Siete semanas después de la celebración de las elecciones legislativas del 4 de octubre y 15 días más tarde de la caída del Ejecutivo, integrado por una coalición minoritaria de centroderechas, el presidente de la República Portuguesa se ha resignado a confiar la labor de formar Gobierno a Antonio Costa, secretario general de un Partido Socialista muy castigado en las urnas. Este Ejecutivo, también en minoría, cuenta con el apoyo en el Parlamento de las otras dos formaciones de izquierdas, el Bloco y el Partido Comunista. El Gobierno de Costa, que se sustenta en un andamiaje político inestable, debe hacer frente de inmediato a una ecuación presupuestaria complicada.
Aníbal Cavaco Silva, en la alocución en la que anunciaba esta semana la designación del líder de los socialistas, reconocía de forma implícita haber sopesado seriamente la posibilidad de mantener –porque así lo permite la Constitución– un “gobierno de gestión”, dirigido por Pedro Passos Coelho, hasta que su propio sucesor al frente del Estado, que resultará elegido en enero, pueda volver a convocar elecciones para sacar al país de una situación inédita desde el restablecimiento de la democracia en el país, en 1974.
“Las informaciones recabadas en las reuniones mantenidas con los interlocutores sociales, las instituciones y con miembros de la sociedad civil han puesto de manifiesto que mantener en funciones al XX Gobierno constitucional [...] no correspondía al interés nacional”, señalaba la declaración de Presidencia. De hecho, “una situación así se prologaría por un tiempo indeterminado, ante la imposibilidad constitucional, hasta el mes de abril del año próximo, de disolver el Parlamento de la República y de convocar elecciones legislativas”. Y es que las trabas institucionales eran dobles: el presidente no puede disolver el Parlamento durante el último semestre de mandato, que concluye en marzo de 2016, ni la Cámara baja puede disolverse antes de transcurridos los seis primeros meses de una legislatura. El jefe del Gobierno saliente, quien ya ha avisado de que llevará a cabo una oposición intransigente a una “troika de izquierdas” que considera fraudulenta, también era contrario a esta solución.
No obstante, antes de encargar a Antonio Costa la tarea de formar Gobierno, el jefe del Estado se interesó por una batería de propuestas, que detalló al término de la entrevista mantenida el lunes 24 de noviembre. En concreto, le preguntó por seis cuestiones, para “resolver dudas” con relación a los “acuerdos” alcanzados por separado entre el PS y sus socios de izquierdas. El objetivo era asegurarse de que el futuro Ejecutivo se mantiene en la senda de los compromisos europeos e internacionales del país. Nada de cuestionar la reducción del déficit presupuestario previo, ni de discutir el pago de la deuda pública (que representa en torno al 130% del PIB), ni de denunciar los tratados europeos, incluidos el Tratado Presupuestario y el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento de la Unión Económica y Monetaria. Ni hablar tampoco de poner en duda la pertenencia del país a la Alianza Atlántica y a su organización militar integrada. Estos temas han enfrentado históricamente al bloco central de partidos proeuropeos de centroderecha y de centroizquierda a las formaciones situadas a la izquierda de la izquierda.
Todo hace pensar que las respuestas, que no se han dado a conocer, de Antonio Costa a las exigencias difundidas urbi et orbi fueron del agrado del jefe del Estado, ya que el líder socialista volvía al Palacio de Belem menos de 24 horas después para recibir el encargo de formar el nuevo Gobierno. Inmediatamente, tras haber tenido tiempo para reflexionar, mientras Cavaco Silva avanzaba poco a poco hacia un callejón sin salida, el líder socialista hacía pública una lista de 17 ministros. El listado lo componen una mezcla de fieles, antiguos integrantes de los gobiernos de Sócrates –que llevaron al país a la quiebra en la primavera de 2011– y rostros nuevos, como la titular de Justicia Francisca Van Dunem, una de las cuatro mujeres, y la primera de raza negra (nacida en Angola), que forma parte de un Gobierno portugués.
