Así comenzó la especulación con el ‎CO₂ que encarece tu factura de la luz: una reforma de 2018 que se fue de las manos

Los analistas que explican la fuerte subida del precio de la electricidad que vive el continente europeo durante este verano suelen argumentar que la "especulación" que azota el mercado de derechos de emisión de la Unión Europea es una de las razones que explican la crisis. Pero es menos frecuente encontrar información sobre cómo funcionan esos especuladores, quiénes son y cómo opera el comercio con el CO2 que, en parte, está detrás del drástico aumento de los costes, externalizados a unos consumidores domésticos que ni tienen culpa ni pueden cargar con la responsabilidad de la transición energética. Una directiva de la Unión Europea de 2018, con el objetivo de acelerar la transición energética bajo el mantra quien contamina, paga, acabó "pasándose de frenada" y forzando al pool a alcanzar máximos históricos. quien contamina, pagapool La peor noticia es que nadie tiene muy claro cómo dar marcha atrás sin comprometer los objetivos climáticos del club comunitario. 

El mercado de derechos de emisión de la Unión Europea, abreviado por sus siglas en inglés como ETS, comenzó su andadura en 2005 y pronto se hizo referencia en todo el mundo como una de las herramientas al alcance del poder público para conseguir los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. Afecta directamente al precio de la electricidad, pero pocos saben cómo funciona exactamente y cómo interfiere con el recibo de la luz. En el mercado, cada gran instalación emisora del club comunitario (centrales de carbón y de gas, grandes industrias o aerolíneas, entre otros), unas 11.000 en toda Europa, cuentan con unos derechos de emisión asignados y por los que tienen que pagar. Es decir, si una refinería emite 10 toneladas de dióxido de carbono al año, tiene, en principio, que pagar por las 10. Según los precios actuales, 50 euros por cada 1.000 kilos. 

Sin embargo, la Unión Europea otorga derechos gratuitos. De esas 10 toneladas, tres no tienen que ser abonadas. Así, se da un respiro a las compañías y se evita el riesgo de deslocalización: que se marchen del continente, dejando desempleados a su paso, para ubicarse en otra zona que no les haga pagar tanto por contribuir al cambio climático. 

Si la refinería se pone las pilas y logra emitir solo dos toneladas, le queda un derecho de emisión correspondiente a una tonelada sobrante: puede venderla a otra instalación que la necesite o guardarla para el siguiente ejercicio. Los derechos de emisión se generan así o mediante la práctica de instalaciones de absorción de CO2, así como la acción natural de los bosques, que absorben el gas en su fotosíntesis para alivio del planeta. Por lo tanto, la UE intenta que el CO2 que emite la actividad industrial sea compensado y fomenta las modificaciones para reducir la intensidad en carbono de las actividades.

Sobre el papel, parece un buen sistema, aunque las organizaciones no gubernamentales han criticado en ocasiones la falta de control sobre esas actividades absorbedoras del CO2 que generan derechos de emisión. En enero, una investigación de infoLibre como parte del consorcio European Investigative Colaboration (EIC), con datos del diario danés Politiken, mostró que 80 empresas españolas compraron derechos fraudulentos, procedentes de actividades de empresas que no solo no absorbían carbono, sino que lo expulsaban. Pero las mayores polémicas tienen que ver con el precio de cada tonelada de CO2. Durante más de una década, de 2005 a 2018, el coste era demasiado barato: las compañías pagaban entre ocho y 15 euros por ella, lo que no incentivaba la reducción de emisiones. Era un coste que podían asumir: les salía más barato que hacer cambios estructurales. 

En 2018, explica el jefe de ventas de la compañía de finanzas ambientales Vertis José María Barrendero, se produjo un cambio legislativo que modificó la situación radicalmente. La Comisión Europea lleva diciendo años, y así lo sigue manteniendo, que un precio alto del CO2 en el ETS es vital para acelerar la transición energética. Pero a juicio del analista, "se pasaron de frenada". El propio mercado cuenta con un mecanismo, llamado "de estabilidad", mediante el cual puede retirar del mercado derechos de emisión si necesita que suba el precio (así funciona la ley de oferta y demanda). Además, Bruselas va reduciendo progresivamente los derechos de emisión gratuitos que se otorgan a cada instalación. Pero de manera adicional abrieron una puerta peligrosa para alcanzar sus objetivos climáticos: la entrada de los fondos de inversión.

"Ese año, la Unión Europea cataloga los derechos de emisión como un producto financiero. Lo hizo para calentar la olla: cuando el agua hierve, hay más movimiento", explica Barrendero. Así, entraron bancos y fondos de inversión que empezaron a especular masivamente con el CO2: comprando derechos para venderlos después. Un negocio redondo y seguro: saben que el precio va a seguir subiendo en los próximos años, porque a su responsable, la Unión Europea, le interesa para que cada vez sea más caro contribuir al cambio climático y al recalentamiento de la atmósfera. Ni el club comunitario ni los Estados miembro previeron una escalada tan rápida y brutal: el precio de la tonelada de CO2 equivalente está en la actualidad en 50 euros y los especialistas calculan que puede alcanzar los 100 euros a lo largo de la década. 

