Por una parte están las palabras pronunciadas por los dirigentes políticos que quieren tranquilizar a una parte de la opinión pública y enviar un mensaje de firmeza. Luego está la realidad sobre el terreno, que exige actuar para salvar el mayor número posible de vidas. Para quienes trabajan en ayuda a los exiliados en el Mediterráneo central, la situación es crítica desde hace varios meses.
"En este momento, la ruta tunecina es un no parar", decía durante el verano un rescatador que trabaja para una ONG cuyo barco humanitario surca las aguas internacionales para salvar a los emigrantes que intentan la peligrosa travesía hacia la costa italiana. Los barcos son menos imponentes que los de los últimos años. Son más bien "pateras", prosigue. "Pero no paran.”
Este año, la ruta de Túnez a Italia se ha vuelto casi tan importante, si no más, que la de Libia, país norteafricano asolado por la guerra civil y plagado de milicias, donde los migrantes son sistemáticamente torturados y violados, cuando no reducidos a la esclavitud. El aumento del número de travesías –casi el doble que el año pasado por estas fechas– ha llevado a la jefa del gobierno italiano, la ultraderechista Giorgia Meloni, a adoptar una línea más dura.
Movimientos hacia el acuerdo en la UE
A mediados de septiembre, unas 11.000 personas desembarcaron en la pequeña isla de Lampedusa en una semana, la mitad de ellas sólo el 12 de septiembre. El Ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, viajó rápidamente a Roma para ofrecer su apoyo al país vecino. En este contexto, los representantes de los 27 Estados de la Unión Europea alcanzaron esta semana un acuerdo sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo. El acuerdo pretende mejorar la distribución de los migrantes y solicitantes de asilo para "aliviar" a los países en situación de "crisis", que se encuentran en primera línea por su situación geográfica para acoger a los exiliados.
Estos países podrán así reubicar más rápidamente a los migrantes cuando la situación lo requiera, o podrán solicitar ayuda financiera. "Se trata de un auténtico cambio de situación que nos permitirá avanzar en las negociaciones", declaró muy animada Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Los Estados miembros de la UE han vuelto a reunirse el jueves y el viernes en Granada (España) con motivo del Consejo Europeo que proseguirá las negociaciones sobre este pacto migratorio conjunto, que de momento causa preocupación en la izquierda española.
Prohibición a las ONG extranjeras de desembarcar rescatados en Italia
A finales de septiembre, Emmanuel Macron se reunió en Roma con Giorgia Meloni, asumiendo una "visión compartida" sobre la cuestión migratoria con la representante de un partido posfascista, y ello después de que Francia e Italia se pelearan por la mera acogida del Ocean Viking en noviembre de 2022.
Pocos días después, en una cumbre europea en Malta –un país que lleva años sin responder a las llamadas y correos electrónicos de las ONG, negándose a acoger a ningún rescatado en el mar–, Meloni declaró que quería proponer una enmienda "por la que el país responsable de recibir a los migrantes transportados en un barco de una ONG sea el del pabellón del barco".
En otras palabras, Italia ya no quiere recibir a los rescatados por ONG extranjeras. El Ocean Viking, de bandera noruega, se vería así obligado a desembarcar a sus rescatados en Noruega, el Open Arms en España y el Sea-Watch 4 en Alemania. Se trata de una medida contraria al derecho marítimo internacional, que obliga a desembarcar a las personas rescatadas en el puerto "seguro" más cercano.
"No podemos jugar a la solidaridad con las fronteras de los demás", explica Giorgia Meloni. Se trata de una línea argumental que considera cada vez más a las ONG como adversarios a los que hay que poner trabas, con el telón de fondo de la teoría de la "corriente de aire" (que sugiere que la mera presencia de ONG en el mar animaría a los exiliados a intentar la travesía), retomada por la extrema derecha pero ampliamente rebatida por los especialistas en migraciones. Sin embargo, esta enmienda italiana no se incluyó en el compromiso final alcanzado por los europeos.
El discurso y la realidad
Este año, una serie de decretos ha complicado el trabajo de esas ONG: uno les obliga a desembarcar a sus rescatados inmediatamente después de su primera operación de salvamento, sin poder ayudar a otras embarcaciones en camino. Otro les obliga a llevarles a un puerto que a veces está muy lejos de la zona en que se encuentran, alargando el plazo de desembarco varios días, en un momento en el que los rescatados están sufriendo los efectos de la travesía.
