Desde el comienzo de la crisis del euro, a la Comisión Europea se la escruta cada vez más. Su funcionamiento, la opacidad de algunas decisiones, la ausencia de democracia, el intrusismo de los lobbies... todo se analiza, forzando a la Comisión a adoptar otras normas, al menos en los casos más llamativos. No sucede así con el Banco Central Europeo. Como si el hecho de llevar la etiqueta de la independencia dispensara de observar el modo en que actúa la institución monetaria de la eurozona.
Sin embargo, el BCE es sin duda la institución más poderosa de la zona euro. Sus decisiones repercuten en la vida de más de 400 millones de europeos; por supuesto, existe una política económica y la influencia de ésta en la economía. Pero, debido a la crisis financiera su labor ha ido a más, superando con creces su misión inicial: garantizar la estabilidad de los precios.
El cambio se ha realizado subrepticiamente, sin que nadie sea realmente consciente de los enormes poderes políticos que ahora tiene. Se ha convertido en miembro permanente de la troika y del mecanismo europeo de estabilidad y toma decisiones sobre las políticas de austeridad de los países europeos en dificultad. También tiene como misión la supervisión del sistema bancario europeo, con plenos poderes sobre los bancos y, por ende, sobre el dinero de los depositantes. También es el BCE quien arbitra las cuestiones relativas a la regulación financiera en Europa, quien lleva la voz de Europa a las instancias internacionales sobre todas las cuestiones de regulación.
Pese a las nuevas tareas encomendadas, “las reglas éticas del BCE han permanecido inmutables y no van acordes al nuevo estatus de la institución”, dice un informe de la ONG Corporate Europe Observatory (CEO), publicado a comienzos de octubre. Esta organización ha decidido adentrarse en los recovecos de la institución para realizar una descripción pormenorizada y minuciosa de su funcionamiento. De ahí se desprende un cuadro desolador, en el que se presenta a un banco central totalmente “cautivo”, en manos del sector financiero. “El BCE es independiente de todos salvo del mundo de las finanzas”, puede leerse en el informe.
“Hay un intenso y perturbador tráfico en el interior y en el exterior del inmueble en Fráncfort de representantes procedentes de las mayores corporaciones financieras de Europa, que van y vienen a reuniones bajo la autoridad del BCE”, dice la ONG. Estos hombres, invitados por la institución monetaria, se suponen que deben iluminarlo, pero en la práctica han invadido la zona. Están en todas las plantas, coescriben las reglas, influyen en las decisiones, defienden sus intereses a cada paso, en la medida que asumen, sin ocultarlo, su papel de lobbies.
Desde su creación, la institución monetaria europea ha tenido por costumbre rodearse de comités para que los asesoren. Su número ha aumentado con el paso de los años: había 22 comités a finales de 2016; se supone que deben aportar diferentes puntos de vista y asesorar sobre asuntos tan complejos como las infraestructuras de pago en Europa, el comportamiento de los mercados de deuda o de acciones, las política macroprudencial y de estabilidad financiera, el diálogo con los inversores institucionales, etc.: en total, 517 personas participan en estas diferentes entidades.
La presencia de estos participantes permite “mantener el diálogo con las asociaciones y la sociedad civil”, explica el BCE en una carta, en respuesta a las preguntas de la ONG Corporate Europe Observatory. Sin embargo, resulta difícil hallar el menor rastro de la sociedad civil en el seno del BCE. “La composición de estos grupos no es representativa del público y, ahondando un poco más, parece que no se ha hecho ninguna tentativa a la hora de asegurar la representación de intereses al margen del sector financiero. El BCE ni siquiera ha tenido interés por rodearse de consejos académicos o economistas independientes”, señala el informe.
De los 517 participantes en estos comités, 508 proceden del sector financiero privado. Los nueve representantes restantes lo son de site grandes grupos (Siemens, Total, Airbus); sólo dos pertenecen a asociaciones de consumidores. Pero la extrema concentración de poderes otorgada al mundo financiero no queda ahí; oficialmente, todos los actores de las finanzas son consultados por el BCE: los fondos de inversión, los bancos, las cámaras, los operadores bursátiles, los consultores financieros.
