El Gobierno gravará un 1,2% los ingresos de las empresas energéticas y un 4,2% las comisiones e intereses netos de la banca con el fin de recaudar 7.000 millones de euros entre 2023 y 2024. Este tipo impositivo será de aplicación para las empresas energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año y para las entidades financieras que tengan una cifra de negocios que supere los 800 millones anuales. El Gobierno prevé un mecanismo de control, para evitar que esto repercuta en los precios de los clientes.
La iniciativa ha sido presentada por los grupos parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos este jueves en el Congreso. El impuesto temporal tratará de equilibrar una situación en la que varios shocks económicos han afectado de manera muy desigual a los sectores económicos, la subida de los precios energéticos y la elevación de los tipos de interés. Ambos factores han afectado positivamente a las grandes energéticas y entidades financieras, mientras que ha supuesto un lastre importante para el resto de agentes económicos. Estará en vigor entre 2023 y 2024.
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El Gobierno estima que la recaudación se producirá el 1 de septiembre de cada año, una vez que ya se conozca la cifra de negocios del ejercicio anterior, que se suele consolidar en el primer semestre del año. Existirá un primer pago del 50% en febrero, en base a una estimación, que se completará en el noveno mes del año una vez que se conozcan las mencionadas cifras definitivas.
Las empresas afectadas serán las grandes entidades energéticas y financieras, con algunas diferencias en los umbrales entre ambos sectores. En el primer caso, las energéticas, serán las empresas que facturen más de 1.000 millones de euros y que la parte energética suponga al menos más del 50% de la cifra de negocio. En el caso de las entidades, será aquellas que facturen un volumen de comisiones e intereses netos de más de 800.000 euros. A las primeras se les aplicará un 1,2%, y a las segundas un 4,2%. La diferencia se debe a que las entidades financieras reciben otros ingresos, más allá de las comisiones y los intereses, por lo que no estarían gravando todo volumen de facturación completo. Fuentes de Hacienda calculan que el 80% de los ingresos de los bancos vienen de comisiones e intereses.
La iniciativa tratará de impedir que las empresas afectadas por la medida impositiva trasladen este esfuerzo fiscal a los clientes, a través de subidas de precios. La sanción será de un 150% del importe trasladado al cliente. La supervivisión se cederá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, aunque no se han adelantado detalles de cuáles serán los criterios técnicos para calcular si se ha repercutido en el cliente o no.
El Gobierno gravará un 1,2% los ingresos de las empresas energéticas y un 4,2% las comisiones e intereses netos de la banca con el fin de recaudar 7.000 millones de euros entre 2023 y 2024. Este tipo impositivo será de aplicación para las empresas energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año y para las entidades financieras que tengan una cifra de negocios que supere los 800 millones anuales. El Gobierno prevé un mecanismo de control, para evitar que esto repercuta en los precios de los clientes.