El próximo 26 de julio, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital subastará 3000 megawatios de potencia en nuevas instalaciones de energías renovables que deberán estar conectadas a la red antes de 2020. La subasta se produce, en parte, para recoger la gran cantidad de potencia ofertada que no se adjudicó en la subasta del 17 de mayo.
Pero la convocatoria ha extendido el malestar en el sector de las renovables. Aunque las asociaciones de empresas energéticas celebran que se produzca una nueva subasta, la mayoría critica el modelo y la precipitación de la convocatoria. El director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), José Donoso, asegura que su sector no está para nada de acuerdo con el modelo: “Creemos que debería haberse hecho otro sistema. Tenemos un modelo caótico e inhomologable”, sostiene. Y critica que las empresas“van a un concurso en el que no se sabe cuánto se va a cobrar”.
José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa), lamenta “esta situación de improvisación y de querer correr”. Y Juan Virgilio, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), coincide: “Ha sido precipitada y oportunista, viendo el resultado de la anterior”. La complejidad y variabilidad del sistema retributivo trae de cabeza al sector, explica. “La regulación no ayuda. El diseño es tan complicado que hay dudas y llegan los problemas de legalidad”. “Los parámetros retributivos”, añade, “cambian cada tres años”.
En cambio, Eduardo Montes, presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), de la que forman parte las grandes eléctricas españolas cuyo núcleo de negocio nada tiene que ver con las renovables, se muestra satisfecho con la subasta- Montes alaba “la ventaja de que es un sistema muy transparente” y rechaza las críticas al modelo de la subasta: “Aunque es complejo, se basa en parámetros estándar”. Y trata de restar importancia a la inseguridad de la retribución a las empresas subrayando que “una de las misiones del inversor es asumir riesgos”.
Discriminación por tecnologías
La última subasta, en la que la energía eólica se adjudicó la práctica totalidad de los 3.000 megawatios a concurso, causó malestar entre las empresas de otras tecnologías, sobre todo de la fotovoltaica. El sistema, en caso de empate en el precio ofrecido, prioriza la oferta que tenga más horas de funcionamiento en su instalación tipo de referencia (2.367 en el caso de la fotovoltaica y 2.800 en el de la eólica). La adjudicación del 26 de julio, además, deja fuera al resto de tecnologías.
José Donoso, director general de Unef, apostilla que el sistema es “discriminatorio, porque, con el mismo precio, dejó fuera a la fotovoltaica” en la pasada subasta. Y Virgilio, de la AEE, indica que el sector de la eólica tiene una “penalización por tiempo, porque tardamos más en construir la planta”, aunque reconoce que en caso de empate en precio “la eólica tiene ventaja”.
José María González Moya, de la Appa, propone una solución: “Nos gustaría que hubiera subastas diferenciadas entre tecnologías, porque los recursos renovables son heterogéneos”, añade.
El contrapunto lo ofrece, de nuevo, Eduardo Montes, presidente de Unesa: “la tendencia en Europa es ser neutro con respecto a las tecnologías. Es una subasta muy competitiva”.
Falta de planificación
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya anunció en mayo que se realizaría una nueva subasta, aunque el Ministerio de Energía no hizo pública la fecha hasta el 28 de junio, con menos de un mes de antelación.
Juan Virgilio, director general de la AEE, critica duramente que esta subasta del 26 de julio “no estaba prevista”. “Las empresas participaron en la del 17 de mayo creyendo que era la última”, y añade que “si lo hubieran sabido con tiempo se habrían preparado mejor”.
El director general de Unef, José Donoso, no comparte esta opinión, y señala que muchas empresas tienen los proyectos y documentos preparados por la pasada subasta. “La fecha no nos parece crítica”, afirma.
Objetivos 2020
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El ministro de Energía, Álvaro Nadal, declaró el pasado 28 de junio que, con esta nueva adjudicación de potencia, España llegará al 19,5% de consumo de energías renovables, prácticamente el 20% que quiere alcanzar la Unión Europea para 2020, partiendo de los datos de 2015 que reflejaron una tendencia decreciente alarmante.
Montes, de UNESA, está de acuerdo con estas previsiones, y cree que España podrá cumplir con el objetivo del 20%. En alusión a la escasa inversión en renovables de los últimos años, declara que “ha habido una crisis económica que ha afectado a todo”, y que con estas dos subastas “se intenta recuperar” el crecimiento. “¿Hubiera sido mejor planificar el crecimiento desde 2007? Sí, pero no posible”, concluye.
Virgilio cree que el sector eléctrico “ha hecho los deberes” para cumplir los objetivos, pero advierte de que “el resto de los sectores también tiene que hacerlos”. Además, opina que “no tiene lógica el pico de implantación en 2019”, que es cuando está previsto que se concluya la instalación de la potencia subastada.
El próximo 26 de julio, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital subastará 3000 megawatios de potencia en nuevas instalaciones de energías renovables que deberán estar conectadas a la red antes de 2020. La subasta se produce, en parte, para recoger la gran cantidad de potencia ofertada que no se adjudicó en la subasta del 17 de mayo.