El Tribunal de Cuentas sostiene que el coste de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se elevó a los 71.833 millones de euros a fecha de 1 de enero de 2022, lo que supone un incremento de 5.256 millones de euros con respecto al último cálculo del organismo.
La nueva cifra se recoge en el informe de fiscalización de las actuaciones del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y del Banco de España en la fusión entre CaixaBank y Bankia y la situación del proceso de reestructuración bancaria a 31 de diciembre de 2021, que acaba de aprobarse en el Pleno de la institución.
El nuevo informe de fiscalización cuenta con la novedad de la fusión entre Bankia y CaixaBank, en noviembre de 2021. Y es que, en el análisis anterior Bankia era la única entidad de crédito reestructurada que se encontraba aún participada por el FROB.
Mediante la fusión entre las dos entidades, el FROB sustituyó en su balance el valor de su participación indirecta del 62% en Bankia por otra participación, también indirecta, en CaixaBank del 16,1%. Todo ello lo realizó el FROB mediante BFA, entidad que posee al 100% y que engloba siete cajas de ahorro españolas, entre ellas Caja Madrid y Bancaja.
El coste de 71.833 millones de euros se ha obtenido partiendo de los importes de los recursos comprometidos y descontando las partidas que representan ingresos, menores costes, recursos no dispuestos o cancelados y participaciones en capital o créditos que aún mantenía el FROB a 31 de diciembre de 2021.
El Tribunal de Cuentas avisa, eso sí, de que la estimación del coste del proceso de reestructuración "no puede considerarse definitiva" debido a que hay ciertas operaciones posteriores a 2021 que pueden provocar un incremento o una disminución de esos 71.833 millones de euros.
Las aportaciones al capital representan el 73% del coste total
Así, del coste de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria hay 50.622 millones de euros que corresponden al FROB y otros 21.273 millones de aportaciones de entidades de crédito. En paralelo, hay un impacto negativo de 62 millones de euros atribuibles al Banco de España.
El principal componente del coste, explica el Tribunal de Cuentas, ha sido el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas, con un total de 52.716 millones que representan un 73% del coste. De los procesos que han supuesto un mayor coste son los de BFA/Bankia, con 17.590 millones; las de las cajas de ahorro de Caixabank (CX), con 12.691 millones; Banco CAM, con 12.560 millones; y NCG, con 9.229 millones.
En su informe, el Tribunal de Cuentas apunta que tanto el FROB, como el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y el Banco de España cumplieron "adecuadamente" la normativa aplicable en las actuaciones emprendidas en los procesos de reestructuración bancaria. También considera el Tribunal que las actuaciones de seguimiento y control de los procesos de reestructuración realizadas por las entidades han sido, en general, "adecuadas".
Recuperación de 40 millones para el FROB en juicios
A lo largo del periodo fiscalizado, el FROB y el Fondo de Garantía han emprendido o se han personado en una serie de actuaciones judiciales destinadas a la recuperación de los recursos que hayan podido sustraerse de las entidades de crédito de una forma no ajustada a derecho.
Al cierre de 2021, el FROB había recuperado un total de 40 millones de euros por ingresos derivados de sentencias y costas. Por su parte, el Fondo de Garantías ingresó 14 millones de euros (incluidas costas) por uno de los dos procedimientos iniciados en su día por el FROB contra directivos de entidades financieras.
También se apunta en el informe que el FROB ejerce un seguimiento adecuado de la gestión de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocido como el banco malo.
Seguimiento "adecuado" de la FROB a la Sareb
Añade el Tribunal que las actuaciones de seguimiento y control de la gestión de las entidades participadas han sido adecuadas, aunque avisa de que las actuaciones de seguimiento y control de la desinversión en BFA/CaixaBank presenta "una oportunidad de mejora".
Y es que, ninguno de los acuerdos del Consejo de Ministros por los que se amplió el plazo de desinversión, actualmente fijado en diciembre de 2025, ha tenido en consideración las actuaciones necesarias para la desinversión de la participación que el FROB mantiene en BFA, que habrá de producirse, apunta el Tribunal de Cuentas, mediante un proceso de liquidación de esta sociedad "muy probablemente".
El informe fiscalizador indica que en la actualidad el FROB no dispone de un documento estratégico que, de manera integral, incluya una planificación, una programación temporal y una metodología de todas las actuaciones necesarias para llevar a cabo la actividad de desinversión en BFA.
El Tribunal de Cuentas detecta errores de gestión en el organismo que fiscaliza las cuentas públicas
Por eso, el Tribunal de Cuentas cree que con el fin de "disminuir la incertidumbre y facilitar la planificación" el FROB podría incorporar a la estrategia de desinversión el análisis de distintos escenarios alternativos para la ejecución de la venta de la participación en CaixaBank, calculando el importe recuperable teniendo en cuenta como variables el precio de venta de la acción y el momento de ejecutar la desinversión.
El Banco de España y el FROB cumplieron durante la fusión de CaixaBank
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas apunta que tanto el Banco de España como el FROB han cumplido "adecuadamente" la normativa en el ejercicio de sus respectivas competencias en relación con la fusión de Bankia con CaixaBank, perfeccionada en marzo de 2021, y la operación de fusión se ha desarrollado, en todas sus fases, con arreglo a la normativa aplicable.
Por último, el informe apunta que se puede considerar cumplida la recomendación que el Tribunal de Cuentas hizo en su informe anterior al FROB, consistente en que esta entidad establezca un sistema de gestión de BFA que le facilite la comprobación de las condiciones establecidas en los convenios formalizados entre BFA y Bankia para el reparto de los costes por las contingencias legales derivadas de la comercialización de híbridos y de la oferta pública de suscripción de acciones de Bankia.
El Tribunal de Cuentas sostiene que el coste de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se elevó a los 71.833 millones de euros a fecha de 1 de enero de 2022, lo que supone un incremento de 5.256 millones de euros con respecto al último cálculo del organismo.