Parecía que el ruido en torno a la conocida como ley trans había concedido una tregua, pero la calma tensa llega a su fin. En las últimas semanas vuelve a ser noticia la norma que ostenta el dudoso mérito de haber causado los mayores quebraderos de cabeza del Gobierno. El jueves se debatirán en Pleno dos enmiendas a la totalidad registradas por PP y Vox. Y del resultado dependerá la continuidad de la futura ley, cuyos promotores quieren tramitar por la vía de urgencia. Entretanto, conviven dos posturas enfrentadas: los detractores que alertan de los supuestos riesgos que entraña la ley y los colectivos LGTBI que batallan por hacer del texto una norma más ambiciosa.
La semana previa al debate ha sido intensa. El mismo lunes amaneció con una entrevista a la exvicepresidenta Carmen Calvo –probablemente la voz crítica de mayor autoridad– en el diario El Mundo, en la que cargaba contra el proyecto legislativo. “La ley trans puede destrozar la potente legislación de igualdad de nuestro país”, advertía. E incluso ponía en duda la militancia feminista de la ministra de Igualdad, Irene Montero:
—Este proyecto está defendido por una ministra que se define como feminista...
—Siento respeto por las etiquetas que cada uno se pone.
No es una crítica aislada en el seno del PSOE. El pasado fin de semana, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública del Gobierno de la Generalitat Valenciana, la socialista Gabriela Bravo, se refirió a la ley como un "grave error" y una "aberración". Lo hizo durante un seminario, bajo la atenta mirada de la propia Calvo. Por contra, Víctor Gutiérrez, secretario LGTBI del partido, publicaba en redes sociales el domingo lo que podía adquirir apariencia de réplica: "Sé que las feministas socialistas y el partido están exactamente en el mismo lugar que yo, respetando las resoluciones del Congreso y trabajando por sacar adelante la ley LGTBI y trans".
"El texto va a crecer"
Tan solo unos días después, el martes, la Plataforma Trans se reunió con algunos de los líderes parlamentarios que tendrán en su mano la posibilidad de presentar enmiendas al texto original. En el marco de la cita, la presidenta de la organización, Mar Cambrollé, hizo un llamamiento a la “responsabilidad histórica” de los socialistas para “capitanear el cambio social” y frenar el “odio y la situación de fanatismo basada en bulos”. Con el Grupo Socialista se reunió, apenas dos días después, la Federación Estatal LGTBI. La organización está “convencida de que habrá responsabilidad de Estado por parte del PSOE y sus dirigentes para garantizar los derechos trans y del colectivo LGTBI”, decía en un comunicado posterior al encuentro.
Los principales colectivos que han tutelado el nacimiento y avance de la futura ley son optimistas: están seguros de que las enmiendas de la derecha y la ultraderecha van a decaer el próximo jueves y afirman que el texto mejorará con el trámite parlamentario. “Los grupos van a presentar enmiendas, el texto va a crecer”, estiman fuentes de las organizaciones LGTBI. Aseguran que la peor de las opciones es que la ley se quede como está, pero el retroceso no entra en sus planes: “La libre determinación se negoció con Carmen Calvo, hay garantías jurídicas y eso está pactado desde hace un año”.
¿Cuáles son las mejores que proponen las organizaciones? Para empezar, quieren que todas las personas extranjeras con residencia habitual en suelo español, independientemente de su situación administrativa, puedan acceder a la rectificación de la mención del sexo y el cambio de nombre en los registros de carácter público y documentos que se les expidan desde las administraciones. Con ello "se pretende garantizar el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas migrantes independientemente de su situación administrativa", argumentan. La redacción actual de la ley consagra la libre determinación de género e incluye a los refugiados y las personas migrantes, siempre que no estén en situación administrativa irregular.
Las personas no binarias están también entre las prioridades de los colectivos, a través de una tercera casilla específica en el marcador del sexo legal. El colectivo no consiguió superar la prueba de la negociación entre los socios de Gobierno, si bien Montero ha expresado en reiteradas ocasiones su apoyo a la hora de plasmar su realidad en el texto legislativo.