Un equipo considerado “muy europeo”, en el que el puesto clave –como viene siendo habitual en los Gobiernos desde que estalló la crisis financiera– es el del ministro de Finanzas, que ejercerá de mediador entre Lisboa y Bruselas/Fráncfort. Como era de prever, el cargo lo ocupa Mario Centeno, economista considerado liberal, formado en Harvard, que hizo carrera en el Banco de Portugal y coordinador del programa económico electoral del PS. De hecho, se trata de un programa bastante más próximo al de la coalición de centroderechas que a las propuestas “radicales” del Bloco y del PCP, que consagraron buena parte de la campaña a disparar contra un Partido Socialista “de derechas”. Experto en el mercado de trabajo, que cree debe funcionar como un auténtico mercado, defiende posiciones que harían atragantarse a la “izquierda de la izquierda”, como el contrato laboral único o la relación entre el salario mínimo y el desempleo entre los trabajadores no cualificados.
Mario Centeno va a tener que ponerse a elaborar con carácter de urgencia los presupuestos para 2016, que la Comisión Europea y el Eurogrupo esperan cada vez con mayor impaciencia y uno de los aspectos que Cavaco Silva quiso “aclarar” con Costa. Estos presupuestos tendrán que alcanzar un equilibrio improbable entre las 71 enmiendas al programa inicial del PS que Costa ha negociado con sus nuevos aliados y un escenario presupuestario que responde a la ortodoxia del Tratado de Maastrich. Ahora bien, la mayor parte de estas modificaciones, dirigidas a “acabar con la austeridad”, van en el mismo sentido: aumentar el gasto público o bajar los ingresos fiscales. Según el analista del diario Publico y exministro de Finanzas de centroderechas Antonio Bagao Felix, de las 25 medidas con impacto en los presupuestos, 16 suponen el aumento del gasto y hay seis relativas a la caída de los ingresos fiscales.
Contexto peligroso
Tras la inversión de las medidas de “austeridad” impuestas por la crisis financiera –algunas de las cuales, y no precisamente las menos significativas, datan del Gobierno de Sócrates, anterior a la troika– subyace la idea de una sobredemanda que ha de permitir no sólo satisfacer al electorado de los nuevos socios de Gobierno (funcionarios de Estado y de organismos locales, asalariados de empresas de transporte público o en vías de privatización, etc.), sino estimular un crecimiento económico precario y a merced de un entorno europeo e internacional volátil. En realidad, el ajuste económico que ha permitido que el país saque la cabeza, y la salida de la troika de Lisboa, ha desembocado sobre todo en una mejora de la oferta, tanto en sectores productivos tradicionales reestructurados (textiles, calzado, algunos productos agrícolas), como en la expansión turística o en la renovación urbana. Aunque los resultados sean frágiles.
Pero revertir las medidas urgentes de un programa de ajustes, cuyo objetivo prioritario está limitado tanto en el tiempo como en las ambiciones (restablecer en tres años el acceso a una financiación “normal” en los mercados de capitales), por supuesto no recoge mención alguna al trabajo a largo plazo que se debe realizar para acabar con las carencias estructurales que han llevado al país a un callejón sin salida. Precisamente, en este sentido, del saneamiento de un sistema judicial disfuncional, la reforma del Estado (y sobre todo del “Estado paralelo”), pasando por la educación y el “capital humano”, los programas electorales tanto del PS como de la coalición saliente carecían de envergadura y de imaginación. Los “acuerdos” entre el PS y sus nuevos aliados pasan de puntillas por estas cuestiones. Sin duda alguna porque las perspectivas de unos y otros son irreconciliables. El Gobierno en minoría del PS, respaldado por el Bloco y por el PCP, curiosamente se va a parecer a ese “Gobierno de gestión” que Cavaco Silva quería evitar, una comunidad temporal reducida a las ganancias del mínimo común divisor político. O, como escribe curiosamente Bagao Felix, un “Gobierno tipo piedra pómez, que como esta roca volcánica, es de baja densidad, altamente porosa y que está llena de agujeros”.
