La consigna es: “Hay que tomar las calles”. Cerca de cuarenta organizaciones sociales han convocado este domingo, 13 de octubre (13O), una manifestación en Madrid unidas bajo el lema La vivienda es un derecho, no un negocio. Siguen la estela de otras protestas que ya habían brotado en distintos puntos del país para reivindicar un turismo sostenible, pero buscan centrar el foco en el problema en el que se ha convertido para muchos “acceder a un lugar donde vivir” y que el 13O sea “el pistoletazo de salida de un proceso de movilización social más amplia y duradero en el tiempo” hasta lograr “cambios reales”.
En el caso de la Comunidad de Madrid, los precios de venta de la vivienda siguen acrecentándose por encima de la media nacional. Lo hizo, según datos del Consejo General del Notariado, entre agosto de 2023 y el mismo periodo de este año más de un 5%. Mes en el que, según el índice de precios del portal Idealista, el alquiler alcanzó su máximo histórico en la capital, con una media de casi 20 euros por metro cuadrado.
El 77% de los habitantes de la ciudad destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Y el 40%, incluso más del 40%. De acuerdo a lo reflejado en un informe de Más Madrid, el parque actual es de 1.537.927 unidades, de las que 211.012 no están destinadas a residencia principal, dado que 80.000 son oficinas o para usos terciarios, 30.000 pisos turísticos y unas 97.178 están vacías.
“Las rentas en general no paran de subir, los desahucios de familias continúan, los pisos turísticos se multiplican, los fondos buitre están expulsando a los vecinos, las casas de San Fernando de Henares se siguen hundiendo por el desastre de la línea 7B de Metro y la Cañada Real sigue sin luz”, resumen fuentes de las entidades madrileñas organizadoras de la marcha del domingo, quienes añaden que “en Madrid se están llevando a cabo políticas urbanísticas que favorecen la especulación frente al bienestar de la mayoría social”.
"Son representantes inmobiliarios en la Asamblea"
Esta semana, a las puertas de la protesta, el PP madrileño que lidera Isabel Díaz Ayuso ha frenado en la Asamblea autonómica una proposición de Más Madrid “para que la vivienda pública protegida lo sea para siempre, no por un periodo tras el que pasar al mercado”, explica el diputado y portavoz de Vivienda de esa formación política, Jorge Moruno. “Se han cerrado en banda”, lamenta, aunque sin sorpresa. Habían “votado que ‘no’ antes a declarar zonas de mercado tensionado, a aplicar el derecho al tanteo y al retracto, que impediría, por ejemplo, que fondos buitres compraran edificios enteros para subir los precios, porque la administración tendría la prioridad para poder comprarlo; o a elevar el presupuesto en vivienda pública hasta los 1.800 millones al año para equipararnos a la inversión por habitante en Viena”, enumera. “Se oponen a todo tipo de herramientas administrativas y legislativas que servirían para facilitar el acceso a la vivienda”, condensa. Y dicen 'no' a “todo lo que es de sentido común en la mayoría de los países de Europa”.
A juicio de Moruno, “viven en una burbuja, en un terraplanismo inmobiliario”. “La propia Ayuso nos ha acusado de tener ideas de niños de 14 años, cuando lo que proponemos es lo que funciona en los países con los mejores modelos de vivienda del mundo. Son sectarios, tienen una estructura mental autárquica y son incapaces de ver lo que funciona”, sintetiza el diputado de Más Madrid.
Relata que un diputado del PP le llegó a espetar en sede parlamentaria que “eso de Viena es un modelo que 'no ha copiado nadie' porque 'no es bueno', mientras que 'lo que sí se va a copiar y se va a estudiar' es 'el modelo de vivienda con algún tipo de régimen de protección pública de Madrid'”. Engarza que, según ellos, el “Plan Vive”, es "el plan de vivienda asequible más ambicioso de Europa, cuando han entregado en seis años 500 viviendas, mientras solo Viena, que tiene dos millones de habitantes, construye y rehabilita entre 5.000 y 7.000 al año”, lanza.
“Son como el perro del hortelano, ni hacen ni dejan hacer”, incide Moruno, para apostillar luego que ejercen de “testaferros del lobby inmobiliario y se ocupan, sobre todo, de blindar el margen de rentabilidad y los beneficios de intereses privados”. “No hacen política de vivienda, son representantes inmobiliarios en la Asamblea de Madrid”, asevera.