Finalmente, las entidades aspiran a rebajar los requisitos para los menores de edad. Actualmente, si los grupos parlamentarios no acuerdan un cambio en este terreno, los menores de doce años tendrán la posibilidad de acceder a un cambio de nombre, mientras que los menores de entre doce y catorce podrán cambiar su sexo registral asistidos por sus representantes legales, mediante autorización judicial y a través de pruebas acreditativas. Aquellos que tengan entre catorce y dieciséis, por su parte, tendrán acceso a los derechos que consagra la ley, pero siempre a través de sus representantes legales. Y los de dieciséis en adelante podrán hacerlo en igualdad de condiciones que el resto de personas adultas. Un sistema de tramos que ha sido avalado por el Consejo Fiscal, pero censurado por el Consejo de Estado. El CGPJ ha sido el órgano más crítico con la ley.
Lo cierto es que las plataformas muestran una seguridad aplastante respecto al éxito de sus demandas en el trámite parlamentario. Varios de los grupos que las han escuchado, señalan las voces consultadas, se han comprometido a registrar un paquete de enmiendas común y previamente consensuado, con el fin de caminar en bloque hacia las mejores solicitadas por la comunidad LGTBI. Confían especialmente en sacar adelante, sin apenas conflicto, la petición relativa a las personas migrantes y también la que tiene que ver con los menores. Este último punto, si bien resulta especialmente delicado por afectar a la infancia, se apoya en una sentencia dictada en 2019 por el Tribunal Constitucional, en la que falla que los menores con "suficiente madurez" y en situación "estable de transexualidad" deben poder acceder al cambio registral en igualdad de condiciones que los adultos.
Peligro para las mujeres
En el extremo opuesto, diversas organizaciones feministas hicieron entrega también el martes de más de una veintena de enmiendas para evitar que la futura norma “vulnere derechos” de las mujeres. Denuncian la tramitación por la vía de urgencia como un “burdo intento por ocultar a la sociedad española las consecuencias prácticas de una norma que pone en riesgo derechos de las mujeres”. Creen que esta vía supone de facto un veto al debate parlamentario y limita las comparecencias de expertas. “La opacidad, la ocultación y las maneras totalitarias del gobierno de Pedro Sánchez son incompatibles con el derecho de la sociedad a conocer cómo va a impactar esa ley en las vidas de las niñas, los niños y las mujeres españolas”, ha denunciado la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres y organizaciones de calado como Themis Mujeres Juristas o la Federación de Mujeres Progresistas.
El 'sí pero no' a la ley trans, la última zancadilla del CGPJ a las leyes de igualdad
Sus peticiones son precisas y numerosas. Entre ellas, sustituir la expresión “identidad sexual” por “transexualidad” y la palabra “trans” por “transexual”. Creen que la actual redacción "oscurece la existencia del sexo biológico" y subrayan que la transexualidad debe reservarse a aquellas personas diagnosticadas con "disforia de género". También reclaman limitar para los menores las decisiones que afectarán “al resto de su vida” y demandan, en esta línea, “requisitos jurisprudenciales” para acometer el cambio del sexo registral.
Pero sobre todo, alertan del riesgo para las mujeres: la norma entra en conflicto, sostienen, con la Ley de Igualdad y la Ley contra la violencia de género. E insisten de manera tenaz en un supuesto: una persona trans que inicie el cambio registral y posteriormente cometa una agresión contra su pareja o expareja mujer, no tendrá que responder ante las leyes que combaten la violencia machista. Y por tanto, la eventual víctima tampoco podrá acogerse a protección específica. “Destrozan todo el andamiaje de las leyes de igualdad”, dicen fuentes de la plataforma.
Por el momento, ningún grupo se ha interesado por las sugerencias trazadas por estas organizaciones, aunque las voces consultadas creen que todavía es pronto para valorar una reacción. Lo cierto es que desde que la Alianza Contra el Borrado nació hace tres años, sólo PP y Ciudadanos han accedido a reunirse con ellas. El resto de grupos están escuchando a “organizaciones que representan los intereses del 0,1% de la población”, mientras rechazan sentarse con quienes “representan los intereses del 51% de la población”, critican.
Parecía que el ruido en torno a la conocida como ley trans había concedido una tregua, pero la calma tensa llega a su fin. En las últimas semanas vuelve a ser noticia la norma que ostenta el dudoso mérito de haber causado los mayores quebraderos de cabeza del Gobierno. El jueves se debatirán en Pleno dos enmiendas a la totalidad registradas por PP y Vox. Y del resultado dependerá la continuidad de la futura ley, cuyos promotores quieren tramitar por la vía de urgencia. Entretanto, conviven dos posturas enfrentadas: los detractores que alertan de los supuestos riesgos que entraña la ley y los colectivos LGTBI que batallan por hacer del texto una norma más ambiciosa.