La guerra es la paz. La destrucción, la "estabilidad". Las armas tienen una vocación social. El argumento parece absurdo. Sin embargo, desde el estallido de la guerra en Ucrania, ha encontrado un eco sin precedentes. Porque para no privarse de nuevas fuentes de financiación disponibles en Bruselas, los dirigentes de la industria armamentística –o los grupos de presión que los representan– han decidido invocar a Orwell: insisten en las virtudes "sociales", "sostenibles" o "estabilizadoras" de las actividades de venta de armas.
"Esta crítica situación nos recuerda un sencillo principio: sin estabilidad y seguridad, no puede haber prosperidad, inclusión ni desarrollo sostenible", declaraba Patrice Caine, director del grupo de defensa Thales, en una entrevista a Le Figaro el 3 de marzo. "Son las industrias de defensa las que ayudan a las democracias a garantizar su soberanía, seguridad y estabilidad".
El grupo de presión de la industria de defensa alemana, BDSV, utiliza la misma retórica: "La guerra en Ucrania muestra lo decisivo que es tener una defensa nacional fuerte", defiende Hans Christoph Atzpodien. "Insto a la UE a que reconozca a la industria de defensa como una contribución positiva a la "sostenibilidad social". Para el grupo británico Serco, la guerra de Ucrania es un ejemplo, nada menos, que de "los valores éticos de la industria de defensa".
Miedo a perder el atractivo
Antes de la invasión rusa, parte de la industria armamentística estaba preocupada. Aseguran que cada vez les resultaba más difícil obtener préstamos en los mercados para financiar sus inversiones. Eran víctimas, explicaban, de la creciente influencia de los llamados criterios MSG (medioambientales, sociales y de gobernanza) que supuestamente iban a desplazar los flujos financieros hacia carteras más "verdes". En enero, los bancos regionales alemanes redujeron sus préstamos al grupo de defensa Rheinmetall AG.
Ante el fantasma de verse arrinconada en los mercados, a semejanza de lo que le ocurrió a la industria del tabaco cuando dejó de ser inadecuada, la industria armamentística ha desarrollado una respuesta. En su lenguaje, destaca ahora su "sostenibilidad social" y espera beneficiarse de las consecuencias de un proyecto poco conocido en la UE, el de la "taxonomía social". La guerra en Ucrania puede reforzar su estrategia.
¿De qué se trata? Desde 2019, la Comisión trabaja en una gigantesca clasificación para dirigir el dinero en los mercados hacia productos de "financiación sostenible". La empresa debe formar parte del esfuerzo colectivo para lograr la neutralidad del carbono en 2050. Se dio a conocer al público en general debido a una reciente polémica: bajo la presión de París y Berlín, la Comisión aceptó etiquetar el gas y el petróleo como energías "verdes", lo que provocó fuertes críticas por sus prácticas de "lavado verde".
Paralelamente a esta taxonomía medioambiental, que está tomando forma en una serie de actos previstos hasta 2023, los expertos trabajan en la elaboración, a más largo plazo, de una "taxonomía social". El mismo sistema: los sectores de actividad se etiquetan según su contribución –sustancial, neutra o perjudicial– a la "sostenibilidad social", con el fin de orientar mejor los flujos financieros hacia las llamadas inversiones sociales (teniendo en cuenta criterios como la igualdad de género, un salario digno, etc.).
"El verano pasado asistimos a un intenso lobby por parte de la industria de la defensa para calificar a la industria armamentística de contribución sustancial a la sostenibilidad social", explica Thierry Philipponnat, responsable de la ONG Finance Watch, que participa en el grupo de expertos de la "plataforma europea para las finanzas sostenibles", encargada de realizar los trabajos preparatorios. Por el momento, "no se ha mantenido esta opción", dice.
