El Gobierno y la patronal del seguro comienzan a diseñar el recorte de las pensiones

“El informe ya está hecho”, le replicó en el Congreso el diputado de la Izquierda Plural Joan Coscubiela al secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en referencia al documento sobre el factor de sostenibilidad –el mecanismo para ajustar la cuantía de las pensiones en función de parámetros demográficos y económicos– que debe elaborar antes del 31 de mayo un comité de expertos designado por el Ministerio de Empleo. A juicio de Coscubiela, es improbable que los 12 sabios puedan en poco más de un mes redactar un documento sobre un asunto de tanta “complejidad”.

Quizá aún no esté escrito pero, de momento, sí hay dos textos que marcan pautas. El primero es un “informe de partida”, como lo denominó el diputado de la Izquierda Plural, que ha remitido Empleo a los grupos parlamentarios y que delimita por dónde deberán ir los trabajos. Así, los expertos tendrán que considerar la evolución de la esperanza de vida, además de índices demográficos y económicos, para calcular tanto la evolución a medio y largo plazo del gasto en pensiones como la adecuación de las pensiones resultantes.

A continuación, Empleo enumera las principales “tendencias” que se han seguido en el resto de Europa para reformar las pensiones. Y todas van en la misma dirección: considerar toda la vida laboral para calcular la pensión, no aumentar los tipos de cotización, rebajar la actualización de pensiones y cotizaciones –congelándolas o vinculándolas a los salarios o a la productividad, y no sólo al IPC como ahora–, exigir un número mayor de años cotizados para cobrar el 100% de la pensión, aumentar la edad legal de jubilación y compatibilizarla con el trabajo. Es decir, pensiones de menor cuantía.

Cuenta individual con cotizaciones

El segundo informe lo presentó muy oportunamente el lunes el Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas, patrocinado por Unespa, la patronal del seguro, y en el que participan dos miembros del comité de expertos recién nombrado por el Gobierno: su presidente, el catedrático de Sociología Víctor Pérez Díaz, y el jefe de Estudios del BBVA, Rafael Doménech. También lo integran el ex presidente de la patronal de banca José Luis Leal, el ex secretario general de CCOO José María Fidalgo y el ex ministro socialista de Industria Juan Manuel Eguiagaray.

El grupo reclama “un cambio profundo” en el sistema de pensiones para garantizarle “un continuo equilibrio financiero”. Su propuesta consiste en sustituir el actual mecanismo de “prestación definida” por otro de “aportación definida”. A partir de los 50 años, cada trabajador tendrá una cuenta individual virtual (nocional, la llaman) en la que se sumarán las aportaciones –cotizaciones– realizadas a lo largo de su vida laboral. Cuando se jubile, la pensión equivaldrá al cociente entre esa suma y el número de años de esperanza de vida que se le calcule a su generación.

Ese cambio tendrá como primer resultado un recorte en la cuantía de la pensión: ahora equivale al 80% de la última nómina; con el nuevo sistema será el 70%. El segundo efecto, que permitirá planificar con antelación si se quiere recurrir a algún sistema de pensiones privado para completar una pública más exigua.

Según el diputado Joan Coscubiela, el informe de Unespa hace las veces de “poli malo”poli para que luego el de los expertos parezca un más digerible “poli bueno”poli. De hecho, acusó al sector español de las pensiones privadas, con la cuota más baja de penetración de Europa, de querer "aprovechar la crisis” para hacer negocio debilitando el sistema público. Tomás Burgos le respondió recordándole que el Pacto de Toledo defiende la complementariedad de los sistemas público y privado de pensiones desde 1995.

Intereses e ideología

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El responsable de la Seguridad Social también rebatió las acusaciones de Coscubiela sobre los “intereses económicos” y la “ideología” que, a su juicio, defienden buena parte de los 12 sabios del comité de expertos designado por Empleo, “directamente vinculados a entidades financieras y aseguradoras”. El comité de expertos lo preside el catedrático de Sociología Víctor Pérez Díaz, colaborador habitual de la Fundación FAES. También lo integran dos expertos relacionados con la CECA, la patronal de las cajas de ahorro, Manuel Lagares Calvo y Francisco Castellano Real, así como el director de Análisis y Estudios de Unespa, Miguel Ángel Vázquez Burgos. Le acompañan el subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde-Ruiz, y el economista jefe del BBVA, Rafael Doménech Vilariño. Además, hay dos expertos más en economía actuarial –evaluación de riesgos en seguros–, José Enrique Devesa Carpio y Mercedes Ayuso, y un especialista en mercados financieros, José María Marín Vigueras.

Completan el comité José Luis Tortuero, catedrático de la Universidad Complutense y autor de un estudio sobre la reforma del sistema de pensiones para el anterior Gobierno socialista, el catedrático Santos M. Ruesga, que ha representado a UGT en el Consejo de RTVE y el director del gabinete de estudios de CCOO, Miguel Ángel García Díaz.

“Seguro que los expertos tienen su ideología”, le contestó Tomás Burgos, “¡sólo faltaría! No vamos a hacer un comité de robots. Sus miembros tienen opiniones plurales y su objetivo será elaborar un informe técnicamente solvente”. El secretario de Estado aseguró que “lo único que les ha dicho el Gobierno es que el informe debe servir para reforzar el modelo de reparto, contributivo y de solidaridad inter e intrageneracional”. También negó que el comité “responda a ningún lobby o cuota empresarial, sindical o universitaria”. E invitó a Coscubiela a “abandonar las teorías conspiratorias”. “La política la hacemos nosotros”, abundó, “y será la política la que decida el factor de sostenibilidad, con las aportaciones de los técnicos”.