Es difícil que cuaje el miedo entre quienes creen haber perdido ya y, sin él, el PP ha convocado estos días protestas en las 52 capitales de provincia del país "en defensa de la igualdad de todos los españoles". “España no se vende”, “no toleraremos ciudadanos de primera y de segunda” o “sólo se está pensando, como chacales, en repartirse un trozo de carne que se llama España", son consignas que se han escuchado en las calles de distintos puntos del mapa nacional como reacción a las negociaciones entre partidos que se han llevado a cabo de cara a la inminente conformación de un nuevo Gobierno progresista capitaneado por Pedro Sánchez.
Los principales dirigentes populares nacionales y territoriales han comandado las protestas. “Nadie está pensando en estos momentos en los servicios sociales, en mejorar la sanidad o en la economía o la educación”, se lamentaba en particular el presidente del Partido Popular en Teruel, Joaquín Juste. Y es precisamente ahí donde radica una frontera invisible, un borde de desigualdad entre ciudadanos que no provoca que se derramen consignas de las bocas de manifestantes indignados.
En la actualidad existen en España aún importantes desequilibrios territoriales de distinta índole que, entre otros aspectos, se explican por factores geográficos, la desigual distribución de recursos, la evolución histórica, las características del modelo económico y las decisiones políticas de sus gobernantes. El estado de situación de los considerados servicios públicos esenciales, por ejemplo, la educación, la sanidad y los servicios sociales, son un reflejo de ello.
El Observatorio de Información Económico-Financiera de las Comunidades Autónomas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha logrado homogeneizar a las comunidades en algunos parámetros, pese a sus peculiaridades, al medir factores que “se encuadran dentro de lo que la Ley 22/2009, denomina población ajustada”. Gracias a esa metodología, se ha podido elaborar un ranking fiel a la situación real. Según éste, con la imagen relativa a 2022, los mencionados servicios públicos esenciales se financian con 3.303 euros per cápita. Pero esa es la media. Hay una diferencia de 1.316 euros entre lo que destina Navarra, 4.341, a la cabeza de esa clasificación, hasta los 3.025 que asigna la colista, la Comunidad de Madrid, gobernada precisamente por el PP desde 1995; o los 1.269 euros que separan a Navarra de los 3.072 euros de Galicia, donde los populares también saben lo que es estar asentados en el poder.
La AIReF deja claro que la inversión en servicios sociales no es equitativa en todo el territorio nacional. Pero no es la única. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales también ha reflejado en sus trabajos que la Comunidad de Madrid es la que menos invierte en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Si se enfoca en la capital, cada habitante de ella recibe 540 euros menos en políticas sociales que la media nacional. En la misma línea, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ha concluido en su estudio “Los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas 2023” que el grupo de las regiones con “peores servicios sanitarios” está formado por “Canarias, Valencia, Murcia, y Andalucía”. “Hay que resaltar -se asevera en el referido análisis- que hasta 2021 las dos últimas comunidades eran las mismas en todos los informes (Canarias y Valencia), pero en 2021 y 2022 Murcia ocupa el último lugar (la penúltima en 2019 y en 2023)”, que ha cedido este año “a Andalucía por primera vez, si bien es cierto que desde 2019 -primer año de gestión de la derecha, tras arrebatarle al PSOE uno de sus bastiones históricos- se situaba en los cuatro últimos puestos”, se matiza. Es más, desde la federación hacen notar que la ratio entre el territorio que logra mayor puntuación y el de menor nota “es de 1,66 y ha aumentado respecto a 2022 (1,50) y 2021 (1,63)”, por lo que, avisan de “la gran disparidad” existente entre los servicios sanitarios autonómicos que, “lejos de disminuir se ha incrementado, lo que continúa poniendo en peligro la necesaria cohesión y equidad entre territorios”, lanzan.
Por lo que respecta a la educación, cabe señalarse los 367,42 euros menos por habitante que Madrid asigna a esta materia, con respecto a la primera comunidad de régimen común, Valencia, con 1.194,40 euros. Un 44% más de gasto en la segunda que en la primera, con información de 2022. Con todo, fueron las de régimen foral, País Vasco y Navarra, las que más invirtieron con 1.426,56 y 1.342,23 euros, respectivamente, a la luz del informe “La inversión social por comunidades. Sanidad, educación y servicios sociales”.
