Una subida salarial de casi el 8% para los funcionarios en los próximos tres años. Esa fue la propuesta que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvió a poner en enero sobre la mesa de negociación que mantiene abierta con los sindicatos de empleados públicos. En una reunión con el presidente del CSIF, Miguel Borra, el ministro volvió a recuperar la oferta que les había plantado el pasado mes de septiembre, con la crisis en Cataluña incendiando el panorama político y con tiempo por delante para presentar dentro de plazo los Presupuestos Generales del Estado de 2018: un incremento fijo en los tres siguientes ejercicios del 5,25% y otro variable, que podría alcanzar el 2,5% en función de la senda que siga la economía en 2018, 2019 y 2020.
En concreto, la propuesta de Hacienda contempla una subida fija del 1,5% en 2018, 1,75% en 2019 y un 2% en 2020. A esto habría que añadir, luego, una parte variable del 0,25% este año y del 0,5% en cada uno de los dos ejercicios siguientes si se cumple la previsión de crecimiento del PIB del Gobierno o si queda sólo una décima por debajo. Esos incrementos serán mayores si la previsión se supera en cuatro décimas: 0,5% en 2018 y 0,75% en 2019 y 2020. A todo esto, además, se podría añadir un alza del 0,5% más si España cumple con los objetivos de déficit en 2020. Es decir, que el incremento para los próximos tres años será del 5,25% en el peor de los escenarios y del 7,75% en el mejor.
No obstante, según publicó Abc publicó, Hacienda estaba barajando vincular parte del aumento de salario en 2018 a la productividad de los empleados públicos, un movimiento para el que se estarían estudiando varias fórmulas. El Confidencial también señaló que el ministerio, además del aumento de los sueldos, quiere extender a buena parte de la Administración General del Estado cláusulas de rendimiento para que los funcionarios puedan recibir un complemento variable en función de los resultados obtenidos.
Sin embargo, desde el CSIF aseguran a infoLibre que durante la reunión que mantuvo su presidente con el ministro esta cuestión no se puso sobre la mesa. "Sólo se planteó que se ligaría la subida salarial al crecimiento del PIB y al cumplimiento de los objetivos de déficit", explica Francisco Iglesias, vicepresidente del sindicato. Y lo mismo señalan desde CCOO. "En mi opinión, eso es un globo sonda. A nosotros no nos consta que nadie esté barajando vincular a la productividad una parte de los incrementos", sostiene Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones.
¿Cómo se calcula la productividad?
En las distintas Leyes de Presupuestos Generales del Estado se ha venido definiendo la productividad como "el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo". Pero, ¿cómo se calcula en el sector público? ¿En base a qué criterios? Iglesias explica que se debe hacer "en base a criterios objetivos, cuantificables y totalmente transparentes". Sin embargo, como apunta Olmos, "cada sitio es un mundo". Por lo general, según dicen desde el CSIF, aquellos organismos que apuestan por los complementos de productividad miden esta variable en función del cumplimiento de ciertos "objetivos cuantificados". "Si los cumples hay subida y si no, pues no", asevera Iglesias.
Un ejemplo de este modelo se puede encontrar en la Agencia Tributaria. El Plan Especial de Intensificación de Actuaciones de 2017, firmado por sindicatos y el propio organismo dependiente de Hacienda, primaba a los empleados adheridos que cumplieran con el compromiso de realizar a lo largo del año 12 horas extra –en un primer momento se plantearon 32–. El acuerdo contemplaba dos pagos a cuenta que oscilaban entre 150 euros cada uno en el caso del grupo A1 y 65 euros en el del grupo E más unas cantidades extra en función del cumplimiento de objetivos, que ese año estaban vinculados, además de a los resultados obtenidos en la prevención y control del fraude tributario y aduanero, a la recaudación total del IVA.
En el caso del Ministerio de Empleo, el dirigente de CCOO explica que en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) "la productividad ordinaria se calcula por lo general en función del número de expedientes resueltos y del tiempo medio de resolución de los expedientes", aunque aclara que puede ser "variable" porque no es lo mismo "que un técnico resuelva una prestación por desempleo ordinaria a que le toque resolver todas las prestaciones vinculadas a un ERE". Si se presta atención a Interior, otro ejemplo lo podemos encontrar en los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, cuyo complemento por productividad quedó ligado en 2016 al absentismo y a la eficiencia de los centros, que se calculaba en función de la sobreocupación, del número de internos participando en programas y de las evasiones y muertes violentas.
