A Ricardo Currás, consejero delegado de la cadena de supermercados DIA, le gusta repetir que los franquiciados son “los mejores embajadores” de su marca. En la publicidad que dirige a quienes oferta sus tiendas cita los cinco valores de la empresa: “Eficacia, iniciativa, respeto, equipo y cliente”. Hay cientos de franquiciados en todo el mundo, sin embargo, cuya experiencia con la cadena de supermercados no puede estar más alejada de la eficacia y el respeto. Una treintena de ellos han presentado en España querellas por estafa y falsedad documental, algunos también por apropiación indebida, coacciones y amenazas e incluso delito informático. Son antiguos asociados de Barcelona, Girona, Vizcaya, Villarreal (Castellón), Madrid, Logroño… A los que se añaden otros 164 en Argentina, donde han denunciado a DIA ante el Juzgado Nacional en lo Criminal número 32 de Buenos Aires por una “maniobra defraudatoria a gran escala”.
También en Portugal, Brasil y Francia antiguos asociados de la cadena han recurrido a los tribunales por lo que consideran “cláusulas abusivas” y por obligarles a vender a pérdida, entre otras prácticas ilegales. La cadena, uno de los mayores franquiciadores del mundo, cuenta con 7.583 tiendas, 876 más que hace un año tras adquirir 570 al Grupo Eroski y El Árbol. De ellas, 5.880 llevan la marca DIA. Casi el 60% son franquicias. En los últimos 12 meses, destaca el último informe trimestre remitido por la multinacional a la CNMV, el número de tiendas con este formato ha crecido un 16%: 568 más desde septiembre de 2014.
“Entre tantas tiendas puede haber alguna disconformidad puntual, pero el nivel de litigiosidad es bajísimo”, responde un portavoz de DIA. Según explica, la cadena respeta “la legalidad vigente”, su “transparencia” es total como empresa que cotiza en Bolsa y pertenece al Íbex 35 y siempre ha colaborado con las autoridades cuando se le ha requerido información sobre sus prácticas de franquicia. Las denuncias contra DIA han llegado tanto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como a la Comisión Europea. Bruselas remitió a los afectados españoles y portugueses a sus respectivas autoridades de competencia, y éstas, a su vez, a los juzgados de lo Mercantil.
Cuentas de explotación falsas
Las prácticas que denuncian los franquiciados en los cinco países donde opera –los ya citados más China– son idénticas. En España DIA propone a sus propios empleados hacerse cargo como franquiciados de un supermercado que la cadena hasta ese momento ha explotado directamente. “Vamos a cerrarlo, te despedimos y con la indemnización nos pagas el canon o el alquiler del local”, suele ser la oferta según relatan los perjudicados. Aunque entre los denunciantes también hay trabajadores despedidos de cualquiera de los sectores perjudicados por la crisis que han capitalizado la prestación por desempleo para abrir su propio negocio. O muchos particulares que han invertido sus ahorros e hipotecados sus casas para convertirse en “emprendedores” abriendo una franquicia.
En las querellas a las que ha tenido acceso infoLibre, los denunciantes aseguran que, para empezar, la cuenta de explotación que les enseñan los responsables de DIA es falsa. Forma parte de la información precontractual que el franquiciador está obligado por ley a entregar a sus futuros asociados y, según la ley, debería estar basada en datos reales. Además, les promete un margen del 13% que nunca llega a alcanzarse. El contrato que se les facilita es un “contrato tipo, sin cantidades ni fechas”, un documento cerrado cuyos términos no pueden negociar y que a algunos les apremiaron a firmar “en un bar o en una cafetería”. Para asesorarles, hubo a quien le impusieron una determinada gestoría, denuncian.
