Mientras la suerte de Julian Assange en Estados Unidos se anuncia cada vez más sombría, la Justicia española acaba de dar un paso decisivo en un caso que podría afectar al proceso de extradición del fundador de Wikileaks. El martes 21 de enero, El País publicaba que tres exempleados de la compañía UC Global que, desde finales de 2017, supuestamente espiaron en secreto, para los servicios estadounidenses, todos y cada uno de los actos y gestos de Julian Assange (así como los de sus familiares y defensores) dentro de la embajada ecuatoriana en Londres, habían prestado declaración en calidad de testigos protegidos.
Esta declaración llega a raíz de la denuncia presentada el verano pasado por WikiLeaks contra UC (Undercover) Global y su máximo responsable, David Morales, y a la que Mediapart (socio editorial de infoLibre) ha tenido acceso. En la denuncia, los abogados dijeron que habían sido alertados por antiguos empleados de las actividades ilegales de la empresa. Dichos extrabajadores supuestamente facilitaron numerosos correos electrónicos internos en los que detallaban sus actividades, fotos y vídeos, y aseguraron estar dispuestos a ponerlos a disposición de la Justicia y a testificar, siempre que obtuvieran la condición de “testigos protegidos”.
A día de día, la Justicia española cuenta con muchos elementos que permiten trazar la historia de las vinculaciones entre UC Global y los servicios norteamericanos, así como de la operación Hotel, nombre dado internamente al sistema de vigilancia desplegado en torno a Julian Assange a partir de diciembre de 2017, y digno de una película de espionaje. Mediapart ha podido ver algunos de estos documentos.
UC Global, fundada en 2007 por un exmilitar español, David Morales, durante varios años fue una empresa relativamente modesta, cuyo principal trabajo era proporcionar seguridad a las dos hijas del entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa mientras estudiaban en Londres.
En 2015, la embajada quiere resolver un problema administrativo habitual. Sus guardias de seguridad son ecuatorianos y cada vez que viajan a su país de origen, tienen que solicitar un visado a su regreso, lo que puede suponer varias semanas y causa numerosos trámites burocráticos. Por lo tanto, busca una empresa de seguridad de habla hispana, con sede en un país de la Unión Europea, para poder viajar allí fácilmente.
UC Global lógicamente ganó la adjudicación. El contrato se firmó con los servicios de inteligencia ecuatorianos, el Servicio Nacional de Inteligencia de Ecuador (SENAIN), a través de una empresa con sede en Florida y vinculada a la aviación civil ecuatoriana.
Ese mismo año, David Morales acudió solo a Las Vegas para presentar su empresa en una feria especializada en seguridad. Al disponer únicamente de este único contrato, no duda en elogiar su trabajo para la embajada ecuatoriana, insistiendo en la situación particular ligada a la presencia de Julian Assange. Posteriormente, todo apunta a que se le habría acercado el jefe de seguridad de la compañía Las Vegas Sands, propiedad de Sheldon Adelson, amigo personal de Donald Trump, quien le habría propuesto trabajar con los servicios de inteligencia estadounidenses con el envío de información sobre Julian Assange y sus partidarios.
Según los testimonios de los empleados citados en la denuncia, a su regreso, David Morales reunió a todo su equipo y anunció que “en lo sucesivo”, iban “a jugar en primera división”. Cuando los empleados le preguntaron a qué se refería con “primera división”, él respondió que su empresa se había pasado “al lado oscuro”. El jefe de UC Global nunca especificó la identidad exacta de este nuevo cliente. En sus correos electrónicos con sus empleados, generalmente se refiere a él como “nuestros amigos americanos”. En 2017, preguntado por uno de ellos, soltará que se trata de la “inteligencia estadounidense” pero se niega entonces a decir nada más.
A partir de entonces, David Morales comenzó a viajar a Estados Unidos, a Nueva York, Washington y Las Vegas, con el fin de informar a “nuestros amigos americanos”, según las explicaciones que dio a sus colaboradores. Durante estos viajes, Morales llevó consigo los datos que había recogido. Pero al principio, estos datos son bastante escasos y sólo provienen de las actividades de vigilancia y vídeovigilancia, sin audio.