Este colectivo por las finanzas sostenibles –cuyos trabajos no son vinculantes para la Comisión, que puede inspirarse o prescindir de ellos– publicó en febrero un informe de situación. En cuanto a las armas, recomienda excluir de la clasificación únicamente las prohibidas por las convenciones internacionales (bombas de racimo, minas antipersona, armas biológicas, etc.). Una posición que, por tanto, no cierra del todo la puerta a la industria de la defensa.
En Bruselas, muchas personas contactadas por Mediapart (socio editorial de infoLibre) no creen en el resultado de esta "taxonomía social" que tanto codicia la industria armamentística. "El procedimiento durará más de tres años, mucho más allá del actual mandato [hasta 2024] Y el apetito político de la Comisión en este tema me parece casi nulo", apuntó Philipponnat. "Las actividades relacionadas con la defensa no han recibido un trato prioritario", confirma la Comisión.
La ecologista alemana Hannah Neumann, especialista en temas armamentísticas, también se muestra muy cauta. "Nadie sabe en este momento si la taxonomía social verá la luz. No creo que la Comisión se involucre mientras persistan las tensiones en torno a la energía nuclear", afirma. "Pero desde mi punto de vista, si hacemos una clasificación para ayudar a los consumidores a invertir su dinero en cuestiones sociales, no debería beneficiar a la industria armamentística... Y eso no significa que no debamos pensar en la financiación de esa industria".
"La guerra en Ucrania está siendo claramente utilizada [por la industria] para impulsar su agenda en temas de acceso a la financiación", cree sin embargo Bram Vranken, activista de la ONG belga Vredesactie y buen conocedor de los lobbies de defensa, a los que dedicó un informe en 2017-.
Thierry Breton, comisario favorito de los grupos de presión
Cualquiera que sea el resultado, el lobby está perfectamente situado. Durante una reunión con un directivo de Airbus en Madrid el pasado mes de septiembre, coincidiendo con una visita oficial, una delegación de eurodiputados de la subcomisión de "defensa" recibió, según una fuente parlamentaria europea, un texto de dos páginas redactado por los principales lobbies nacionales de la industria europea de defensa (entre ellos el CIDEF francés y el BDSV alemán).
En este documento, al que ha tenido acceso Mediapart, los grupos de presión afirman que "no puede haber sostenibilidad sin seguridad". Y recomiendan, ante la "discriminación" a la que supuestamente está sometida la industria de defensa, que se reconozca a la Base Tecnológica e Industrial de la Defensa Europea (BTID) "como un actor sostenible legítimo" en la taxonomía de la UE. Nathalie Loiseau (LREM), que dirige esta subcomisión en el Parlamento Europeo, no ha respondido a nuestras preguntas.
En una nota publicada en octubre de 2021, a la que también ha tenido acceso Mediapart, la Asociación de Industrias Aeroespaciales y de Defensa de Europa (ASD), descrita habitualmente como uno de los grupos de presión más poderosos en el ámbito del armamento, asegura que el sector "es muy consciente de la necesidad de ser responsable y sostenible y está plenamente comprometido con el desarrollo de los más altos estándares éticos y legales".
Preocupada por la "creciente estigmatización" del sector, defendió que, si se elaborara una taxonomía social, sólo deberían excluirse las armas prohibidas por los tratados internacionales, postura que se recogió en el informe de situación elaborado por la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles.
Permítame decirle que estamos muy orgullosos y felices de poder llamarle "nuestro comisario".
Para hacer oír su causa, la industria armamentística sabe que puede contar con intermediarios benévolos. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton (responsable, entre otras cosas, del Fondo Europeo de Defensa), por ejemplo, no parece hacer oídos sordos a sus llamamientos. El 10 de noviembre de 2021, invitado a la asamblea general de la poderosa ASD, abogó por un "acceso justo a la financiación" para la industria de defensa.
