La obra ha terminado como estaba previsto, aunque con polémica. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado, por tres votos a favor y dos en contra, el informe solicitado por Industria para modificar la orden de cierre de la central nuclear de Garoña, previsto para el 6 de julio por decisión del último Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Los votos a favor fueron los de los dos consejeros propuestos por el PP, Fernando Martí y Fernando Castelló más del propuesto por CiU, Antoni GurguÍ. Las dos consejeras propuestas por el PSOE, Cristina Narbona y Rosario López, votaron en contra. El lunes presentarán votos particulares.
En opinión de Narbona, Industria ha efectuado "una presión intolerable" sobre el CSN y sus técnicos, para imponer una decisión de carácter político que abre un peligro precedente para "autorizaciones express" en el sector nuclear.
Cuatro sesiones
Tras cuatro largos debates que han dividido al consejo, Industria ha impuesto su criterio. Y en plena negociación de la reforma energética, las eléctricas se han anotado un tanto. Garoña no será desmantelada. Durante un año, mientras se concretan los cambios anunciados en el sector energético, la planta estará en lo que se conoce como "parada fría", es decir, en disposición de operar, pero sin conexión a la red.
La central de Garoña, de 400 MW de potencia, es la más pequeña de España y la más antigua. Fue conectada a la red en 1971.Su tecnología, de General Electric, es similar a la de la central de Fukushima.
Detrás de la decisión que ha impuesto Industria, además de ideario y de promesas (el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha pronunciado siempre a favor de mantener abierta la central de Garoña) siempre a favor , hay dinero.
El ex consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Jorge Fabra, presidente de Economistas Frente a la Crisis destaca que la central, con 41 años de antigüedad, está totalmente amortizada.
Según los cálculos de Fabra, con la potencia de 400 MW, funcionando 8.000 horas al año hasta 2019 y a un precio medio de 55 euros MW-hora, la central ingresaríaa en torno a 560 millones de euros, con unos costes estimados en el mismo periodo de 320 millones. Negocio. Porque además, subraya Fabra, los mayores impuestos de los que se quejan las compañías "pasan completamente a la producción", es decir, acaban por pagarlos los usuarios.
Las empresas propietarias de la planta, Endesa e Iberdrola (asociadas en Nuclenor), han utilizado Garoña para echar un pulso al Gobierno popular, que les ofreció renovar la licencia de la instalación en octubre de 2012 hasta 2019. Ignoraron la propuesta y desairaron al Ejecutivo para oponerse a los nuevos impuestos al sector aprobados por Industria.
Nuevo escenario
Pero ahora, las cosas han cambiado. Quieren la prórroga. ¿Por qué? Narbona, de forma indirecta, da la respuesta: "Se ha instrumentalizado al CSN" sostiene "en la negociación que Industria está llevando a cabo con el sector". En otras palabras, las empresas creen que hay algo que ganar.
Las dos consejeras que han votado en contra consideran que Industria ha actuado por motivaciones políticas, presionando al CSN "de forma intolerable" al solicitar un informe muy sensible en tiempo récord (debía estar listo en cinco días).
La prueba de lo acelerado de los plazos está en que, frente al informe aprobado ayer, el que se ha elaborado sobre la hipótesis del cierre de la planta ha llevado 3.000 horas de trabajo, según explica Narbona, el 40% de la labor de los técnicos del organismo en los últimos seis meses. No sólo eso. Según la asesoría jurídica del CSN, explica Narbona, era perfectamente posible concluir los trámites del cierre sin impedir por ello que las empresas solicitaran una renovación posterior.
La estrategia de Industria para Garoña “rompe” el CSN y compromete a sus técnicos
Para las organizaciones ecologistas, la prórroga es una muy mala noticia. Francisco Castejón (Ecologistas en Acción) asegura al respecto que la decisión se ha adoptado "en un tiempo ridículo", erosionando al CSN y a la propia marca España.
También Equo se pronunció:“se trata de una muy mala noticia para la ciudadanía, que no gana nada con esta decisión, que nos aleja de un futuro sin nucleares, más limpio y seguro”. Su portavoz, Juan López de Uralde, ha afirmado que “no nos hace falta Garoña, tenemos electricidad suficiente si ésta central, por tanto, hay que preguntarse a quién beneficia que no cierre, porque desde luego a la ciudadanía no”. Para EQUO, está claro que estamos ante una maniobra de Endesa e Iberdrola,
El informe del CSN especiifica que la central deberá permanecer en situación de "parada segura y sin combustible". Como refuerzo de las condiciones, añade, impone la condición de que el titular no pueda introducir combustible en el reactor sin la autorización previa del CSN "si se modificase la Orden Ministerial (IET/1453/2012 de 29 de junio). Asimismo, el CSN advierte que para ponerla en marcha, exigiría modificaciones de diseño e inversiones recogidas en sus informes.
La obra ha terminado como estaba previsto, aunque con polémica. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado, por tres votos a favor y dos en contra, el informe solicitado por Industria para modificar la orden de cierre de la central nuclear de Garoña, previsto para el 6 de julio por decisión del último Gobierno de Rodríguez Zapatero.