En realidad, los megabancos, aquéllos demasiado grandes para quebrar, copan las plazas. Deutsche Bank cuenta con 18 puestos; BNP Paribas, 17; Société Générale, 16; Unicredit; 15. En total, 16 instituciones financieras monopolizan 208 asientos, es decir, el 40% del total. Entre los afortunados, sólo uno –Monte Titoli– no está sometido a la vigilancia del BCE. “En otros términos, la composición de los grupos de asesoramiento del BCE abre la puerta al riesgo de que los procedimientos de regulación sean presa de los lobbyistas que han levantado una excelente plataforma para tener acceso directo a las instancias que toman las decisiones en el Banco Central”, insiste la ONG.
Los conflictos de intereses, las murallas de China, incluso las necesarias reglas de prudencia, parecer ser nociones totalmente ajenas al banco Central. No hay ninguna regla ética para sus miembros, como ya señalaba un informe de Transparencia Internacional de marzo pasado. La regla es que “no hay regla”, insiste el informe de CEO. En 2015, Benoît Coeuré, miembro de la ejecutiva del BCE, así lo afirmó en presencia de un grupo de financieros para referirse a las líneas directrices de la política monetaria. Y, todo ello, apenas horas antes de que se diese a conocer sin ver en ello nada malo. Debido a la indignación suscitada, se decidió tomar medidas: ahora los miembros del BCE no pueden hablar antes de que las decisiones de la institución monetaria se hayan hecho públicas. Algo es algo.
Sin reglas
Ahora se admite, incluso en las teorías de economía clásica, el riesgo de que un regulador se convierta en rehén de los grupos a los que, se supone, debe controlar. Pero el BCE subestima completamente dicho riesgo. Sus relaciones permanentes con el mundo financiero no son neutras, como ponen de manifiesto los ejemplos citados por el informe. Así, en el marco de sus políticas monetarias no convencionales, que suponen un gasto mensual de 60.000 millones de euros en la compra de títulos obligacionistas, el BCE tiene una notable influencia no sólo en los mercados, sino también en las empresas privadas por cuyos títulos se decanta.
En 2010, según la ONG, los fabricantes de automóviles Ford y Volkswagen se unieron a un grupo de trabajo sobre crédito automóvil destinado a mejorar la transparencia y los riesgos de esta actividad. La suerte quiso que en los años posteriores, Volkswagen lograse el respaldo del BCE para su centro financiero, incluso para sus productos financieros de créditos de automóviles (Asset-backed securities – ABS). La compra de títulos fue tan importante que llegaron a convertirse en un riesgo para el BCE cuando estalló el Dieselgate, en septiembre de 2015. Desde entonces, el Banco Central dejó de comprar productos financieros emitidos por Volkswagen.
El escándalo del Libor todavía es más pintoresco. Aunque existían serias sospechas, desde hace varios años, de manipulación de este índice —de referencia en el mercado interbancario—, las pruebas llegaron en 2012: los bancos pactaban la evolución del índice, calculado no a partir de las transacciones reales, sino de las declaraciones de los inversores en una hora determinada.
Prácticamente todas los grandes bancos fueron condenados a pagar importantes multas por manipulación. Y el escándalo no se quedó ahí: las mismas prácticas de manipulación existían con el Euribor, el índice tipo de referencia en la zona euro, determinado con el mismo método que el Libor. Ahí también las principales entidades bancarias se vieron implicadas y fueron condenadas al pago de multas.
Alertado, el BCE decidió entonces confiar a uno de sus comités –el grupo de contacto del mercado monetario– la búsqueda de soluciones alternativas para poner remedio a la situación. La composición de este grupo vuelve a plantear interrogantes. En 2015, se supo que tres de los diez inversores implicados en el escándalo había formado parte de este comité en lo peor de la crisis financiera. Después, incluso los bancos que se habían visto salpicados por el escándalo fueron invitados a participar de forma muy activa en este comité.