El problema es que Antonio Costa, que ha conseguido acceder al Gobierno tras una recuperación digna del funambulista más mañoso, va a tener que gobernar en un contexto peligroso. No es casualidad que Cavaco Silva haya puesto como sexta y última condición la “estabilidad del sistema financiero”. En su conjunto, los bancos portugueses dependen en buena medida del respaldo del BCE y tienen mucho peso en la posición exterior negativa del país, más deteriorada que la de Grecia. A lo que hay que añadir la bomba de efecto retardado que representa el Novo Banco.
La “buena banca” nacida de la quiebra fraudulenta del Banco Espirito Santo no pasó los tests de resistencia del nuevo regulador europeo (la BCE) y debe ser recapitalizada sin mayor dilación, por un importe no inferior a 2.000 millones de euros. Tras ser confiada al Banco de Portugal, su cesión a los inversores privados encalló en el escollo de la inyección de dinero fresco. No sólo el Estado portugués tendrá dificultades para recuperar los 4.500 millones de euros que el Tesoro debió adelantar a los Fondos de Estabilidad Bancaria para reflotar el antiguo BES, sino que es posible que tenga que volver a rascarse el bolsillo. Sin poder contar con más ingresos adicionales, ya que la “troika de izquierdas” ha llegado a un acuerdo en lo que respecta a la paralización de las privatizaciones, incluso la anulación de la cesión iniciada por el Ejecutivo saliente –pero que no se completó, como es la concesión de los transportes de Lisboa y de Porto–. He aquí algunos aspectos interesantes que deben estar presentes en la ecuación de los presupuestos de 2016 y un resbalón presupuestario abriría inmediatamente la veda a tensiones externas (con “Bruselas”), pero también internas, entre los aliados parlamentarios.
Sin embargo, los agoreros, de derechas, que ven en Portugal la nueva Grecia y que vaticinan la necesidad de tener que solicitar un segundo rescate confunden sus deseos con la realidad. A corto plazo, el equipo de Costa contará con los réditos políticos que suponen medidas que engatusan al electorado de izquierdas. Los acuerdos alcanzados entre el PS y sus nuevos aliados son suficientemente imprecisos como para ganar tiempo. Se verá en breve con el aumento del salario mínimo, previsto para la presente legislatura, aunque es una medida que requiere el apoyo de interlocutores sociales (la patronal). No es vano, se trata de otra de las condiciones impuestas el jefe del Estado. El presidente de la principal patronal, Antonio Saraiva, ya ha avisado al futuro jefe del Gobierno que hay “líneas rojas” que no se pueden cruzar.
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Los electores portugueses volverán a estar llamados a las urnas el 24 de enero de 2016 para elegir al sucesor de Anibal Cavaco Silva como presidente de la República. A tenor de los sondeos, todo apunta a que le sucederá en el cargo Marcelo Rebelo de Sousa, expresidente del PSD y toda una celebridad televisiva al que todo el mundo conoce por su nombre; es el precio de la fama. Amigo íntimo de Ricardo Salgado, el malogrado “maestro de todo eso”, pero también habitual a la fiesta anual de Avante, el órgano oficial de Avante, publicación ligada al PC. Un hombre hábil, quizás demasiado, de convicciones inciertas. Y que tuvo como estudiante de Derecho Constitucional en la facultad de Derecho de Lisboa a un tal... Antonio Costa. Los portugueses, que siguen siendo un pueblo apasionado por la política, para quéquieren más. En cuanto al país...
Traducción: Mariola Moreno
Siete semanas después de la celebración de las elecciones legislativas del 4 de octubre y 15 días más tarde de la caída del Ejecutivo, integrado por una coalición minoritaria de centroderechas, el presidente de la República Portuguesa se ha resignado a confiar la labor de formar Gobierno a Antonio Costa, secretario general de un Partido Socialista muy castigado en las urnas. Este Ejecutivo, también en minoría, cuenta con el apoyo en el Parlamento de las otras dos formaciones de izquierdas, el Bloco y el Partido Comunista. El Gobierno de Costa, que se sustenta en un andamiaje político inestable, debe hacer frente de inmediato a una ecuación presupuestaria complicada.