La espita del gas la abrió la Autoridad Fiscal Independiente, Airef, con un informe publicado en julio. El mechero lo prendió luego la Comisión del Pacto de Toledo a finales de octubre, en su recomendación número 16 de las 22 en total formuladas sobre los fondos de pensiones. Al referirse a planes de pensiones privados, se incluía la recomendación de que "la gestión de estos mecanismos debe ser más transparente de lo que ha sido hasta ahora, de manera que los costes de administración por las entidades promotoras no comporten rendimientos negativos para los ahorradores".
En otras palabras, la nueva guía del Pacto de Toledo, que este jueves 19 de noviembre fue aprobado en el Congreso con la abstención de Vox, ERC y Bildu y el voto en contra de dos diputados de las CUP, propone fomentar los planes de pensiones de empresa que tan bien funcionan en País Vasco y dejar de bonificar los planes de pensiones privados. De hecho, las pensiones públicas aportan más rentabilidad que el 95% de planes privados, según un estudio reciente del Banco de España.
¿Tienen planes de pensiones los principales líderes políticos del país, tanto en el Gobierno como en la oposición? En el país hay ocho millones de planes privados aproximadamente. Y 2,5 millones de planes de empresa, la mayoría pertenecientes al personal funcionario (el mayor de todos se llama Gestión de Previsión y Pensiones, GPP, controlado por BBVA y participada por CCOO y UGT) excepto en Euskadi, donde cuenta con un plan de empresa la mitad de los trabajadores en activo, casi medio millón de socios.
En el Gobierno hay al menos ocho miembros con uno o más planes de pensiones individuales, ninguno de Unidas Podemos. Y todavía no se conoce la declaración de bienes de seis de ellos: Carolina Darias, Arancha González Laya, José Manuel Rodríguez Uribes, Salvador Illa, José Luis Escrivá o Manuel Castells (este último por Unidas Podemos). Ninguno de los seis se presentó como diputado en las listas para las últimas elecciones generales, por lo que, según explican desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública -encargado de publicar las declaraciones de bienes del Ejecutivo-, las posesiones inmobiliarias y ahorros de los seis ministros se publicarán en el primer trimestre del año que viene, tal como marca la ley. Escrivá reconoció un patrimonio en 2014 superior a 2 millones de euros como presidente de Airef, cargo en el que estuvo hasta enero pasado.
Celaá y Duque, los mayores patrimonios
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez tiene un plan de pensiones privado de 104.091,73 euros en la última declaración publicada. Su predecesor, Mariano Rajoy, también poseía uno de estos productos financieros. José Luis Rodríguez Zapatero no; o no al menos cuando dejó la Presidencia del Ejecutivo, a finales de 2011.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, posee dos planes de pensiones privados con ahorros de 100.000 euros sumando ambos: uno con el Banco Santander con 84.474 euros y otro en Nationale Nederlanden con 18.342 euros, según la declaración publicada en diciembre de 2019.
El titular de Transportes y responsable de Organización del PSOE José Luis Ábalos gestiona un plan individual por valor de 30.000 euros. Su homólogo de Justicia, Juan Carlos Campo, cuenta con otro plan de pensiones privado con ahorros de 111.201 euros.
La ministra de Defensa Margarita Robles posee un plan con 87.793 euros. Robles también gestiona una cuenta de inversión de 385.000 euros -se trata de una cuenta de valores que permite invertir en bolsa a través de acciones o bonos-.
Ni Abascal ni Casado tienen
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Es conocido que la ministra de Educación, Isabel Celaá, es una de las diputadas y miembros del Gobierno con mayor patrimonio. En su declaración constan 2,5 millones de euros en dividendos de acciones cotizadas en Bolsa. Igualmente, tiene un plan de pensiones privado dotado de 107. 421 euros y medio millón de euros invertido en fondos de inversión y acciones.
La responsable de Industria, la vallisoletana Reyes Maroto, tenía a finales de 2019 un plan de pensiones con de 43.327 euros. Y Pedro Duque -otro de los ministros con mayor patrimonio- tiene como mínimo 69.000 euros en un plan de pensiones. También un millón de euros en productos y activos financieros
Solo tres portavoces, entre ellas la presidenta del Congreso y de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja Meritxell Batet, tienen planes individuales de pensiones. Batet posee uno con 24.151,68 euros. Iván Espinosa de los Monteros (Vox) otro con 63.757 euros; finalmente, Cuca Gamarra, portavoz del PP desde agosto cuando Cayetana Álvarez de Toledo fue destituida polémicamente, tiene un plan con 48.745 euros. Ni Pablo Casado ni Santiago Abascal cuentan con planes de pensiones privados, de acuerdo con la última declaración de bienes de ambos.
La espita del gas la abrió la Autoridad Fiscal Independiente, Airef, con un informe publicado en julio. El mechero lo prendió luego la Comisión del Pacto de Toledo a finales de octubre, en su recomendación número 16 de las 22 en total formuladas sobre los fondos de pensiones. Al referirse a planes de pensiones privados, se incluía la recomendación de que "la gestión de estos mecanismos debe ser más transparente de lo que ha sido hasta ahora, de manera que los costes de administración por las entidades promotoras no comporten rendimientos negativos para los ahorradores".