A fin de hacerse con la tienda, los que DIA llama “operadores locales” deben abonar un canon de entrada de 12.000 euros y suscribir un aval de 25.000 euros por la infraestructura y otro de 80.000 euros por la mercancía. Una inversión cuantiosa, por tanto. Después, los franquiciados carecen de control sobre los pedidos que hacen a DIA, que vienen impuestos por sus inspectores y la cadena les cobra de forma inmediata. “En el primer llenado de la tienda, que coincide con tu día de apertura, los camiones llegan y descargan la mercancía, y no te dejan comprobar el pedido”, explican los denunciantes. Más adelante, cuando el supermercado cierra por culpa de las pérdidas, los franquiciados descubren que el inventario no se corresponde con la realidad y que siempre deben dinero a DIA, decenas de miles de euros, por mercancía que no sabían que tenían.
Los problemas de gestión comienzan pronto. DIA fija los precios, lo que es ilegal. Los numerosos cupones descuento acumulables que la cadena distribuye a sus clientes, las ofertas “pague dos, llévese tres”, los “superprecios”… obligan a los franquiciados a vender a pérdida. Ellos adquieren a la empresa la mercancía a un precio determinado, pero la tienda termina vendiéndola al cliente que acude con sus múltiples cupones a un precio muy inferior. E, incumpliendo su propio manual de franquicias, la cadena no les reembolsa los descuentos a los asociados, que deben asumir la pérdida. Las campañas de Navidad, por ejemplo, se convierten en una pesadilla: panetones y roscones de reyes servidos en una cantidad que no les han dejado controlar terminan a precios de saldo en las estanterías en apenas unos días.
Duplican las ventas pero no hay beneficios
Los franquiciados con que ha hablado este periódico explican que llegaron a duplicar la facturación del supermercado respecto a las ventas de la tienda cuando era gestionada directamente por la cadena. Pero los 6.000 euros mensuales de beneficio que les prometió DIA no aparecían por ninguna parte. “Por el contrario, cuanto más vendes, más pierdes”, resumen.
Según las querellas, los inspectores de DIA conminan entonces a los franquiciados, alarmados por la falta de resultados, a invertir más dinero para seguir haciendo pedidos. Y no dudan en instarles a solicitar nuevos créditos, a no pagar a los empleados o incluso a despedirlos. “Los clientes de las tiendas asociadas de DIA no son los consumidores, sino los franquiciados”, denuncian, “los financiamos nosotros”. En apenas uno o dos años terminan arruinados, la cadena les ejecuta los avales y les reclama miles de euros por unas mercancías que, a veces, ni siquiera han estado en sus tiendas.
Pero el supermercado no cierra. Le sucede otro franquiciado o DIA lo recupera como tienda propia.
El portavoz de la cadena no ha querido contestar en detalle a este catálogo de prácticas, que no es exhaustivo. Según los querellantes, DIA impone condiciones distintas a sus tiendas propias y a las franquiciadas. A éstas les sirve productos a punto de caducar o deteriorados, por ejemplo. Si un franquiciado protesta por la situación, se le reduce el margen sin que él lo sepa. En los albaranes de la mercancía se les incluye el pago de la luz, una tarifa plana que el asociado abona aunque la factura está a nombre de la empresa. Al menos en un caso, el franquiciado pagaba el alquiler del local cada mes, por importe de un 0,5% de las ventas, con una parte de su indemnización por despido como encargado de una tienda propia de DIA. Ahora Hacienda le reclama el IRPF por una cantidad que, en realidad, jamás cobró.
Del autoempleo a la ruina
La franquicia es un sistema de venta inventado en Estados Unidos y que explotó en España a partir de los años 90. Mediante un contrato mercantil, una empresa, el franquiciador, cede a otra o a un autónomo el derecho a explotar su modelo de negocio, utilizando su marca bajo una serie de condiciones y a cambio de una contraprestación económica. Es un buen sistema para que las empresas crezcan de forma rápida minimizando riesgos y costes. En teoría, si el franquiciado gana, el franquiciador también. Si no es así, se produce un abuso.
