El Banco de España culpa a la falta de competencia del anómalo comportamiento de los márgenes empresariales durante la recuperación económica. Desde 2014 han seguido aumentando pese a que deberían haberse frenado una vez se abrió el grifo del crédito y las empresas dejaron de necesitar recursos internos para financiarse. Y el organismo supervisor lo achaca a la existencia de mercados fallidos. Por un lado, ha crecido el índice de concentración de empresas: la cuota de mercado de las cuatro compañías más grandes de cada sector creció un 10% durante la crisis y al reactivarse la economía sólo se redujo una décima. Y por otro, persisten las mismas barreras regulatorias que antes de 2008.
También la Unión Europea ha pedido reiteradamente a España que reforme sectores regulados, desde la electricidad hasta las farmacias, y liberalice colegios y servicios profesionales. Estimular la competencia permite “mercados eficientes y abiertos” que proporcionan a los consumidores “precios más bajos, productos y servicios de mejor calidad y mayor surtido”, explica la Comisión Europea en un informe sobre política de competencia de 2016. “La sana competencia da a las empresas oportunidades equitativas para hacer negocios y alcanzar sus objetivos comerciales, lo que, a su vez, potencia el crecimiento, la creación de empleo y la prosperidad”. Cuando las empresas deben competir entre ellas, se ven incentivadas a invertir, ser más eficaces, desarrollar nuevas tecnologías y crear mejores productos, destaca Bruselas.
Los beneficios, además, son transversales. Por ejemplo, el transporte no sólo es la segunda partida de gasto más importante de los hogares, tras la vivienda –por lo que menores precios en este apartado suponen un ahorro considerable para las familias–, sino que también sirve al resto de los sectores de la economía: unos precios adecuados se traducen en un fuerte factor de crecimiento general.
Así, la Comisión Europea calcula que sus decisiones sobre concentraciones y cárteles propician un aumento de la inversión del 0,7% al cabo de cinco años. Un estudio del Banco de España asegura que los precios de los consumos intermedios que hacen las empresas manufactureras bajan entre 1,8 y 2,3 puntos porcentuales cuando el marco regulatorio del sector servicios mejora sólo una décima. El mismo documento calcula igualmente el impacto en las exportaciones de las empresas españolas de los cambios de regulación realizados entre 1991 y 2007. Los precios de los consumos intermedios que necesitan éstas se redujeron un 17,7% en ese periodo gracias a las mejoras legales aplicadas. Y semejante ahorro les permitió a su vez aumentar sus ventas al exterior un 22% en términos acumulados.
Marcha atrás con los colegios profesionales y la CNMC
“El Gobierno de Rajoy carecía de todo impulso procompetencia, más bien todo lo contrario, era muy conservador e intervencionista”, explica Joan-Ramón Borrell, profesor de Economía de la Universitat de Barcelona. Desde que se aprobó la denominada Ley Ómnibus en 2009, que adaptaba la Directiva de Servicios de la UE, la actividad reformadora del Ejecutivo ha sido muy escasa, destaca Borrell. En 2015 retiró un anteproyecto de ley de Servicios y Colegios Profesionales que había presentado dos años antes y que recortaba sustancialmente el número de profesiones con colegiación obligatoria. El pasado enero hizo público otro anteproyecto de ley para reformar sólo el acceso a las profesiones de abogado y procurador, que ya ha recibido las críticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aunque el Gobierno flexibiliza las condiciones de acceso y ejercicio, admite el organismo, “seguirán existiendo barreras contrarias a la competencia en estos sectores” que, además, “plantean dudas en cuanto a su adecuación a la normativa europea y a las leyes de transposición”.
También critica el profesor de la Universidad de Barcelona la reforma de 2013 que creó la CNMC a partir de la fusión de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Comité de Regulación Ferroviaria y la Comisión Nacional del Sector Postal. Nacía entonces un superregulador al que, sin embargo, el Ejecutivo del PP “quitó funciones y se las dio a los ministerios”. Cuatro años después, el Gobierno dio marcha atrás y anunció su división en dos entidades, una para defender la competencia y otra para supervisar los sectores y mercados. Además, ha tenido que reincorporar a sus puestos a dos consejeros de la antigua CMT cuyos ceses fueron anulados por el Tribunal Supremo siguiendo una recomendación del Tribunal de Justicia de la UE. Aún no sse sabe qué ahora el Gobierno de Pedro Sánchez en este terreno.
En España, no dejan de aparecer cárteles, destaca Joan-Ramón Borrell. Las denuncias y multas de los organismos de la competencia no parecen desanimar a las empresas en sus pactos ilegales de precios. A su juicio, la percepción social de estas malas prácticas no es mala, “no se consideran delito”, apunta. Ni están así consideradas en el Código Penal a no ser que medien amenazas. Pero Borrell confía en que terminen extendiéndose las reclamaciones por daños y perjuicios de consumidores que, por ejemplo, “hayan pagado un sobreprecio por su coche en un concesionario que ha pactado precios con los de otras marcas”, del mismo modo que lo están haciendo los titulares de preferentes o de las cláusulas suelo de las hipotecas.
