El 10,2% al que ha escalado la inflación en junio ha activado todas las alarmas. Alcanza los dos dígitos y devuelve a la economía a abril de 1985. Justo cuando se esperaban los efectos del tope a los precios del gas y apenas cuatro días después de que el Gobierno anunciara un nuevo paquete de medidas diseñadas para contener en 3,5 puntos porcentuales el IPC. Sin embargo, lo más preocupante, según coinciden todos los economistas a los que ha consultado infoLibre, no es la “anécdota” de los dos dígitos, sino el 5,5% en que se ha situado la inflación subyacente, la que excluye los precios de la energía y de los alimentos, y que es la más elevada desde agosto de 1993. Porque esa cifra revela que la inflación, hasta ahora originada por y restringida a la electricidad y el gas, se ha contagiado a todos los bienes y servicios. “Y una parte se va a quedar con nosotros muchísimo tiempo”, advierte José García Montalvo, profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. Más allá de la coyuntura del 10,2%, abunda, la herencia de esta crisis para España puede ser una inflación estructural superior al 2%.
Además de ser la más inflación más difícil de reducir, la subyacente es el índice en que fijan los organismos internacionales. Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, apunta en esa dirección: “Es lo que están diciendo los bancos centrales”. Se refiere a las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que exhibió este martes toda su dureza en un foro celebrado en Sintra (Portugal) cuando repitió que irá “tan lejos como sea preciso para combatir la inflación”, subiendo los tipos de interés tanto como sea necesario. El 1 de julio está previsto que el BCE ponga fin a sus compras de activos y el 21, que suba los tipos, cerrando así 11 años de congelación del precio del dinero. García Montalvo advierte, además, que esa subida será de medio punto, no de un cuarto como se creía hasta ahora.
El economista Javier Santacruz califica de “demoledor” el 10,2% del IPC adelantado –el definitivo no se confirmará hasta mediados de julio–, pero no duda en elevar a “monstruoso” el 5,5% de la inflación subyacente. A su juicio, la prioridad de la política económica en España ahora debe ser controlar la inflación. “Se nos ha ido de las manos”, resalta, “y ahora está enquistada en toda la economía”. Aunque con el índice adelantado el INE no desglosa aún qué bienes o servicios se han encarecido más, sí apunta que el principal culpable de que los precios hayan crecido un 1,8% respecto a mayo son los carburantes y los alimentos, aunque el tercer responsable son los hoteles, bares y restaurantes, que están iniciando su temporada de máxima actividad. Ese tirón de la demanda en un sector tan importante en España puede hacer saltar más aún el IPC este verano, concede Santiago Carbó, quien da por “perdido” este año en lo que a contener los precios se refiere.
Aunque, subraya, el “gran problema” es que las expectativas de inflación están “desancladas”. Es decir, los ciudadanos ya la esperan. Y actúan en consecuencia. En Estados Unidos, matiza García Montalvo, las expectativas de inflación están disparadas; en Europa, aún no tanto… “Pero es una inercia difícil de frenar”, precisa. De hecho, según un informe elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), Global Consumer Insights Survey 2022, la inflación ya ha cambiado los hábitos de consumo en todo el mundo. En España, el aumento de los precios de la alimentación supone un problema para el 57% de los consumidores digitales y para el 69% de los que compran en tiendas físicas. Así, el 47% de los españoles encuestados dice que reducirá sus compras de productos de lujo, el 34% recortará en restaurantes, el 31% en viajes, el 36% en bebidas alcohólicas, el 23% en moda…
Enfriar la economía
Y eso que, de acuerdo con los últimos datos del Banco de España, el ahorro de las familias lleva nueve meses consecutivos de subidas, por lo que ha crecido un 6,1% respecto a mayo de 2021. Desde que comenzó la pandemia, el aumento ha sido mayor: un 15,6%. Paradójicamente, ese ahorro embalsado durante los dos últimos años está aumentando la demanda y disparando a su vez los precios. Así que la receta que dan los economistas es enfriar la economía. “Hay que frenar en seco ese consumo”, resume Javier Santacruz. Alude al de las rentas medias y altas, que lo han disparado, mientras un tercio de la población, la de rentas bajas, hace esfuerzos titánicos por pagar una cesta de compra que se ha convertido en inasumible. A su juicio, para enfriar la economía y frenar la inflación, la única solución es subir los tipos de interés. “El pacto de rentas ya no sirve, ni las políticas fiscales ni bajar impuestos ni poner topes al gas”, rechaza categórico. Según recalca, además, cuanto más se tarde en subir el precio del dinero, más aumenta el riesgo de recesión. Pero si ésta es corta y “técnica”, será menos contundente y se podrá recuperar antes el crecimiento. Carbó coincide y considera viable una recesión “corta y sin pérdida de empleo”.
Santacruz confía en un efecto “bastante rápido” de la medida del BCE, que cree que debería ser de medio punto en julio y otro medio punto en septiembre. En cambio, José García Montalvo le rebate: subir los tipos de interés no será “muy eficaz”. En Estados Unidos, que tiene un problema de demanda, las alzas decididas por la Reserva Federal tendrán su efecto, explica, pero en Europa, que sufre un shock de oferta, las subidas del BCE no conseguirán el resultado deseado. En el otro lado del Atlántico, el paro es mínimo, mientras que en la UE y en España se duplican las cifras norteamericanas y el precio a pagar, por tanto, es mucho mayor y difícilmente asumible. “Hay que hacerlo [subir los tipos], pero no es la solución”, remata.