La crisis económica y el aumento del paro han empujado a muchos al autoempleo. Incluso el Gobierno ha puesto mucho empeño y recursos en fomentar el “emprendimiento” como fórmula para escapar al paro. Y las franquicias aparecen como un modelo de negocio con menos riesgo, porque se apoya en marcas reconocidas y asentadas. No siempre ocurre de esa manera. Por ejemplo, las empresas franquician las tiendas menos rentables, nunca las que más venden. En muchos casos, terminan convirtiéndose en fórmulas para “comprar” un puesto de trabajo, donde el franquiciado ni siquiera se asigna un sueldo.
A las puertas de la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional está a punto de decidir si acepta encargarse de la querella colectiva que 20 antiguos franquiciados repartidos por varias comunidades autónomas han presentado en un juzgado de Vic (Barcelona). Le piden a DIA una fianza por responsabilidad civil de cinco millones de euros. En Madrid, el abogado Marcos García Montes ha presentado otra querella por estafa y prepara al menos dos más. Está a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie para pedir que acumule todas las demandas presentadas en España. En ese momento se les unirán los casi 80 miembros de AsafrasAsafras, la asociación que agrupa a los franquiciados que se consideran estafados por la cadena.
Además, en Villarreal (Castellón) el juzgado instruye desde 2013 la querella por estafa de un despedido del sector del azulejo que capitalizó la indemnización cobrada del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) tras cerrar su empresa para hacerse con un supermercado de DIA. Tuvo que cerrar en febrero de 2012. Su sucesor al frente de la tienda echó el candado la semana pasada.
En julio de 2014 García Montes ya interpuso otra querella colectiva, en representación de 28 franquiciados de toda España ante la misma Audiencia Nacional. El juez Javier Gómez Bermúdez la rechazó porque no consideró que 28 afectados fueran una “generalidad” de personas perjudicadas económicamente. Pero ni siquiera entró en el fondo del asunto.
Evasión fiscal y blanqueo en Argentina
Mientras, en Argentina, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten no sólo ha presentado una querella por estafa sino que, además, prepara una denuncia por evasión fiscal agravada y otra por encubrimiento y blanqueo de dinero ante la Unidad de Información Financiera, adelanta a infoLibre. Además, ha demandado a DIA ante los juzgados de lo Social porque, según la ley argentina, los franquiciados pueden ser considerados “trabajadores encubiertos”, los que en España se conocen como falsos autónomos.
En el país austral, la cadena española también se ha visto implicada en una operación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el equivalente a la Agencia Tributaria. Se la acusa de evadir impuestos por importe de 1.400 millones de pesos, 134,8 millones de euros.
En Portugal, Afeda, la asociación que agrupa a los franquiciados de DIA –allí bajo la marca Minipreço– cifra en cerca de 1.000 las quiebras que en los últimos años han provocado los abusos contractuales de la cadena. DIA posee cerca de 300 tiendas asociadas; por cada una de ellas han pasado en los últimos años dos o tres franquiciados, asegura el portavoz de Afeda, Paulo Jaloto. En Portugal los afectados empezaron en 2010 a presentar demandas civiles que aún siguen tramitándose. Antes de acabar este año, además, Afeda presentará una demanda colectiva en nombre de una decena de franquiciados. “Vamos a pedir hasta 600.000 euros de indemnización por tienda”, avanza Jaloto.
Las denuncias contra DIA han llegado ante las autoridades de competencia portuguesas, la Agencia Tributaria, la Procuradoria Geral de la República –el equivalnente a la Fiscalía española– e incluso la Agencia de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE) por prácticas comerciales abusivas, enumera Paulo Jaloto.
Condenas por emplear a falsos autónomos en Brasil
En Brasil, los problemas de las franquicias se han discutido en la Asamblea legislativa del Estado de São Paulo. Allí también se acusa a DIA de fraude laboral en los mismos términos que en Argentina. Las demandas han terminado en un buen número de condenas, que declaran nulos los contratos de franquicias y reconocen el “vínculo laboral” entre los falsos autónomos y la cadena española. Según Jaloto, se les reconoció ese carácter en un total de 190 tiendas, lo que le supuso a la multinacional una multa de 20 millones de euros.