También culpa el profesor de Economía a la “relación incestuosa” que mantienen los gobiernos con las empresas de la persistencia de las prácticas contra la libre competencia. “En cuanto hay una crisis, el ministerio convoca al sector para buscar una solución, lo que éste aprovecha para venderle la política que quiere”, advierte.
Sectores regulados
La electricidad y del gas, las gasolineras, las telecomunicaciones, el transporte… son algunos de los grandes sectores regulados en España. Borrell se queja de los “costes inflados” de las eléctricas, y de las barreras a la entrada de nuevos competidores en las estaciones de servicio o en el sector del taxi. “Si hay demasiados vehículos en las ciudades, es mejor implantar peajes para todos, taxis y coches particulares, y si hay problemas medioambientales, se pueden adoptar medidas anticontaminación”, sostiene. Todo antes que impedir la entrada de nuevos operadores, del tipo de Uber o Cabify. “Por supuesto, que paguen sus impuestos, pero que no se regule su número como ha hecho el Gobierno del PP por presión de los taxistas”, reclama.
Otro tanto sugiere hacer con las farmacias. “Si se están pagando más de 100.000 euros por una licencia, es que existe una inflación de costes”, explica Joan-Ramón Borrell. A su juicio, se podrían implantar licencias temporales, como hacen otros países. En Alemania, resalta, el sistema es parecido al español, con un margen regulado y prestación pública universal, pero la entrada de nuevos boticarios es libre. En Holanda y Reino Unido, también, y si algunas farmacias tienen problemas por falta de negocio, “se aprueba un programa de financiación pública”.
En Italia, continúa, existen dos operadores de alta velocidad, mientras que Francia y España han firmado un pacto para no competir en los tramos más rentables de sus respectivas líneas de AVE: París-Lyon y Madrid-Barcelona. Sólo el trayecto Tolouse-Lyon está abierto a la competencia internacional. En 2020 el tren de pasajeros se habrá liberalizado en toda Europa. Hace sólo unos días, Arriva, filial española de la operadora pública alemana Deutsche Bahn, solicitó a la CNMC la explotación de la línea A Coruña-Oporto a partir del mes de julio de 2019.
En el sector bancario, la reestructuración que sufrieron las entidades financieras españolas tras la crisis desatada en 2008 ha propiciado una concentración desconocida. Según datos del mismo informe anual del Banco de España, los cuatro mayores bancos tienen una cuota de mercado que alcanza el 81,5% si se cuenta también su negocio exterior. En 2008 era sólo del 49%. El profesor de la Universitat de Barcelona no duda en calificar de “cautivos” a los consumidores que no pueden cambiar de banco su plan de pensiones sin penalización o que soportan comisiones tan elevadas que se comen la rentabilidad de las inversiones.
La bajada de precios no es automática
Un tercio de las multas de la CNMC a cárteles sancionan a empresas por amañar concursos públicos
El economista Alejandro Inurrieta, por el contrario, cree que no se puede atribuir el aumento de los márgenes empresariales a la falta de competencia. “Se han disparado por la contención de los costes laborales, por el petróleo barato y la política financiera que ha permitido a las empresas aliviar la carga de la deuda”, enumera, “por eso España crece, por esas variables exógenas”.
En su opinión, hay sectores en los que no puede haber competencia o es difícil que la haya, como el eléctrico. Y la colusión de precios es evidente en muchos de ellos “por la mala praxis empresarial”. Pero desecha el economista que la falta de competencia tenga tanto protagonismo como le concede el informe del organismo supervisor. “El Banco de España utiliza para sus análisis datos de la Central de Balances, que incluye a un número limitado de empresas y de gran tamaño, por lo que no es un buen ejemplo para medir la realidad”, critica.
En cualquier caso, Alejandro Inurrieta no cree que el exceso de concentración se solucione “sólo con cambios de la regulación”. “Debería haber luz e internet más baratas y deberían bajar las comisiones bancarias”, concede, pero también advierte de que liberalizar los colegios profesionales sólo reportaría beneficios pequeños y recuerda que el régimen de las farmacias ya ha sido liberalizado. También considera un error confiar como en el “mantra” de que introducir más operadores en un sector redunde en una bajada de precios. “Quizá sólo al inicio mejoren los precios”, precisa el economista, quien pone como ejemplo el transporte ferroviario para augurar que esos nuevos actores sólo pujarán por hacerse con las líneas de más tráfico y dejarán las menos transitadas para que siga explotándolas Renfe. “Y ni siquiera es seguro”, avisa, “que vaya a aumentar la calidad del servicio”. “No existe la competencia perfecta”, sentencia.
El Banco de España culpa a la falta de competencia del anómalo comportamiento de los márgenes empresariales durante la recuperación económica. Desde 2014 han seguido aumentando pese a que deberían haberse frenado una vez se abrió el grifo del crédito y las empresas dejaron de necesitar recursos internos para financiarse. Y el organismo supervisor lo achaca a la existencia de mercados fallidos. Por un lado, ha crecido el índice de concentración de empresas: la cuota de mercado de las cuatro compañías más grandes de cada sector creció un 10% durante la crisis y al reactivarse la economía sólo se redujo una décima. Y por otro, persisten las mismas barreras regulatorias que antes de 2008.