El próximo Gobierno se ha comprometido a derogar la reforma laboral de 2012 para “recuperar los derechos arrebatados”. También quedarán eliminadas definitivamente las dos medidas estrella de la reforma de las pensiones de 2013reforma de las pensiones de 2013: el Índice de Revalorización (IRP) y el Factor de Sostenibilidad, cuya aplicación quedó suspendida en 2018. Los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, han aplaudido ambas propuestas, consagradas en el programa de gobierno acordado por el PSOE y Unidas Podemos. Pero, además, apremian al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez para que tome las primeras decisiones antes de que acabe este mismo mes, y las siguientes, urgentes aunque no inmediatas, sin tardar mucho más. Diálogo Social, sí, pero “sin eternizarse”. Para que se aprueben las primeras iniciativas en “unas pocas semanas, ni siquiera meses”, explican a infoLibre ambos sindicatos. Cabe recordar que las mesas de diálogo con sindicatos y patronal abiertas por los últimos gobiernos del PP y el PSOE apenas tuvieron resultados y el Pacto de Toledo, para actualizar el sistema de pensiones, no fue capaz de llegar a un acuerdo tras más de dos años de debates en el Congreso.
Según su orden de prioridades, lo primero debe ser, este mismo mes, revalorizar las pensiones el 0,9% prometido en el último decreto del año, así como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la subida de los sueldos de los funcionarios, un 2%, tal y como firmaron los sindicatos en el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público de 2018. De esta forma todas esas mejoras se verían reflejadas en las nóminas de forma inmediata.
Después, los sindicatos quieren que el Gobierno cumpla con la derogación, que el propio acuerdo de PSOE y Unidas Podemos destaca como “urgente”, de los puntos calientes de la reforma laboral de 2012. El primero de ellos, el despido por absentismo, urge el secretario general de CCOO, Unai Sordo. “Esos despidos se están produciendo ya”, apunta a infoLibre, sobre todo desde que el Tribunal Constitucional los avaló en una sentencia el pasado mes de octubre, incluso cuando las ausencias al trabajo estén justificadas.
Tampoco debería llevar mucho tiempo recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, de forma que éstos sigan vigentes una vez caducados y mientras se negocia su renovación. La reforma laboral limitó a un año esa vigencia, transcurrido el cual el convenio decaía y las plantillas pasaban a regirse por el convenio de ámbito superior o, si no existía, por el Estatuto de los Trabajadores. Además, el acuerdo de gobierno promete derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectorialesderogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Los sindicatos quieren además que se incluya de forma “inmediata” en el Diálogo Social la limitación de la subcontratación a los servicios ajenos a la actividad principal de las empresas. “Son cuestiones que llevamos más de un año hablando con el Gobierno, por lo que es una negociación que está más que trillada”, asegura Unai Sordo.
Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, desliga estas medidas urgentes de la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que también se incluye en el acuerdo de gobierno y que precisará del trabajo previo de un grupo de expertos. “Primero hay que derogar la reforma laboral para recuperar el equilibrio con las empresas y negociar en igualdad de condiciones”, sostiene, en declaraciones a este periódico. Sordo confía en que las referencias al nuevo Estatuto de los Trabajadores no se queden en un “mero eslogan, en un fetiche, un burladero para no abordar las cuestiones más urgentes”.
Sobre el modelo de diálogo, Unai Sordo no establece condiciones, siempre que “no se eternice”. Las cinco mesas abiertas en la anterior legislatura –Empleo y Relaciones Laborales, Empleo de Calidad, Formación, Economía Sumergida y Seguridad Social– avanzaron poco o nada. Pero Cristina Antoñanzas cree que el trabajo hecho puede ser aprovechado ahora. Si bien UGT reclama también que el Diálogo Social no quede limitado al Ministerio de Trabajo. “Queremos que haya mesas en todos los ministerios porque tenemos mucho que decir en Igualdad, Industria, Transición Energética o Servicios Sociales”, indica.
Por su parte, Sordo prefiere esperar a que se conforme el nuevo Gobierno y se sepa, por ejemplo, si definitivamente se van a separar en dos ministerios las competencias de Trabajo y de Seguridad Social. Una posibilidad que contempla con recelo. “Es un error porque son dos espacios entrelazados”, critica, que harían necesaria la “máxima coordinación posible” entre ambos ministerios.
Más adelante
En las nuevas mesas de diálogo deberían tratarse los asuntos que precisan “un ajuste más fino”, en palabras de Unai Sordo: los descuelgues de los convenios colectivos –inaplicar las claúsulas salariales en caso de problemas económicos graves–, la modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de las empresas y las fórmulas de contratación y despido. “Son lo que más daño está haciendo en el deterioro salarial”, resalta. El responsable de CCOO reclama que se redefinan las causas de despido y se restrinjan las que permiten firmar contratos temporales, “una normativa demasiado floja en España que permite tasas de temporalidad de hasta el 27%”. Al tiempo, añade, deberían establecerse medidas de “flexibilidad interna pactada” más parecidas a las que existen en Alemania, “ligadas a prestaciones sociales”.
