Sólo dos días después de que entrara en vigor el decreto del Gobierno que obliga a todas las empresas a registrar la jornada de sus plantillas, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó que éstas deben implantar un sistema “objetivo, fiable y accesible” para saber cuántas horas trabajan sus empleados cada día. El tribunal europeo lo justifica en que es la única manera de que los trabajadores puedan “hacer respetar sus derechos” y demostrar que éstos se han vulnerado si hacen más horas de las legales o si esa extensión de su jornada no se les retribuye.
El preámbulo del decreto que empezó a aplicarse el pasado domingo, además de destacar el registro de la jornada como “elemento de protección” de las plantillas, menciona el perjuicio que el abuso en el tiempo de trabajo causa en los salarios y en las cotizaciones a la Seguridad Social en las cotizaciones a la Seguridad Socialcuando aquél no se paga. Según los cálculos realizados por el Gabinete Económico de CCOO, las horas extraordinarias que no se declaran ni se retribuyen se traducen en una pérdida de cotizaciones de 804 millones de euros al año. Cada hora extraordinaria cotiza por contingencias comunes un 28,3% –un 23,6% a cargo de la empresa y un 4,7% del trabajador–. CCOO le ha añadido la cotización por contingencias profesionales –un 2%–, así como las cotizaciones por desempleo, Fogasa y Formación Profesional, pero descontándole subvenciones y bonificaciones. En total, una cotización del 38,3% –6,4% a cargo del trabajador y un 31,9% a cargo de la empresa–. Legalmente no se pueden hacer más de 80 horas extras al año.
Utilizando la media anual de horas no pagadas desvelada por la Encuesta de Población Activa (EPA) hasta el tercer trimestre de 2018, los trabajadores no cobraron 2.118 millones de euros en sus nóminas por las horas extras que hicieron pero sus empresas no les pagaron. Además, ni éstas ni sus trabajadores ingresaron otros 281 millones por el IRPF de ese exceso de jornada. CCOO incluso calcula cuántos millones deja Hacienda de recaudar por el IVA por ese salario que no se les abonó, suponiendo que el 50% del sueldo se trasladara al consumo, gravado con un 21%, el tipo máximo: 193 millones de euros.
En total, las empresas se ahorran cada año unos 3.000 millones de euros con las horas de más que no abonan a sus trabajadores, mientras que el perjuicio para las arcas públicas asciende a 1.278 millones de euros.
6,4 millones de horas extras cada semana
En España la recesión redujo el número de horas trabajadas en un 18,2% entre el segundo trimestre de 2008, cuando se hicieron 9.213 millones, y el tercer trimestre de 2013, cuando se quedaron en 7.534 millones. Se perdieron 1.679 millones de horas, según los datos de la Contabilidad Nacional ajustados de estacionalidad y calendario. Las horas extraordinarias cayeron de forma simultánea pero con mucha más fuerza. En el primer trimestre de 2008 se hicieron un total de 10,23 millones de horas extras cada semana, que se quedaron en casi la mitad, 5,46 millones en el primer trimestre de 2013.
Hoy, los españoles trabajan 8.610 millones de horas y, con cifras de la EPA del primer trimestre de este año, hacen 5,68 millones de horas extras cada semana –en 2018 la media anual fue superior: 6,4 millones–. Por tanto, pese a haberse recuperado buena parte de las horas trabajadas antes de la crisis –al menos casi son las mismas que en 2009–, las extraordinarias han aumentado pero con mucho menos brío e incluso a día de hoy están por debajo de las realizadas en ese mismo trimestre entre 2015 y 2018.
Durante la crisis, además, entre el cuarto trimestre de 2011 y el cuarto trimestre de 2016, las horas extras no pagadas superaron a las pagadas, encendiendo todas las alarmas. En el primer trimestre de este año, las no retribuidas equivalen al 46,4% de las horas extraordinarias trabajadas, por debajo del 60,6% que llegaron a suponer en lo peor de la crisis, en el primer trimestre de 2014, o el 59,3% de ese mismo periodo de 2013. En cualquier caso, las extras gratis no han dejado de caer durante toda la recuperación, un 27,7% desde 2015.
Lo mismo ha ocurrido con el número de trabajadores que declaran trabajar más allá de la jornada establecida. En el primer trimestre de este año son 735.500 –797.000 en el cuarto trimestre de 2018–, una cifra que ha remontado desde que en el mismo periodo de 2013 cayera a un mínimo de 621.500, la mitad de los que aparecían en la EPA de 2008 –1,24 millones–. Pero de éstos, sólo el 35,3% hacía horas extra que no cobrabasólo, mientras que en 2014 el 60,6% de los que las hacía trabajaba gratis. En 2019 son aún el 43,6%.
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Las cotizaciones por horas extras cayeron un 46,7% en la crisis
Esa evolución tiene su reflejo en los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social. Como ocurrió con la recaudación general, las cifras se hundieron durante la crisis. Desde que alcanzaron un máximo en 2008 de 436,26 millones de euros, las cotizaciones ingresadas por horas extraordinarias cayeron un 46,7% hasta hundirse en su mínimo, 232,45 millones de euros en 2013, de acuerdo con el informe económico financiero del Presupuesto de la Seguridad Social para 2019. Desde entonces la recaudación ha crecido, pero a mucho menor ritmo, un 26,4% hasta 2017, el último ejercicio en que la Seguridad Social ofrece datos desglosados. Ese año ingresó un total de 293,96 millones por las horas extras declaradas y pagadas, un tercio menos de lo que recaudó en 2008, antes de la crisis.
Todavía no se conocen los ingresos de la Seguridad Social en 2018, pero el organismo público había presupuestado una recaudación de 314,69 millones de euros para ese año, confiando en el crecimiento del número de afiliados y en la mejora de los salarios. Otro tanto esperan sus gestores para el ejercicio en curso, en el que prevén unos ingresos de 346,9 millones. Aún por debajo de las cifras precrisis, por tanto.
Sólo dos días después de que entrara en vigor el decreto del Gobierno que obliga a todas las empresas a registrar la jornada de sus plantillas, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó que éstas deben implantar un sistema “objetivo, fiable y accesible” para saber cuántas horas trabajan sus empleados cada día. El tribunal europeo lo justifica en que es la única manera de que los trabajadores puedan “hacer respetar sus derechos” y demostrar que éstos se han vulnerado si hacen más horas de las legales o si esa extensión de su jornada no se les retribuye.