Los sindicatos han denunciado como una nueva “criminalización” de los desempleados el cambio de prioridades en la oferta de puestos de trabajo a los parados que el Gobierno madrileño está probando en cuatro de sus oficinas de empleo. Según ha informado la Cadena Ser, los empleados de esas cuatro oficinas han recibido por escrito la orden de dar prioridad a quienes estén cobrando la prestación sobre los de larga duración.
El objetivo parece ser reducir el gasto en prestaciones, pese a que no es la Comunidad de Madrid, sino el Ministerio de Empleo la entidad responsable de su pago. Las nuevas directrices obligan a los funcionarios a ofrecer los empleos antes a los parados con estudios de Bachillerato y de entre 20 y 45 años, precisamente los que más fácilmente recolocables.
Además, el Gobierno regional ha fijado un objetivo de sanciones del 8% a cada oficina de empleo para los parados que no acudan a las citaciones telefónicas masivas a que se les está sometiendo. La sanción se traduce en una pérdida de la prestación durante un mes. La emisora de radio asegura que, con esta práctica de control, el número de sanciones se ha multiplicado por cinco.
La consejera madrileña de Empleo, Ana Isabel Mariño, ha enmarcado el cambio de prioridades en la oferta de trabajo a los parados en un “proceso de modernización” de las oficinas de empleo de la Comunidad. Dice que se está probando en cuatro proyectos piloto para conseguir una mayor "empleabilidad" de los parados, "tanto de los que están cobrando el subsidio como los que no", y que, si funciona, se extenderá al resto de la red.
Persecución, injusticia, crueldad
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UGT ha denunciado que el Gobierno pretende con estas prácticas “ahorrar en prestaciones a costa de perseguir a los desempleados”. Y destaca que sólo en 2012 sólo se produjeron 3.247 bajas por incumplimiento de los parados de las políticas de empleo autonómicas, el 0,2% de los 1,7 millones de personas que participaron en ellas.
A juicio de CCOO, el Gobierno de Madrid está practicando "una gestión de las ofertas de empleo injusta y discriminatoria" y acusa a la Consejería de Empleo de justificarla "disfrazando una injusticia como un proyecto de I+D".
Para la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, que se discrimine así a los parados mayores de 45 años y a los de larga duración es “cruel”. Rodríguez ha acusado al Gobierno de ver a los desempleados “sólo como un gasto”. “No, un parado no es una prestación. En estos momentos un parado es una persona, pero además son una situación muy complicada [que sufre] toda su familia", explicó.
Los sindicatos han denunciado como una nueva “criminalización” de los desempleados el cambio de prioridades en la oferta de puestos de trabajo a los parados que el Gobierno madrileño está probando en cuatro de sus oficinas de empleo. Según ha informado la Cadena Ser, los empleados de esas cuatro oficinas han recibido por escrito la orden de dar prioridad a quienes estén cobrando la prestación sobre los de larga duración.