El Gobierno y las eléctricas escenifican el fin del pulso por Garoña

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El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se cubre las espaldas. El organismo encargado de supervisar las centrales ha solicitado nuevos informes a sus técnicos antes de dar el visto bueno a la prórroga de al menos un año para la central nuclear de Santa María de Garoña, la más antigua de España (se conectó a la red en 1971), que han solicitado sus propietarias, las eléctricas Endesa e Iberdrola. El CSN, reunido en sesión extraordinaria el lunes, volverá a tratar el asunto el miércoles, aunque la última palabra corresponde al Ministerio de Industria.

Endesa e Iberdrola, que explotan la central burgalesa al 50% a través de la compañía Nuclenor, solicitaron la pasada semana al Ministerio de Industria una prórroga para mantener operativa la planta al menos un año más. En principio, la central de Garoña, de 466 Megawatios y gemela de Fukushima (tecnología BWR, de General Electric) debía cerrar el 6 de julio. Está desconectada de la red desde diciembre de 2012.

Ocho reactores

Garoña es uno de los ocho reactores con que cuenta el parque nuclear,ocho reactores que produce en torno al 19% de la electricidad y supone un 7% del total de la capacidad de generación instalada en el país.

Las eléctricas, enfrentadas al Ministerio de Industria por los impuestos aplicados a la generación de electricidad y los específicos a la energía nuclear, rechazaron en 2012 solicitar la renovación del permiso que les ofreció el Gobierno de Mariano Rajoy para Garoña, hasta el año 2019.

El argumento para tal desaire al Ejecutivo, que a su llegada al poder se mostró a favor de la continuidad de la instalación, era que los nuevos impuestos hacían inviable la explotación, ya que suponían 153 millones sólo en nuevas tasas, más otros 120 millones en exigencias de seguridad. Unas cantidades que superaban incluso el capital de Nuclenor.

Nuevos impuestos

Los nuevos impuestos aprobados por Industria motivaron también una consulta a la Dirección General de Tributos por las empresas. A fecha de hoy,la consulta todavía está pendiente. La posibilidad de que Tributos les de la razón  a las compañías habría sido uno de los motivos, señalan fuentes de las eléctricas, para solicitar la prórroga de actividad y no empezar a desmontar la planta en julio, antes de conocer la decisión administrativa.

Sin embargo, hay otras versiones menos amables. Desde las organizaciones ecologistas y desde el sector de las energías renovables se destaca al respecto que la prórroga para Garoña la han solicitado las empresas justo cuando está cocinándose la nueva regulación para el sector. Y se preguntan si las empresas, Endesa e Iberdrola, saben algo que los demás no saben.

Penúltimo acto

Lo cierto es que la solicitud de prórroga para Garoña es el penútlimo acto de una escenificación un tanto forzada del pulso entre las eléctricas y el Gobierno de Mariano Rajoy. Sencillamente, ninguna de las dos partes quiere cerrar la instalación. Por razones ideológicas y empresariales, ya que las empresas defienden la prórroga de instalaciones nucleares más allá de 40 años, el enfrentamiento sólo era aparente.

Hubo más enfrentamiento con el Ejecutivo de josé Luis Rodríguez Zapatero, que en 2009 prorrogó el permiso de actividad a Garoña cuatro años y fijó su cierre en julio de 2013, 42 años después de su entrada en funcionamiento. Las empresas llegaron a reclamar al Gobierno un lucro cesante de 1.000 millones de euros por el cierre de la planta.

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Con el Gobierno de Rajoy, las cosas parecieron aclararse. El nuevo presidente se mostró partidario de mantener abierta la planta. Por eso recibió como una bofetada la decisión de Endesa e Iberdrola de ignorar la oferta de prorrogar la actividad de la central. Desde el Ministerio de Industria, se llegó a calificar la actitud de las eléctricas de "chantaje".

Al fin, todo puede quedar en pose y artificio. Desde la Fundación Renovables se destaca, en este sentido, que en este momento "cuando sobra capacidad eléctrica por la caída de la demanda, a nivel de 2004, sería un buen momento de plantear un plan de cierre de nucleares". Y en lugar de ello, señalan, Endesa e Iberdrola imponen sus intereses. "Desde el punto de vista de la seguridad" añaden, la prórroga es "una temeridad".

En este mismo sentido, Equo solicitó también ayer el cierre de Garoña y que el CSN no ceda a lo que califica de presiones de las eléctricas. El miércoles, otro acto.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se cubre las espaldas. El organismo encargado de supervisar las centrales ha solicitado nuevos informes a sus técnicos antes de dar el visto bueno a la prórroga de al menos un año para la central nuclear de Santa María de Garoña, la más antigua de España (se conectó a la red en 1971), que han solicitado sus propietarias, las eléctricas Endesa e Iberdrola. El CSN, reunido en sesión extraordinaria el lunes, volverá a tratar el asunto el miércoles, aunque la última palabra corresponde al Ministerio de Industria.

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