En el caso de jueces y magistrados, Olmos señala que su rendimiento se mide, por lo general, en base al "desatasco de asuntos pendientes o a asuntos resueltos", algo que, en el sector, ha provocado algunas tiranteces porque "te computa igual un caso muy complejo que uno sencillo". "Bastante desarrollado", continúa, tienen el modelo de rendimiento en el sector sanitario, en el que se computa en función de parámetros como "la optimización en gasto de medicamentos, tiempos medios de respuesta...". "En algunos servicios es sencillo el cálculo y está pactado y acordado con las organizaciones sindicales. Sin embargo, en otros casos es muy difícil cuantificarlo", resume el vicepresidente del CSIF en conversación telefónica con este diario.
Un cómputo transparente
A pesar de las informaciones publicadas, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO tampoco cree que los tiros vayan a ir por la extensión de estos modelos a todo el sector público. "Sobre la posible implantación más masiva de la evaluación del desempeño, la Administración General del Estado sí que hizo tanteos en su momento. Lo que pasa que al final todo lo que quieras implantar cuesta dinero. No me da la impresión de que sea algo que vayamos a encontrarnos de manera generalizada. No me cuadra mucho que vayan a ir por ahí los tiros", sentencia. Desde el CSIF afirman que están abiertos a sentarse a negociar, pero siempre "sobre criterios objetivos, cuantificables y totalmente transparentes".
"Lo que no estamos dispuestos es a aceptar que se repartan productividades como se han repartido a directivos y altos cargos de la administración al libre albedrío del responsable de cada organismo", apunta Iglesias. El último ejemplo de este tipo saltó a la palestra el pasado mes de diciembre, cuando el diario El Independiente desveló que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias había decidido repartir una bolsa de productividad sólo entre los directivos de las prisiones. Este movimiento posibilitó que gerentes y subdirectores cobrasen en la nómina de diciembre entre 1.800 y 2.184 euros adicionales a su retribución mensual. La decisión causó gran malestar en los sindicatos. Prisiones defendió el reparto del plus por la "especial responsabilidad" de esos cargos.
Los funcionarios del Estado se manifestarán para exigir equiparación salarial: nunca menos de 1.200 euros
Sobrevolando el sector público desde hace una década
La productividad, tan complicada de medir, no es nueva. Lleva más de una década sobrevolando el sector. En 2007, el Estatuto Básico de los Empleados Públicos introducía como un "elemento fundamental" de la nueva regulación la "evaluación del desempeño" de los funcionarios, algo que las Administraciones deben establecer "a través de procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad y transparencia". "La evaluación periódica deberá tenerse en cuenta a efectos de la promoción en la carrera, la provisión y el mantenimiento de los puestos de trabajo y para la determinación de una parte de las retribuciones complementarias, vinculadas precisamente a la productividad y el rendimiento", señalaba la norma.
En noviembre de 2010, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, volvió a poner de nuevo esta variable sobre la mesa al anunciar que el Ejecutivo capitaneado por José Luis Rodríguez Zapatero estaba trabajando en una fórmula que permitiese ligar más el sueldo de los funcionarios a la productividad. Los sindicatos criticaron entonces que se estuviera intentando vender "humo" por plantear una medida que ya se recogía en el Estatuto de los Empleados Públicos. Cinco años después, en 2015, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, propuso ligar el salario de los profesores a los resultados académicos de los centros. Ambas propuestas quedaron en papel mojado.
Una subida salarial de casi el 8% para los funcionarios en los próximos tres años. Esa fue la propuesta que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvió a poner en enero sobre la mesa de negociación que mantiene abierta con los sindicatos de empleados públicos. En una reunión con el presidente del CSIF, Miguel Borra, el ministro volvió a recuperar la oferta que les había plantado el pasado mes de septiembre, con la crisis en Cataluña incendiando el panorama político y con tiempo por delante para presentar dentro de plazo los Presupuestos Generales del Estado de 2018: un incremento fijo en los tres siguientes ejercicios del 5,25% y otro variable, que podría alcanzar el 2,5% en función de la senda que siga la economía en 2018, 2019 y 2020.