Se centra en Ayuso para afearle que tampoco haya dado explicaciones sobre su situación personal, después de hacerse público que disfruta de una vivienda incluida en la madeja judicial y mediática que se ha abierto tras haber sido su pareja, Alberto González, acusado de presuntos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. “Han privatizado el comunismo, han inventado el comunismo oligárquico. Ayuso ni paga hipoteca ni paga alquiler. Vive en un ático de 200 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, pero no quieren que el resto de los madrileños pueda vivir dignamente. No puede ser que la espiral de los precios aspire el dinero de la gente todos los meses, que tengan dos aspiradoras, el patrón y el casero”, concluye.
Competencias sin fondos
Cristina González, diputada del PSOE en la asamblea de Madrid, confirma que la presidenta madrileña “ni ha aclarado ni pretende aclarar nada sobre su situación personal” y que “no dice que sí a nada de lo que se plantea desde la oposición”. Anota que los socialistas han abogado por que “se aumentara el parque público hasta llegar al 9%, que es la media europea”, pero “dijeron que ‘no’, como a que se ampliara el Bono Joven de Alquiler, cuya gestión ha sido de las peores, respecto a la de otras comunidades, con diferencia”, se queja.
“El dinero que se está poniendo para las pocas ayudas que dan -une-, viene de los fondos europeos y del Plan Estatal de Vivienda del Gobierno. En éste hay programas a los que las comunidades pueden adherirse, como las ayudas al alquiler para jóvenes y otras más genéricas y para colectivos. Entre las unas y las otras, en cuatro años, la Comunidad de Madrid no ha destinado más de un millón de euros adicionales”.
González mira hacia atrás para aportar que Ayuso se ha negado igualmente “a regular las zonas con mercados tensionados, sin ningún tipo de justificación”, y pese a que municipios como Parla, Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Rivas, Ciempozuelos, San Fernando, Coslada y Velilla lo han solicitado. Es más, los nueve ayuntamientos de esas localidades barajan armar una iniciativa legislativa popular, dado que “no se les está dejando actuar”.
Y hay más negativas. “Hemos solicitado que se cerrasen los pisos turísticos ilegales, que repercuten directamente en el alza de precios y no se ponen en el mercado, pero tampoco se ha hecho nada”, censura la diputada. Con todo, el Grupo Socialista confía aún en que “pueda llegar al pleno un proyecto de ley” que presentaron hace unas semanas para modificar la norma de la comunidad que "deja descalificar las viviendas al cabo de unos años”.
González quiere dejar claro que “la comunidad tiene las competencias en vivienda, pero se está limitando a decir que todo lo que tiene que ver con las subidas de precios es por la Ley de Vivienda, que no están aplicando. Mientras en Cataluña, donde sí funciona desde hace un tiempo, se ha demostrado que los precios han bajado entre un 3 y un 5%”.
Cierra remarcando la idea de que, “no sólo es que se oponga a lo que proponemos los demás, es que es de las comunidades que menos dinero pone para las políticas de vivienda y que más ha subido los precios de la vivienda de protección. De hecho, hay sitios en los que los ha elevado a un 57% y sale más barato una vivienda del mercado libre que una de protección”, advierte.
Calendario de protestas
Además de la manifestación de Madrid, en Barcelona este domingo, la plataforma No a la Copa América 2024, con el apoyo de organizaciones como el Sindicat de Llogateres i Llogaters, han convocado otra contra ese evento, la Copa de América de Vela, que se celebra en la capital catalana. Y hay más protestas ciudadanas en el horizonte.
El próximo 19 de octubre, por ejemplo en Valencia, la plataforma Valencia s’ofega -Valencia se ahoga- ha llamado a salir a la calle para demandar que la capital se declare zona tensionada. Y ese mismo día en Alicante habrá igualmente una marcha a la que varias organizaciones animan a acudir bajo el lema Casas para vivir. Más adelante, el 9 de noviembre, el movimiento vecinal Málaga para Vivir, ha fechado otra manifestación en esa capital andaluza para reclamar “una ciudad orientada al bienestar de sus habitantes y no a la especulación inmobiliaria”. Algo se mueve.
La consigna es: “Hay que tomar las calles”. Cerca de cuarenta organizaciones sociales han convocado este domingo, 13 de octubre (13O), una manifestación en Madrid unidas bajo el lema La vivienda es un derecho, no un negocio. Siguen la estela de otras protestas que ya habían brotado en distintos puntos del país para reivindicar un turismo sostenible, pero buscan centrar el foco en el problema en el que se ha convertido para muchos “acceder a un lugar donde vivir” y que el 13O sea “el pistoletazo de salida de un proceso de movilización social más amplia y duradero en el tiempo” hasta lograr “cambios reales”.