En 2009 DIA llegó a un acuerdo con la fiscalía por el que se comprometía a no suscribir contratos mercantiles en lugar de laborales para estas tiendas, y a liquidar en un plazo de ocho meses los que ya tenía firmados. También se comprometía a explotar los supermercados propios con personal contratado. Fue condenada a pagar una indemnización de 300.0000 reales, unos 72.500 euros.
Pero la multinacional ha incumplido el acuerdo con unos 200 trabajadores hasta 2014, según explica el diputado por São Paulo Carlos Gianazzi, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), en un escrito enviado el pasado febrero al Departamento Central de Investigación y Acción Penal y a la Procuradoria Geral de Portugal.
Finalmente, en Francia fueron una cincuentena de franquiciados los que acudieron a los tribunales en 2013, de ellos unos 20 de la región de París. DIA se desprendió de su negocio francés en diciembre de 2014 vendiendo a Carrefour los 800 supermercados que poseía en el país vecino.
Problemas con Hacienda
En cualquier caso, los litigios por sus franquicias no son los únicos que tiene abiertos la multinacional española. También en Francia, la Agencia Tributaria local le reclama 4,46 millones de euros por el redondeo del IVA entre 2006 y 2008. En Brasil, Hacienda le exige 77,65 millones de euros por “el reflejo de los movimientos de mercancías y su repercusión en inventarios”, según el informe anual que DIA presentó en la CNMV. Y debe otros 13,34 millones por impuestos correspondientes a los “ingresos por descuentos recibidos de proveedores”.
Tras ser inspeccionada, a la Hacienda española tuvo que abonarle en 2014 un total de 6,71 millones de euros por el impuesto de sociedades de 2008 a 2010. En 2013 pagó 21,4 millones más por la liquidación del mismo impuesto correspondiente al ejercicio de 2003.
Carrefour culpa a la mala gestión del franquiciado en la primera de una decena de querellas que la acusan de estafa
Caída de ventas en España, un millón para Currás
En los primeros nueve meses del año DIA ganó 104 millones de euros, un 52,3% menos que en el mismo periodo del año pasado, lastrada por el coste de la compra de los 570 supermercados de Eroski y El Árbol. Las ventas de sus tiendas DIA en España han caído un 2,6%. Aún más, un 6,1%, en Portugal. Y en Brasil, un 0,4%. Por el contrario, en Argentina han crecido un 46,9% y un 21,7% en China.
En 2014, el consejero delegado de la multinacional, Ricardo Currás, cobró en sueldos y retribución variable un total de 971.000 euros, un 3,6% más que el año anterior. Su presidenta no ejecutiva, Ana María Llopis, 149.000 euros, según el informe de remuneraciones remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los 10 miembros del consejo de administración se repartieron ese año 1,87 millones de euros. Y sus nueve altos ejecutivos, 4,98 millones de euros.
A Ricardo Currás, consejero delegado de la cadena de supermercados DIA, le gusta repetir que los franquiciados son “los mejores embajadores” de su marca. En la publicidad que dirige a quienes oferta sus tiendas cita los cinco valores de la empresa: “Eficacia, iniciativa, respeto, equipo y cliente”. Hay cientos de franquiciados en todo el mundo, sin embargo, cuya experiencia con la cadena de supermercados no puede estar más alejada de la eficacia y el respeto. Una treintena de ellos han presentado en España querellas por estafa y falsedad documental, algunos también por apropiación indebida, coacciones y amenazas e incluso delito informático. Son antiguos asociados de Barcelona, Girona, Vizcaya, Villarreal (Castellón), Madrid, Logroño… A los que se añaden otros 164 en Argentina, donde han denunciado a DIA ante el Juzgado Nacional en lo Criminal número 32 de Buenos Aires por una “maniobra defraudatoria a gran escala”.