La Intervención General del Estado (IGAE) fiscalizó una muestra de 16 de los 65 contratos de más de 18.000 euros que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) adjudicó entre 2009 y 2013. La operación formaba parte del control financiero permanente a que está obligado a someterse este organismo, encargado de gestionar el rescate de las cajas de ahorro. El resultado del primer control fue un informe, con fecha de mayo de 2014, que revisaba la política de contratación, personal y tesorería del FROB hasta el primer semestre de 2013 y al que ha tenido acceso infoLibre.
Uno de esos contratos fue concedido en octubre de 2009 a la firma de cazatalentos Seeliger y Conde para que seleccionara personal directivo. Su presidente, Luis Conde, fue nombrado dos años más tarde consejero independiente de Catalunya Banc, entidad cuyo accionista mayoritario era el FROB. Conde se sentó en el consejo de la entidad hasta julio de 2013, cuando renunció por “motivos personales”. Por entonces, aún seguía vigente el contrato de cazatalentos con el organismo público, que le había sido adjudicado en un procedimiento negociado sin publicidad. Su importe era de 64.656 euros anuales.
Seeliger y Conde fue la firma que fichó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en enero de 2013, para que presidiera su consejo asesor. Es una de las principales consultoras españolas especializadas en la selección de directivos para las mayores compañías. Luis Conde explica a infoLibre que empezó a trabajar para Catalunya Banc “mucho antes de que el FROB entrara en el banco” y que fue “a raíz de esas colaboraciones y de conocer a sus principales ejecutivos” por lo que su presidente, Adolfo Todó, le propuso incorporarse al consejo. Recuerda que antes había trabajado en banca durante 15 años. “No entré por mediación del FROB ni con el conocimiento del FROB, sino por Todó”, replica, “por tanto, no hubo ningún tipo de incompatibilidad”.
También asegura que dejó el puesto en el consejo de Catalunya Banc porque no podía dedicarle el tiempo que le exigía, también porque ser consejero le impedía contratar con el banco. Y eso ocasionaba un “claro perjuicio” a su empresa.
Los interventores encontraron varias deficiencias en la ejecución de este contrato, por el que Seeliger y Conde seleccionaba a los administradores del FROB en las entidades nacionalizadas. Entre ellas, la firma de cazatalentos redactó un informe con fecha de 23 de noviembre de 2009, un día antes de que le fuera hecho el encargo. Además, Seeliger y Conde no acreditó ante el FROB que no estuviera prestando sus servicios a otras personas o empresas que pudieran suponer un conflicto de interés con el gestor del rescate financiero.
Entre esos 16 contratos de la muestra analizada por los interventores figuran los firmados con tres de las cuatro grandes de la auditoras internacionales: Ernst & Young, KPMG y Deloitte. También firmó con BDO Auditores. Todas ellas se encargaron de los procesos de due diligence de las entidades administradas por el FROB, las investigaciones a que se someten las empresas para determinar la conveniencia y el precio de una operación financiera. Por cada entidad las auditoras cobraron entre 180.000 euros y 1,1 millones de euros.
Por su parte, los bancos franceses Crédit Agricole y Société Générale hicieron valoraciones de las entidades intervenidas por el FROB. El primero cobró entre 50.000 y 250.000 euros según el banco, y el segundo percibió 200.000 euros por cada una de las tres valoraciones que entregó.
Grandes despachos
Para asistirle en temas jurídicos, el FROB acudió a grandes despachos. J&P Garrigues percibió 45.000 euros al año por asesorarle sobre recapitalización de las entidades intervenidas, 45.000 euros más sobre restructuración y otros 44.000 por consultoría. Los interventores del Estado advierten en su informe de que les ha sido imposible verificar si fueron realmente gratuitas las 100 horas de servicios profesionales que fueron pactadas como tales en el contrato de asistencia jurídica firmado con este bufete.
Con el despacho internacional Clifford Chance también suscribió un contrato genérico de asesoramiento y asistencia jurídica, por el que abonaba una minuta de 10.000 euros al mes. El despacho británico fue el que asesoró al venezolano Banesco para la compra del 88% de Novacaixagalicia, una de las entidades administradas por el FROB, por 1.003 millones de euros.
Con Simmons & Simmons, otro bufete internacional, el FROB pactó una remuneración de 75.000 euros anuales para que le asesorara en el proceso penal que se sigue contra Bankia y sus consejeros en la Audiencia Nacional. Y con el banco japonés Nomura celebró otro contrato para que le asesorara sobre estrategias para fortalecer las entidades que administra, a cambio de 517.241 euros. Según el interventor, en este contrato Nomura subcontrató los encargos de Banco de Valencia y Caja Sur sin que el FROB se lo autorizara o denegara. El banco japonés fue accionista, a través de un fondo, de la empresa de infraestructuras y tecnología de la información Avanzit, luego renombrada como Ezentis. Uno de sus consejeros fue Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Sin concurso ordinario
Todos estos contratos de asesoría fueron adjudicados por un procedimiento negociado y sin publicidad, como el 83% de los contratos que suscribió el FROB en esos años. Se trata de concursos restringidos en los que se invita a un mínimo de tres candidatos. El de Simmons & Simmons, no obstante, se hizo sin invitaciones.
También recurrió el FROB a la consultora internacional Oliver Wyman para diseñar el plan de resolución del Banco de Valencia. Le pagó 550.000 euros por un mes de trabajo. No hubo concurso, se le adjudicó directamente el contrato. Oliver Wyman fue la firma que llevó a cabo los test de estrés de la banca española en 2012 y 2014.
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infoLibre preguntó al FROB sobre el informe de la Intervención General del Estado y los datos que allí aparecen sobre el contrato que el organismo firmó con Seeliger y Conde en 2009. Le envió un correo con las siguientes preguntas, que ha declinado contestar:
–En octubre de 2011, Luis Conde fue nombrado consejero independiente de Catalunya Banc, cuyo mayor accionista era el FROB. Es decir, su nombramiento debió de contar con la aprobación del FROB. ¿No existe algún tipo de incompatibilidad entre el hecho de que Conde fuera al mismo tiempo adjudicatario del FROB y consejero de una entidad administrada por el FROB?
–¿Sigue vigente este contrato (el informe dice que sí lo estaba a la fecha de su entrega, mayo de 2014)?
La Intervención General del Estado (IGAE) fiscalizó una muestra de 16 de los 65 contratos de más de 18.000 euros que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) adjudicó entre 2009 y 2013. La operación formaba parte del control financiero permanente a que está obligado a someterse este organismo, encargado de gestionar el rescate de las cajas de ahorro. El resultado del primer control fue un informe, con fecha de mayo de 2014, que revisaba la política de contratación, personal y tesorería del FROB hasta el primer semestre de 2013 y al que ha tenido acceso infoLibre.