Una semana después, la ASD le envió una carta entusiasta de agradecimiento, hecha pública gracias al derecho de acceso a los documentos de las administraciones europeas. "Gracias por reiterar su firme compromiso con la industria aeroespacial y de defensa", escribió un representante de la agrupación industrial, y añadió: "Permítame decirle que estamos muy orgullosos y contentos de poder llamarle nuestro Comisario". La ASD concluye su carta expresando su deseo por poder volver a abordar con el comisario Breton dos temas cruciales a los ojos de los lobbies, el Fondo Europeo de Defensa y los famosos criterios llamados medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Lenguaje empleado en los informes oficiales
¿Cuáles son los efectos de esta relación floreciente con ciertos funcionarios europeos? El lenguaje de la industria ha comenzado a infiltrarse en los informes elaborados por las instituciones de la UE sobre la defensa europea, una prioridad de la Presidencia francesa de la UE, que se extiende hasta el próximo mes de junio. En su comunicación sobre la defensa europea, publicada a mediados de febrero (un texto sin valor jurídico que fija su posición), el ejecutivo de Ursula von der Leyen (que fue ministra de Defensa de Angela Merkel) retoma la idea de desarrollar "iniciativas sobre financiación sostenible" para ayudar al sector a encontrar nuevos fondos.
Por parte del Consejo, los jefes de Estado y de Gobierno acordaron en la reunión de Versalles movilizar "todos los instrumentos disponibles" en apoyo de la industria, abogando por un aumento de la capacidad del Fondo Europeo para la Paz (en este momento, una dotación de 500 millones de euros que la UE paga a los Estados que lo solicitan para reembolsar parte de las entregas de armas que realizan a Ucrania).
El documento final de la "brújula estratégica", una especie de "libro blanco" que fijará las principales directrices de la seguridad y la defensa europeas hasta 2030, se dará a conocer en una cumbre los días 24 y 25 de marzo. Según las últimas versiones del texto, que Mediapart ha podido consultar, la expresión "iniciativas sobre financiación sostenible" se ha utilizado de forma idéntica.
Paralelamente a la taxonomía de la UE, en Bruselas se está presionando con otra iniciativa, la de la "etiqueta ecológica" para etiquetar los productos financieros sostenibles. En un informe publicado en marzo de 2021, el Centro Común de Investigación (CCI), que trabaja por encargo de la Comisión, propone excluir de la etiqueta ecológica a cualquier empresa cuya producción y venta de las llamadas armas convencionales supere el 5% de su volumen de negocio.
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El asunto ha sido objeto de la protesta de varios responsables franceses. En un informe sobre la política anual de defensa, redactado por Nathalie Loiseau y aprobado en febrero, el Parlamento Europeo "pide a la Comisión que garantice que la etiqueta ecológica europea [...] preserve la competitividad de la industria europea de defensa". Un llamamiento "puramente escandaloso", reaccionó entonces el eurodiputado verde Mounir Satouri: "Este instrumento está dedicado a la transición ecológica y a la protección de la biodiversidad. No hay que abusar de ella".
En las reuniones económicas de Aix-en-Provence, en el verano de 2021, la ministra de las Fuerzas Armadas, Florence Parly, ya había arremetido contra ese umbral del 5%: "Decir que [las industrias armamentísticas] no deben ser financiadas por los bancos, del mismo modo que las actividades pornográficas, ¡es chocante!" La industria de la defensa también ha podido contar con el celoso apoyo de la Asamblea Nacional. En una resolución adoptada en enero (mediante votación exprés en dos comisiones especializadas), los representantes electos instaron a la Comisión a abandonar ese proyecto del 5%.
Texto en francés:
La guerra es la paz. La destrucción, la "estabilidad". Las armas tienen una vocación social. El argumento parece absurdo. Sin embargo, desde el estallido de la guerra en Ucrania, ha encontrado un eco sin precedentes. Porque para no privarse de nuevas fuentes de financiación disponibles en Bruselas, los dirigentes de la industria armamentística –o los grupos de presión que los representan– han decidido invocar a Orwell: insisten en las virtudes "sociales", "sostenibles" o "estabilizadoras" de las actividades de venta de armas.