En cualquier caso, UGT y CCOO no renuncian a modificar otros artículos de las reformas laborales de 2012 y de 2010 –la aprobada por el Gobierno del PSOE, pese a que no se menciona en el acuerdo con Unidas Podemos–. Por ejemplo, Cristina Antoñanzas alude a la autorización administrativa de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que suprimió la reforma del PP. Cree que la supervisión de la autoridad laboral competente –consejería autonómica o Ministerio de Trabajo, dependiendo del ámbito de la empresa– es una garantía para controlar cómo se ejecutan las suspensiones temporales de contratos, las reducciones de jornada y los despidos colectivos.
“En España no hay apenas controles, es sencillísimo cerrar una empresa, por eso las multinacionales utilizan los ERE para hacer deslocalizaciones”, apunta Unai Sordo, quien tampoco renuncia a “encarecer el despido”“encarecer el despido” o a recuperar para el trabajador al que el juez ha reconocido un despido improcedente el derecho a elegir si vuelve a su puesto o cobra la indemnización. La reforma laboral redujo las indemnizaciones por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado y facilitó el despido por causas objetivas, que se compensa con 20 días por año. También dejó en manos de la empresa la decisión de si reincorpora al trabajador que ha ganado ante el juez una demanda por despido improcedente o si le indemniza. “No renuncio a esas tutelas para desincentivar el despido, pero a cambio habría que buscar fórmulas alternativas de flexibilidad interna en la empresa”, detalla.
Prestaciones de desempleo y formación
Antoñanzas menciona además la necesidad de reordenar las prestaciones de desempleo para aumentar su cobertura, una cuestión que ya trataron los sindicatos con el anterior Gobierno, asegura. Mientras que Sordo alude a la “recomposición” de las rentas mínimas: “Un debate inaplazable para evitar la pobreza y las bolsas de exclusión que puede causar la digitalización”.
Podemos defiende que lo acordado con el PSOE es la derogación "prácticamente completa" de la reforma laboral
Otra derogación pendiente atañe a la reforma de la formación para el empleo que el PP acometió en 2015 y contra la que han luchado, incluso en los tribunales, tanto los sindicatos como la CEOE. No sólo hay que ponerla encima de la mesa, dice Cristina Antoñanzas, sino que debe formar parte de una modificación integral del sistema de formación profesional. En principio, el borrador que el anterior Ejecutivo presentó le pareció “bien planteado” a CCOO, señala Unai Sordo.
Sobre el resto de los cambios que se avecinan en la normativa laboral, la reacción de la CEOE no va a ser tan positiva, según se desprende de las declaraciones de sus dirigentes cuando se hizo público el acuerdo PSOE-Unidas Podemos. “Nuestra apuesta por el diálogo con la CEOE es sincera”, subraya el líder de CCOO, pero si no hay acuerdo en las mesas, “el Gobierno tendrá que decidir y legislar”, coincide la dirigente de UGT.
La junta directiva de la patronal se reunirá el próximo día 22 para hacer pública su postura. Aunque el 31 de diciembre los empresarios ya mostraron su “honda preocupación” por las medidas incluidas en el acuerdo de gobierno, a su juicio, “más cerca del populismo que de la ortodoxia económica”. La CEOE cree que esas iniciativas “dejan ya prácticamente sin espacio al diálogo social entre empresas y trabajadores y abren la puerta a un monólogo social por parte del futuro Gobierno en el que la adopción de iniciativas legislativas sin consenso pueden acabar teniendo escaso recorrido y siendo contraproducentes”.
El próximo Gobierno se ha comprometido a derogar la reforma laboral de 2012 para “recuperar los derechos arrebatados”. También quedarán eliminadas definitivamente las dos medidas estrella de la reforma de las pensiones de 2013reforma de las pensiones de 2013: el Índice de Revalorización (IRP) y el Factor de Sostenibilidad, cuya aplicación quedó suspendida en 2018. Los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, han aplaudido ambas propuestas, consagradas en el programa de gobierno acordado por el PSOE y Unidas Podemos. Pero, además, apremian al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez para que tome las primeras decisiones antes de que acabe este mismo mes, y las siguientes, urgentes aunque no inmediatas, sin tardar mucho más. Diálogo Social, sí, pero “sin eternizarse”. Para que se aprueben las primeras iniciativas en “unas pocas semanas, ni siquiera meses”, explican a infoLibre ambos sindicatos. Cabe recordar que las mesas de diálogo con sindicatos y patronal abiertas por los últimos gobiernos del PP y el PSOE apenas tuvieron resultados y el Pacto de Toledo, para actualizar el sistema de pensiones, no fue capaz de llegar a un acuerdo tras más de dos años de debates en el Congreso.