Clara Foster debería haber sido "tratada con compasión y no castigada", declaró el 18 de julio la juez del Tribunal de Apelación Lady Victoria Sharp. Clara Foster, de 45 años y madre de tres hijos, había sido encarcelada el mes anterior por abortar en el tercer trimestre de su embarazo, en mayo de 2020.
Durante la crisis del covid, en una entrevista a distancia con los servicios sanitarios británicos que ofrecían píldoras abortivas para embarazos de menos de 11 semanas, ella mintió: dijo que estaba de siete semanas cuando en realidad estaba embarazada de entre 32 y 34 semanas.
El 12 de junio de 2023, Carla Foster fue condenada a 28 meses de prisión, 14 de ellos incondicional, en virtud de la Ley de Delitos contra la Persona, que data de 1861. "El aborto en este país no es legal", declaró la diputada laborista Stella Creasy.
El artículo 58 de la Ley de 1861 establece que "cualquier mujer que, con el fin de inducir su propio aborto, absorba [...] una sustancia nociva o utilice cualquier instrumento con la misma intención es culpable de un delito" y puede ser condenada a "trabajos forzados de por vida". El artículo 59 establece que la profesión médica es "culpable de un delito" si participa en un aborto.
Esta ley, aprobada cuando las mujeres no tenían derecho a voto ni a ser elegidas, fue "aclarada" en 1967 en un texto legislativo que, según Stella Creasy, "se limita a eximir a las mujeres de enjuiciamiento en determinadas circunstancias". Se permite a una mujer solicitar permiso para abortar en las primeras 24 semanas de embarazo. El derecho al aborto queda, por tanto, en manos de la profesión médica. Después de las 24 semanas, el aborto ya no es un acto médico, sino un ilícito penal.
"Vivimos bajo una despenalización parcial del aborto", explica Lisa Hallgarten, responsable de programas de la asociación de salud sexual Brook. A pesar de ello, la redacción del texto de 1967 es tal que su interpretación sigue siendo flexible. Permite a una mujer interrumpir su embarazo "dentro de un marco médico" si continuar implica "mayores riesgos para su salud física o mental que interrumpirlo".
Por tanto, la mujer debe justificarse ante dos médicos, que deben prescribir la interrupción con pruebas que lo justifiquen. Pero la mayoría de las mujeres desconocen ese marco tan específico, explica Louise McCudden, del grupo MSI Reproductive Choices, que hace campaña por la libertad reproductiva. "Cuando una mujer se pone en contacto con nosotros, suele empezar diciendo que es su elección", subraya Louise McCudden. Pero ese argumento no basta. "En realidad, si se viera obligada a continuar el embarazo contra su voluntad, sin duda repercutiría en su salud y bienestar. Así que le explicamos cómo funciona la ley y trabajamos con ella para asegurarnos de que cumple los criterios".
Aumento de denuncias
Si se formula correctamente y el embarazo es inferior a 24 semanas, no se denegará el aborto a nadie, explica Louise, pero ese ejercicio sigue siendo humillante para la mujer, que se encuentra en una "posición vulnerable".
Eleanor Phillips trabaja para MSI Reproductive Choices, y es una de las médicas disponibles siete horas al día para firmar autorizaciones de aborto, y a veces, dice, "le cuesta rellenar el formulario. Hay que hacer encajar a cada persona en una casilla o atribuirle una carga mental, lo que no parece justo".
El gobierno británico cree que la legislación vigente en Gran Bretaña ha logrado el "equilibrio adecuado entre los derechos de la mujer [...] y los derechos del niño". Pero según Emma Mile, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Durham, el gobierno y la judicatura están malinterpretando la vieja ley: "Abortar en 1861 era muy peligroso. La ley se aprobó para limitar los abortos, porque se practicaban ilegalmente y morían demasiadas mujeres. El objetivo no era proteger al feto, sino a las mujeres de los abortos clandestinos". "Tenemos que revisar nuestra interpretación de ese texto", afirma Emma Milne. Sobre todo porque el número de procesamientos va en aumento.
Actualmente está siendo procesada una pareja de 24 años por obtener una "sustancia nociva" y utilizarla en un aborto, pero también por haber ocultado el "nacimiento", según el término legal, y haberse deshecho del cuerpo.
Según Emma Milne, fue la controvertida legalización de la telemedicina la que desencadenó un nuevo fenómeno. "Desde entonces, la profesión médica está en guardia. Ahora hay mujeres que acuden a urgencias por un aborto espontáneo o que dan a luz a un mortinato, se sospecha que han querido abortar y se denuncian a la policía. Antes la policía se limitaba a archivar el caso, pero ahora inicia auténticas investigaciones".
Conscientes de esta nueva realidad, políticos como la diputada conservadora Caroline Nokes denuncian que la legislación está "obsoleta". “El Parlamento tiene que estudiar la cuestión en detalle", afirma. Los partidarios de la reforma piden que el aborto sea tratado como un procedimiento médico como cualquier otro. "Enviar a las mujeres a la cárcel por abortar no es de interés general", afirma Louise McCudden. Pero Emma Milne duda de que, a un año de las elecciones generales, los parlamentarios tengan el valor de abordar una cuestión tan delicada.
Existe, sin embargo, un precedente en el propio Reino Unido. En 2019 se derogaron los artículos 58 y 59 de la Ley de 1861, solo para Irlanda del Norte. Hasta entonces, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo estaba aún más restringido allí que en Gran Bretaña. Irlanda del Norte es ahora la única nación británica donde existe un auténtico derecho al aborto... aunque se acuse a los servicios sanitarios de no contar con las estructuras necesarias para cumplir con la legislación.
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Traducción de Miguel López
Clara Foster debería haber sido "tratada con compasión y no castigada", declaró el 18 de julio la juez del Tribunal de Apelación Lady Victoria Sharp. Clara Foster, de 45 años y madre de tres hijos, había sido encarcelada el mes anterior por abortar en el tercer trimestre de su embarazo, en mayo de 2020.