La ley trans llegará al Consejo de Ministros este lunes en segunda vuelta. Lo hace a las puertas del Orgullo LGTBI y tras un año en calma tensa, después de que superara su gran primera prueba de fuego en las instituciones y saliera indemne de un arduo debate en el seno del Gobierno. Según confirman a infoLibre fuentes del Ministerio de Igualdad, el texto no ha sufrido modificaciones sustanciales tras su paso por los órganos consultivos y serán los grupos quienes decidirán cómo dar cuerpo a la norma durante su tramitación parlamentaria, el próximo paso que asumirá el anteproyecto.
La libre determinación del género será el epicentro de la Ley de Igualdad LGTBI: la norma blinda de facto la autodeterminación a través de una doble comparecencia ante el Registro Civil y tres meses entre cada cita. Es la manera que encontraron los socios de Gobierno, después de una tensa negociación, de conjugar las demandas del colectivo LGTBI y el requisito de introducir garantías jurídicas.
La ley lleva un año siendo sometida a la reflexión de los órganos consultivos, cuyas valoraciones no son vinculantes. Aunque los primeros análisis fueron positivos, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sí emitió un informe crítico que, si bien avala la libre determinación, reconoce "aspectos oscuros" en la ley que pueden, incluso, llegar a contradecir el principio de igualdad. Esta misma semana el propio Ministerio de Igualdad lanzaba un aviso al Consejo de Estado, el último órgano en valorar el anteproyecto, para reclamar un informe antes de este viernes 24 de junio.
Más allá de la autodeterminación
Aunque sí fue el centro del debate, la libre determinación de género no es el único avance que consagra la ley. El anteproyecto permite que las mujeres lesbianas, bisexuales y solas puedan tener acceso a técnicas de reproducción asistida. Se recupera así un derecho arrebatado hace casi una década por la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato (PP), quien mediante una orden ministerial excluyó a estas mujeres de la prestación pública. Además, la ley permitirá la filiación de los hijos de mujeres lesbianas y bisexuales sin necesidad de casarse, como ocurre actualmente.
Quedan prohibidas las terapias de "conversión, aversión o contracondicionamiento", en cualquier forma e incluso aunque cuenten con el consentimiento de las personas afectadas o sus representantes legales. Era uno de los principales mandatos no sólo del colectivo LGTBI, sino de los propios grupos parlamentarios. La Cámara Baja votó a favor de dar este paso, con la abstención de la extrema derecha. El CGPJ, no obstante, cree que sí deberían estar permitidas siempre que medie el consentimiento de la persona interesada.
¿Y qué ocurre con los menores? El Gobierno ha optado por regular su situación en base a cuatro etapas. Por un lado, los menores de doce años no podrán solicitar el cambio de sexo registral, pero sí de nombre. Para ello, no será necesaria ninguna prueba: ni testifical, ni documental. Una segunda etapa atañe a los menores de entre doce y catorce, quienes podrán iniciar un proceso de modificación del sexo registral, siempre asistidos por sus representantes legales, mediante autorización judicial y a través de pruebas acreditativas. En el año 2019, el Tribunal Constitucional falló que los menores con "suficiente madurez" y en situación "estable de transexualidad" deben poder acceder al cambio registral en igualdad de condiciones.
En cuanto a los menores de entre catorce y dieciséis años, el cambio de la mención registral se hará siguiendo el mismo cauce que los adultos, pero a través de sus representantes legales. En caso de que estos últimos no estén de acuerdo, la administración nombrará un defensor judicial que resuelva la disputa. Finalmente, los mayores de dieciséis podrán acceder al cambio registral sin condiciones, igual que los mayores de edad.
Demandas de los colectivos
Pese a ser una ley celebrada por la comunidad LGTBI, las principales organizaciones creen que todavía es susceptible de mejoras. También el Ministerio de Igualdad confía en que el trámite parlamentario recupere aquellos avances que quedaron atrás durante la negociación en el seno del Gobierno. La Federación Estatal LGTBI considera fundamental garantizar los derechos de las personas migrantes con la puesta en marcha de "trámites sencillos" y sin requisitos excesivamente burocráticos en la Administración Pública, para que puedan ver reflejado su género en la documentación que España "les reconoce y otorga".
El 'sí pero no' a la ley trans, la última zancadilla del CGPJ a las leyes de igualdad
El reclamo parte también de la Plataforma Trans, quien apuesta por no dejar atrás a ninguna persona, independientemente de su situación administrativa. Ambas entidades creen importante, igualmente, incluir a las personas no binarias en la norma, a través de fórmulas como una tercera casilla en el DNI para quienes no se identifiquen con las categorías de femenino y masculino.
La Plataforma Trans insiste también en el "reconocimiento del derecho de las infancias trans a la adecuación de su nombre y sexo legal, sin límite de edad", mientras que la FELGTBI apuesta por el cambio de nombre y sexo sin más requisitos a partir de los doce años y secundan el cambio de nombre para los menores de doce. La presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, aplaude el avance y pide "valentía" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para replicar los pasos del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien sacó adelante la ley del matrimonio igualitario a pesar de la tenaz oposición.
Uge Sangil, presidenta de la FELGTBI, se reconoce optimista. Confía en que el debate parlamentario sea "más tranquilo y sosegado" que aquel que se libró entre los socios de coalición. "Hemos superado el gran escollo, la libre determinación del género, es hora de hacer crecer el texto en derechos", reflexiona, "sería intolerable que las fuerzas progresistas" se enzarcen en debates estériles, zanja la activista.
La ley trans llegará al Consejo de Ministros este lunes en segunda vuelta. Lo hace a las puertas del Orgullo LGTBI y tras un año en calma tensa, después de que superara su gran primera prueba de fuego en las instituciones y saliera indemne de un arduo debate en el seno del Gobierno. Según confirman a infoLibre fuentes del Ministerio de Igualdad, el texto no ha sufrido modificaciones sustanciales tras su paso por los órganos consultivos y serán los grupos quienes decidirán cómo dar cuerpo a la norma durante su tramitación parlamentaria, el próximo paso que asumirá el anteproyecto.