicada en la Delegación del Gobierno. La urna estaría abierta durante 15 días –se precintaría cada noche y desprecintaría por la mañana–. El proyecto habla ahora de una mesa por comarca, con un máximo de 1.400 electores por mesa. Como la memoria económica utiliza para sus cálculos una estimación de 420.000 electores en toda España, el número de mesas sería, por tanto, de 300.
No obstante, todas las organizaciones agrarias reclaman que se aumente el número de mesas, por los menos una por municipio o incluso una por cada 50 o 60 electores. Lo contrario, asegura el secretario general de COAG, Miguel Blanco, limitará la participación de los agricultores, repartidos de forma muy dispersa por el territorio.
Lo que no ha cambiado es uno de los puntos más polémicos del borrador: la ampliación del censo a quienes aleguen rentas procedentes de actividades agrarias por un mínimo del 25% de sus ingresos y a quienes reciban un mínimo de 3.000 euros de subvenciones europeas. También podrán votar personas jurídicas, es decir, sociedades mercantiles “cuyo objeto social único y exclusivo sea la actividad agraria” y acrediten una facturación mínima de 10.000 euros.
COAG y UPA critican que se convierta a perceptores de ayudas europeas y a empresas en electores. Según Miguel Blanco, 300.000 de los 900.000 receptores de subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) las ingresan “por derechos históricos” pero no tienen actividad agrícola real, no están obligados a producir. En teoría, estos perceptores de ayudas podrán votar si éstas superan los 3.000 euros.
¿Consulta o elecciones?
En la exposición de motivos del proyecto de ley, Agricultura asegura que su intención es ejecutar un “cambio de modelo”. Recalca que es una “consulta”, “no se trata de un proceso electoral, ni es directamente aplicable la normativa electoral”, a diferencia del sistema en vigor hasta ahora, que queda derogado. Eso sí, resulta que se utilizará la Ley D'Hondt para contar los votos y establecer la representatividad de las organizaciones agrarias. Y el ministerio asegura que en la consulta se adoptarán “garantías similares a las obligatorias en las elecciones generales”.
“Si los resultados de la votación son los mismos que los de un proceso electoral, es decir, se mide la representatividad de las organizaciones agrarias, se cubren los puestos del órgano de representación [el Consejo Agrario] y sirven para modular las subvenciones y repartir el patrimonio sindical, son unas elecciones, no una consulta”, resume el responsable de COAG. “Si miden la representatividad, son unas elecciones en potencia”, corrobora el coordinador de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras.
El problema básico que COAG y UPA, las más críticas, encuentran en el proyecto de ley es precisamente que se ha optado por la consulta para “sortear las garantías democráticas” de la Ley General Electoral. “Ni se menciona si habrá campaña electoral, ni cuántos días va a durar, tampoco se establecen mecanismos para vigilar los gastos electorales ni se permite a las organizaciones participar en la junta electoral”, se queja Marcos Alarcón, secretario de Organización de UPA. En el reproche coincide el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien pide que durante la tramitación parlamentaria se corrijan otros “matices importantes”, como el voto por correo o la utilización del censo, “insuficientemente regulados” según todas las organizaciones. “Podría haber pucherazo”, advierte Miguel Blanco.
“Debilitar” a las organizaciones agrarias
Las organizaciones, según los votos que reciban, se repartirán los 10 puestos del nuevo Consejo Agrario, que al igual que su antecesor –el Comité Asesor Agrario–, no dejará de ser un órgano meramente consultivo. En el comité existente se sientan las citadas Asaja, UPA y COAG. En el nuevo órgano lo harán entre cuatro y seis organizaciones, según las previsiones del Gobierno explicitadas en la memoria económica del proyecto de ley. Unión de Uniones aspira a estar entre “la segunda y la tercera” organización por importancia, asegura De las Heras, que quiere elecciones “cuanto antes, para el fin del verano”.
Para ser considerada organización agraria más representativa, las candidatas deberán obtener, al menos, un 15% de los votos en toda España, así como un 5% de los sufragios en seis comunidades autónomas. En el borrador inicial, el umbral era sólo de tres comunidades. A juicio de la Unión de Uniones, seis es un número excesivo. Para COAG, el mínimo nacional no debería bajar del 20%. Porque cree que el objetivo último del Ministerio de Agricultura con ese porcentaje y con la ampliación del censo a empresas y perceptores de ayudas PAC o empresarios no exclusivamente agrícolas no es otro que “diluir” la representación de las organizaciones del sector y, por tanto “debilitarlas”.
El resultado de esta consulta servirá, además, para determinar el reparto entre estas organizaciones tanto de las subvenciones públicas como del patrimonio sindical. Éste se compone de tres edificios en Madrid y tres depósitos bancarios que suman 6,24 millones de euros, procedentes de la venta en 2000 del hotel Campomar, situado en Guardamar del Segura (Alicante) y propiedad de la extinta Confederación Nacional de Cámaras Agrarias. El patrimonio también incluye una cuenta de 100.000 euros para gastos corrientes e impuestos de esos inmuebles, según enumera la memoria económica.
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Primero el Congreso, luego los tribunales
Las organizaciones agrarias van a abrir una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para intentar corregir los aspectos que menos les gustan del proyecto de ley. Pero UPA y COAG, además, no descartan recurrir a la vía judicial: el texto no ha pasado ni por el Consejo Económico y Social (CES) ni por el Consejo de Estado, dos pasos que consideran preceptivos.
UPA ha convocado para el próximo martes una manifestación de agricultores y ganadores de toda España ante el Ministerio de Agricultura para denunciar la “falta de interlocución tremenda” con el departamento de Arias Cañete. “Pero sobre todo su falta de respeto”, lamenta el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos. En este caso aludía a la Política Agraria Común, pero se trata de una acusación recurrente por parte de las organizaciones agrarias. “No se nos ha escuchado”, resume Miguel Blanco, pese a que las reclamaciones de los tres sindicatos sobre las elecciones agrarias eran, dice, “convergentes”. Un portavoz de Agricultura se remite a la tramitación parlamentaria, que como no será urgente puede prolongarse unos cuatro meses, para “perfeccionar” el texto y asegura que sí ha hablado con las organizaciones antes de aprobarlo en Consejo de Ministros. “Me pregunto qué intencionalidad política hay detrás de la ley”, concluye el responsable de COAG.
El Gobierno quiere convocar elecciones entre los agricultores y ganaderos españoles sin campaña ni control de gastos electorales. Al menos no hay mención a ninguno de estos dos asuntos básicos en el proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y que no gusta a las tres principales organizaciones del sector.