"Se han pasado un poquito de frenada", considera Barrendero. ¿Por qué? En principio, que las grandes instalaciones contaminantes paguen cada vez más por el CO2 puede ser celebrado por los ambientalistas. De hecho, ese fue uno de los factores que acabó con la quema de carbón para generar electricidad en España. No hizo falta expropiar nada ni apuntar con una pistola a las eléctricas: dejó de salirles rentable. Además, otras directivas comunitarias les obligaban a reformas para contaminar menos que no las compañías no estaban dispuestas a asumir para seguir manteniendo una tecnología absoluta. El problema es que el sector eléctrico externaliza esos costes a los que menos culpa tienen del cambio climático: los consumidores domésticos. Tanto los que pueden permitirse unos euros de más en su recibo como los que no. 

En el ETS participan tanto las compañías generadoras de electricidad como otras industrias altamente emisoras. Pero no todas suben los precios de su producto si sube el CO2. Así lo ejemplifica Barrendero. "Si una fábrica de azulejos tiene que pagar más por el CO2 no va a subir el precio de los azulejos". La eléctrica sí. Mediante el sistema marginalista impuesto en Europa, los consumidores sujetos al que en España se conoce como mercado regulado pagan cada mes según los vaivenes del mercado. Está diseñado para que la tecnología más cara marque el precio que reciben todas las demás en la subasta, también conocida como pool. Así, si a las centrales de gas natural o de carbón les cuesta más generar la electricidad, recibirán más por cada kilovatio y, por consecuencia, los ciudadanos de a pie abonarán más. 

La industria pesada, que tiene menos margen para encarecer sus productos pero tiene que seguir pagando por el dióxido de carbono emitido, lo está pasando mal. Los consumidores domésticos también. Lo segundo entra en conflicto con la máxima de la UE y del Gobierno español de la transición justa: que los más vulnerables no carguen en sus espaldas el peso de la revolución. Pero la reforma de 2018, junto a un sistema marginalista parcialmente injusto y una coyuntura climatológica poco propicia (la falta de viento deja KO a la eólica, que no puede asumir toda la demanda), genera lo contrario. 

¿Quiénes son esos especuladores?

La Unión Europea invitó a los fondos de inversión a participar del ETS con la clara intención de subir los precios. Pero la acción de estos especuladores está colocando el precio de la tonelada de CO2 demasiado alto para las capacidades de los consumidores domésticos e industriales y genera tensiones políticas en los Estados miembro. ¿Quiénes son los que suben la factura y engordan sus beneficios bajo el supuesto paradigma de la sostenibilidad? No se puede saber, explica Barrendero. "En Bolsa, las transacciones son anónimas", recuerda. Y "nadie dice" si están invirtiendo en derechos de emisión.

Algunas investigaciones periodísticas han revelado que fondos asociados a bancos y especializados en finanzas verdes, como el de BNP Paribas, están obteniendo grandes rentabilidades en este mercado. Pero es la excepción. El secretismo lo rodea todo. Estos fondos verdes están de moda: la omnipresente BlackRock posee uno, en teoría dedicado a fomentar las tecnologías renovables. ¿Está también inmerso en el ETS para ganar dinero a costa de los de siempre? "Puede ser", reconoce Barrendero. Pero no hay pruebas. 

El analista de Vertis considera probable que fondos de fuera de la Unión Europea –principalmente, del mercado asiático y estadounidense– vinculados a industrias intensivas en carbono estén comprando y revendiendo derechos de emisión para, además de llevárselo crudo, perjudicar a su competencia europea. 

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La esperanza de los Estados miembro es que las energías renovables se desarrollen tanto y tan rápido que cubran toda la demanda de electricidad aun cuando las condiciones climatológicas no sean favorables. Pero para eso queda, y los analistas creen que el precio del CO2 va a seguir subiendo, quizá ad infinitum. Euractiv explica que tanto Polonia, muy dependiente del carbón, como España, muy castigada por la opinión pública por el sablazo, están presionando a la Comisión Europea para que el mercado se estabilice dentro de unos márgenes razonables. Pero Juan Antonio Martínez, analista del grupo ASE, cree que Bruselas va a seguir haciendo oídos sordos. Su compromiso con los objetivos climáticos no atiende a las consecuencias para los más vulnerables y en su último paquete legislativo de clima sigue manteniendo los mismos mecanismos de funcionamiento, además de incluir a la aviación y al transporte marítimo para que también paguen por lo que contaminan. 

"Precisamente lo que busca la Comisión Europea es lo que está pasando. El objetivo se está cumpliendo. Puede que sea difícil de entender para los consumidores, pero así se acelera la transición energética", explica. Barrendero recuerda que el ETS es una fuente de ingresos golosa para los Estados miembro: "España tiene alrededor de 50 millones de derechos de emisión. A 50 euros por tonelada... multiplica". Multiplicamos: unos hipotéticos 2.500 millones de euros anuales para las arcas públicas, si ese precio se mantuviera. 

El jefe de ventas de Vertis descarta que la Unión Europea cierre de golpe la puerta a los especuladores. "Sería un terremoto": los fondos de inversión, al enterarse, saldrían en desbandada, provocando una caída del precio que diera alas a los más emisores. Pero Martínez recuerda que el mecanismo de estabilidad se puede aplicar tanto en un sentido como en otro: retirando derechos para subir el precio o limitando la participación de los fondos de inversión cuando sus actividades superen un porcentaje determinado de todas las operaciones, bajándolo. Por ahora la Comisión Europea no se lo ha planteado, pero no se descarta que lo haga para seguir manteniendo el difícil equilibrio entre ambición climática y justicia social. Podría no ser suficiente. La solución a la encrucijada determinará el futuro del club comunitario durante las próximas décadas.