Sin abandonar el ámbito social, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España ha alertado de que nueve gobiernos autonómicos “hicieron caja en 2022” con el incremento en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para dependencia, “aliviando las arcas autonómicas, en lugar de incrementar la atención a personas dependientes”. A juicio de los profesionales que integran dicha entidad, “especialmente sangrantes son los recortes que se han producido en Murcia y Cataluña”, áreas geográficas que el pasado ejercicio “ocuparon los últimos puestos de la Escala de Valoración del Observatorio de la Dependencia”.
Un país partido en dos
El Instituto Nacional de Estadística (INE), de su lado, ha confirmado que el esqueleto de la desigualdad por ingresos del país se mantiene. Uno de los indicadores que emplean para medirla es el cociente S80/S20 que señala la relación “entre la renta disponible total del 20% de la población con ingresos más elevados y la del 20% con ingresos más bajos”. Dicho de otro modo, mide los puntos de diferencia entre ambos extremos económicos poblacionales. Según la última información disponible sobre ese parámetro, que hace referencia al año 2022, las autonomías con la desigualdad más alta son Canarias y Andalucía, con 6,3 y 6 puntos, respectivamente. Además, el INE ha actualizado recientemente el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, que muestra una radiografía de un país dividido en dos, norte y sur, por la renta media en los municipios de más de 2.000 habitantes. La misma fotografía de siempre, pero con grietas cada vez más evidentes que hacen que, de las tres localidades con mayor renta media neta anual, dos estén ubicadas en suelo madrileño y catalán, mientras el lado contrario lo copan municipios andaluces.
Otro de los indicadores que maneja el INE, la Encuesta Anual de Estructura Salarial, sirve, asimismo, para constatar que los salarios más elevados los atesora el País Vasco (31.063,68 euros anuales por trabajador), seguido de la Comunidad de Madrid (29.512,58 euros) y de la Comunidad Foral de Navarra (28.459,37 euros). Estas tres comunidades, junto con Cataluña, han presentado una ganancia superior a la media nacional. Por su parte, a Extremadura (21.393,01 euros), Canarias (22.466,23 euros) y Andalucía (23.154,99 euros) se han engarzado los salarios más bajos en 2021, los últimos datos disponibles.
En ese ámbito, el de los salarios, hay otra desigualdad que no aparece en las pancartas. El INE ha constatado que el salario medio de las mujeres es inferior al de los hombres en todas las comunidades. Aunque tampoco aquí la diferencia es uniforme. Canarias se ha anotado la menor desviación entre los salarios de hombres y mujeres, seguida por las Islas Baleares y Castilla-La Mancha, con información de 2021. Por el contrario, Principado de Asturias ha tenido la mayor divergencia, seguida de Comunidad Foral de Navarra y Región de Murcia.
Si varios expertos consultados vinculan el dibujo no uniforme de rentas a “las políticas de fiscalidad” impulsadas por los gobiernos autonómicos, “la acumulación de empresas y riqueza” variable en los territorios o al hecho de que la economía del sur se haya basado "más históricamente en el sector secundario y terciario", entre otras cuestiones; la brecha de género la unen a “la distinta estructura del empleo” en cada región, como uno de los factores que la explican.
Por último, cabe mencionarse que Madrid sobresale en otro tipo de estudios vinculados a la exclusión social. El rotulado Segregación socioeconómica en capitales europeas, que disecciona lo que sucede en 13 ciudades, la coloca como la urbe más segregadora por delante de Milán, Tallín y Londres. Pero el fenómeno afecta tanto a la capital madrileña como a la comunidad.
En definitiva, el artículo 14 de la Constitución, el que asegura que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social"; se ha incumplido de forma sistemática sin que la derecha optara por tomar las calles.
Es difícil que cuaje el miedo entre quienes creen haber perdido ya y, sin él, el PP ha convocado estos días protestas en las 52 capitales de provincia del país "en defensa de la igualdad de todos los españoles". “España no se vende”, “no toleraremos ciudadanos de primera y de segunda” o “sólo se está pensando, como chacales, en repartirse un trozo de carne que se llama España", son consignas que se han escuchado en las calles de distintos puntos del mapa nacional como reacción a las negociaciones entre partidos que se han llevado a cabo de cara a la inminente conformación de un nuevo Gobierno progresista capitaneado por Pedro Sánchez.