Al alinearse con los lobbies bancarios, el BCE continuó defendiendo la autorregulación de la industria bancaria en lugar de tener un papel más activo en los cambios. En mayo de 2017, los representantes del sector financiero anunciaron que “no era posible hacer evolucionar la metodología del Euribor hacia un índice calculado sobre el conjunto de las transacciones”. Aunque el establecimiento de nuevas reglas pueda resultar complejo, “no es difícil constatar que los años de negociaciones no han llevado a ninguna parte; la industria financiera ha conseguido aplazar cualquier proyecto de reforma ante la falta de una voz que pueda aportar otro punto de vista en el seno del comité”, dice el informe.
Con el mismo éxito los representantes del sector financiero lograron enterrar la tasa sobre las transacciones financieras. Coincidiendo con la crisis financiera, 11 Gobiernos de la zona euro se mostraron partidarios de establecer dicha tasa. El proyecto se incluyó en el orden del día de al menos cuatro comités del BCE, según el informe. Oficialmente, la institución monetaria europea no se ha opuesto al principio de esta tasa.
Pero poco a poco, han ido apareciendo matices, excepciones. Según los diferentes comités, era importante excluir a sectores enteros de las transacciones efectuadas en los mercados financieros “para evitar los efectos negativos sobre el crecimiento”, comenzaron a explicar responsables del BCE. Argumentos presentes, literalmente, en los argumentarios enviados por los lobbies financieros a los diputados. ¿Hace falta decirlo? La tasa sobre las transacciones financieras se encuentra en punto muerto.
La connivencia entre el BCE y los intereses privados financieros es tan grande que estos están invitados, incluso, a decidir sobre una de las misiones centrales de la institución: la supervisión bancaria. “La unión bancaria debía dejar de lado las relaciones demasiado estrechas entre los reguladores nacionales y los grandes bancos nacionales. Estas relaciones de connivencia siguen existiendo, pero a nivel europeo”, constata el informe.
Oficialmente, ninguno de los comités tiene rellación con la entidad encargada de controlar los mayores establecimientos de la eurozona. “Sin embargo, las principales decisiones relativas a la regulación las toman las organizaciones relacionadas con los comités. Desde luego, no hay ninguna muralla china entre los dos”. Un año después de instaurar el mecanismo único de regulación, supuesto pilar de la unión bancaria europea, uno de los comités, el grupo de contacto del mercado monetario, recibió el encargo de evaluar la experiencia.
Entre los participantes, todos pertenecían a establecimiento controlados por el BCE. Por lo mismo, en el comité “diálogo con la industria bancaria” sólo hay representantes de los grandes bancos controlados por el BCE. Los miembros parecen haberlo transformado en grupo de lobby y de reivindicaciones. En junio de 2017, estos se han opuesto expresamente a que se reforzasen las reglas que los obligaría a aumentar sus fondos propios. Un asunto sobre el que el BCE se supone que debe actuar.
Desde hace meses, el BCE habla con todos el resto de grandes bancos centrales, todos los reguladores, en el marco de Basilea IV, del refuerzo de las reglas contables aplicadas para calcular las ratios prudenciales. Los grandes bancos europeos, empezando por los bancos franceses, han expresado su oposición a cualquier endurecimiento de las reglas. Sobre todo se niegan a abandonar sus propios métodos de cálculo de evaluación del riesgo para adoptar métodos comunes a todos. Cualquier cambio de método en el cálculo le supondría tener que reforzar sus fondos propios, lo que constaría, por lo menos, un centenar de miles de millones de euros, advierten. Y subrayan “los riesgos para el crecimiento y la financiación de la economía”, naturalmente.
¿Qué posición va a adoptar el BCE en esta cuestión? ¿Se va a posicionar con los bancos o militar a favor de una mejor estimación de los riesgos en el sistema bancario europeo? Dada la composición de los comités que supuestamente están ahí para iluminarlos, nos tememos cuál es la respuesta. ___________
Las razones del BCE para apostar ahora por la inversión pública en sanidad y educación
Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
Desde el comienzo de la crisis del euro, a la Comisión Europea se la escruta cada vez más. Su funcionamiento, la opacidad de algunas decisiones, la ausencia de democracia, el intrusismo de los lobbies... todo se analiza, forzando a la Comisión a adoptar otras normas, al menos en los casos más llamativos. No sucede así con el Banco Central Europeo. Como si el hecho de llevar la etiqueta de la independencia dispensara de observar el modo en que actúa la institución monetaria de la eurozona.