Posibles soluciones
Por el contrario, el profesor de la Pompeu Fabra considera que el Gobierno no debe recalentar la economía y sí adoptar políticas de oferta, como un “muy complicado” pacto de rentas, que incluya tanto salarios como márgenes empresariales. También cree eficaces medidas como las adoptadas en Alemania, que ha mejorado en junio su IPC respecto a mayo y respecto a las previsiones –aun así alcanzando un 8,2% de inflación–. El Gobierno de Olaf Scholz aprobó un abono transporte de nueve euros, además de descuentos en la compra de combustibles –35 céntimos por cada litro de gasolina, de los que 30 corresponden al impuesto sobre la energía y cinco al IVA; para el gasoil son 17 céntimos, 14 por el impuesto sobre la energía y tres por el IVA– y la eliminación del gravamen especial de la luz de 3,72 euros el kWh. El Gobierno español, por su parte, acaba de aprobar un descuento del 50% en los abonos de Renfe y autobuses, así como la prórroga hasta diciembre de la rebaja de 20 céntimos de los carburantes, el recorte del IVA de la electricidad del 10% al 5% y un nuevo impuesto para gravar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas.
Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, recomienda precisamente aplicar “presión” a las empresas petroleras aplicándoles un impuesto sobre sus beneficios extraordinarios, de la misma manera que se quiere hacer con las eléctricas. “No es de recibo que el combustible esté ahora por encima de los dos euros el litro cuando el barril no llega al precio de 2008, y entonces no superaba los 1,3 euros”, protesta. “Aquí hay alguien que se está aprovechando”, advierte.
Todos los economistas consultados rechazan la subvención generalizada de 20 céntimos en los carburantes. Por ineficaz. “Se la ha comido el mercado”, coinciden. Pero como generar una “explosión social” tampoco es deseable, sí recomiendan ayudas “muy tasadas” y dirigidas a los más vulnerables. Generalizándolas se pierde el impacto y se dilapidan, sostienen. Carbó apunta una tercera medida, ya bien publicitada en Alemania pero no aún en España: el ahorro energético. Lo mismo dice Santacruz, que invita a estimular el uso del transporte público mediante descuentos en los abonos.
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Sobre el tope al gas, que no parece haber funcionado aún para rebajar la inflación a tenor de la última subida, los expertos aseguran que terminará consiguiéndolo. De hecho, un primer análisis llevado a cabo por tres profesores de la Universidad Complutense, Rafael Salas, Miguel Jerez y Francisco Álvarez, concluye que ya se ha producido el desacople del precio mayorista de la electricidad y el gas, y que, de media, el precio de la tarifa regulada de la luz ha bajado ya un 14,1%. Por lo que es de esperar que ayude a rebajar el IPC en los próximos meses. “Pero, desde luego, no los 3,5 puntos que prometió el presidente del Gobierno”, opone García Montalvo, en referencia al impacto que Pedro Sánchez atribuyó a su decreto anticrisis el pasado fin de semana.
Faltan los salarios
“Ahora hay que esperar cuál va a ser la respuesta de los salarios”, avanza Josep Oliver. Aún no han subido. Hasta mayo, los registrados en los convenios colectivos se han quedado en el 2,4% de subida, según la estadística del Ministerio de Trabajo. Es decir, muy lejos de lo que se ha encarecido el coste de la vida. Y tanto el acuerdo marco salarial entre patronal y sindicatos como el pacto de rentas parecen una entelequia tras la ruptura de las negociaciones del primero a principios de mayo. “Es muy difícil explicar a la ciudadanía que hay que aguantar unos meses para que la subida de tipos de interés haga su trabajo, rebaje la inflación y se elimine la presión de igualar los salarios al IPC”, admite Javier Santacruz. En su opinión, si se suben ahora los sueldos, la inflación se quedará “años” y la economía volverá a los años 80.
Santiago Carbó prefiere recuperar el pacto de rentas como instrumento para contener salarios y márgenes empresariales. También confía en que el pico de actividad estival del turismo ayude a evitar la recesión. “Pero desacelerar, vamos a desacelerar todos [los países]”, advierte. Pese a las incertidumbres, García Montalvo no ve inevitable un “septiembre negro”. Por el contrario, fuentes del Ejecutivo admiten a infoLibre su “preocupación” por un futuro económico incierto una vez concluida la temporada alta del turismo y el empleo.
El 10,2% al que ha escalado la inflación en junio ha activado todas las alarmas. Alcanza los dos dígitos y devuelve a la economía a abril de 1985. Justo cuando se esperaban los efectos del tope a los precios del gas y apenas cuatro días después de que el Gobierno anunciara un nuevo paquete de medidas diseñadas para contener en 3,5 puntos porcentuales el IPC. Sin embargo, lo más preocupante, según coinciden todos los economistas a los que ha consultado infoLibre, no es la “anécdota” de los dos dígitos, sino el 5,5% en que se ha situado la inflación subyacente, la que excluye los precios de la energía y de los alimentos, y que es la más elevada desde agosto de 1993. Porque esa cifra revela que la inflación, hasta ahora originada por y restringida a la electricidad y el gas, se ha contagiado a todos los bienes y servicios. “Y una parte se va a quedar con nosotros muchísimo tiempo”, advierte José García Montalvo, profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. Más allá de la coyuntura del 10,2%, abunda, la herencia de esta crisis para España puede ser una inflación estructural superior al 2%.