Sin embargo, estas nuevas medidas adoptadas por Italia para criminalizar a las ONG y obstaculizar su labor tienen poco peso frente a la realidad sobre el terreno. Desde el verano pasado, los servicios de salvamento italianos trabajan codo con codo con los barcos humanitarios de las ONG presentes en la zona de búsqueda y rescate. El ritmo de las salidas de las costas tunecinas y de los rescates en el mar obliga a coordinar esfuerzos.
Servicios de emergencia desbordados
"Ayer, el Ocean Viking recibió instrucciones del centro de coordinación de salvamento italiano para socorrer a personas en apuros al suroeste de Lampedusa. En las últimas 42 horas se han llevado a cabo once rescates. Han sido rescatadas más de quinientas personas", anunciaba el barco SOS Méditerranée el 11 de agosto.
"Las autoridades aprobaron leyes en marzo para pasar de la propaganda a la acción, pero no tuvieron en cuenta el periodo estival y las condiciones meteorológicas favorables para las salidas al mar", afirma Juan Matías Gil, jefe de misión para el Mediterráneo Central de Médicos Sin Fronteras (MSF).
Aunque los servicios de emergencia italianos intentaron gestionar ellos mismos la situación, pronto se vieron "desbordados", prosigue, porque "no podían atender a todo el mundo", en un momento en el que partía muchísima gente de Sfax, en Túnez. De este lado del Mediterráneo, los exiliados estuvieron en el punto de mira desde que el presidente tunecino, Kaïs Saïed, pronunciara un discurso especialmente virulento sobre ellos en febrero, y la policía estuvo organizando "redadas" durante todo el verano.
El representante de MSF señala la "paradoja" existente entre la retórica política y las "enormes necesidades" sobre el terreno. "Los servicios de emergencia italianos no podían evitar que salváramos vidas", especialmente desde los recientes naufragios frente a Lampedusa y Cutro, en Calabria.
“Hay dos caras de la historia", añade una socorrista miembro de una de estas ONG. “Una es pública y pretende criminalizar el trabajo de las ONG acusándonos de traficantes o contrabandistas, y la otra es pedirnos que llevemos a cabo un rescate, o incluso varios".
Recuerda haber realizado doce rescates en 24 o 48, todos ellos solicitados por las autoridades italianas, desbordadas por la llegada de miles de exiliados al mismo tiempo. "Los guardacostas nos daban una posición para el primer barco, luego para el segundo, y así sucesivamente.”
Para colmo, esas mismas autoridades les envían cada vez más a "puertos muy lejanos", como Ancona, La Spezia o Civitavecchia, que les lleva cuatro o cinco días de navegación para desembarcar a veces sólo a una decena de supervivientes.
"En lugar de permitirnos quedarnos y realizar más rescates, nos alejan de la zona de búsqueda y salvamento. Eso se hace a propósito", según esta socorrista. En varias ocasiones, los desembarcados fueron conducidos a centros de acogida en el sur del país, lejos del puerto asignado para su desembarco. "Es completamente ilógico".
Lo cierto es que al cargar contra las ONG, Italia ataca también lo hace contra los seres humanos que buscan protección en Europa.
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Sea como fuere, el hecho de que los propios servicios de salvamento italianos encarguen a las ONG la organización de operaciones de rescate en cascada confiere legitimidad a su actuación, tan denostada políticamente. Sobre todo porque "se olvidan de mencionar que los rescates de las ONG sólo representan el 8% del total de las llegadas a Italia", dice la socorrista. “Es realmente muy poco, pero el Gobierno sigue señalándonos mientras que las propias autoridades italianas nos piden que llevemos a cabo rescates".
¿Podría Italia adoptar algún día la misma actitud que Malta y dejar de responder a las alertas de las ONG, quedando así fuera de la ley? "No lo creo", piensa Juan Matías Gil, de MSF. En su opinión, el país tiene la obligación de respetar los derechos humanos, la Convención de Ginebra sobre los Refugiados y las normas marítimas internacionales, que obligan a socorrer a cualquier persona en peligro en el mar. "Sería un escándalo enorme. Lo cierto es que al cargar contra las ONG, Italia está cargando también contra los seres humanos que buscan protección en Europa”.
Traducción de Miguel López