La colaboración entre UC Global y su cliente estadounidense adquiere una dimensión completamente nueva tras la elección de Donald Trump en noviembre de 2016. Se modifica la organización de la seguridad de la embajada para establecer la operación Hotel, en referencia a la embajada y con alusiones, en las conversaciones, a Julian Assange como “el cliente”.
David Morales selecciona algunos técnicos directamente bajo su mando y se asegura del control total del sistema de videovigilancia. A principios de 2017, pidió a su departamento de informática que le preparara un teléfono y un ordenador seguros para poder comunicarse de forma encriptada con sus “amigos americanos”.
Las conversaciones obtenidas por los abogados de Julian Assange muestran la presión creciente ejercida durante los meses siguientes por David Morales sobre sus empleados, a los que transmitió las peticiones cada vez más precisas e intrusivas de Estados Unidos. Una de sus principales exigencias era poder grabar las conversaciones, ya que las cámaras que había entonces en el lugar no permitían la grabación de sonido. El tema fue objeto de varias conversaciones, insistiendo Morales en que se eligiera un modelo en el que el micrófono no fuera visible. Las fotos se toman desde diferentes partes de la sala de reuniones de Julian Assange.
Las nuevas cámaras se instalarán en diciembre de 2017. Pero la calidad del sonido deja mucho que desear, sobre todo porque Julian Assange, que sabe que está siendo sometido a vigilancia, utiliza un generador de “ruido blanco”, un dispositivo que puede interrumpir las grabaciones de sonido. Se consideran varias soluciones. Primero, Morales pidió al personal de su embajada que tomara fotos de varios objetos en la sala de reuniones para pensar en la mejor manera de esconder los micrófonos en la sala. Se elige un extintor de incendios, que será fotografiado desde varios ángulos, que se encuentra al lado de la silla donde Julian Assange suele sentarse. Otro micrófono se coloca en el baño de mujeres, la única dependencia que el fundador de WikiLeaks creía protegida y donde se refugiaba para sus discusiones más sensibles.
Pero la calidad de las grabaciones todavía no parece convenir a los norteamericanos. En marzo de 2018, David Morales hizo instalar filtros de sonido para mitigar los efectos del generador de ruido blanco. También pidió a sus empleados que colocaran una pegatina que advirtiera de la presencia de cámaras de CCTV en la esquina superior izquierda de cada ventana exterior de la embajada. A su regreso, explicó que esta era otra petición de sus “amigos americanos”. Para mejorar la calidad de las grabaciones de sonido, habían instalado un sistema de “micrófono láser”, un dispositivo que permite escuchar una conversación a través de una ventana mediante un láser que mide la vibración del cristal.
“Morales decidió vender toda la información al enemigo”
La vigilancia de UC Global no se limita a las grabaciones. El personal de la embajada recibió instrucciones de registrar toda la información disponible sobre los visitantes de Julian Assange e incluso recibieron listas de objetivos “prioritarios”. En un correo electrónico enviado el 21 de septiembre de 2017 a varios empleados, David Morales se quejó de la falta de información sobre algunos de ellos. “No hay datos... los archivos están muy incompletos y es necesario tener fotos de ellos, así como descripciones de sus funciones o actividades en la sede”, escribió. “En concreto, se deben crear y actualizar los siguientes perfiles (datos personales, relaciones con los clientes, números de teléfono, correos electrónicos, número de visitas, etc.) para estos visitantes y colaboradores habituales del cliente”. A continuación, figura una serie de nombres: la periodista Sarah Harrison, socia cercana de Julian Assange; Jennifer Robinson, su abogada inglesa; Baltasar Garzón, su abogado español, y Renata Ávila, una activista guatemalteca y miembro de su equipo de defensa.
Esta información fue recogida por todos los medios de comunicación. A su llegada a la embajada, los visitantes tenían que dejar sus dispositivos electrónicos en el mostrador de recepción, donde eran fotografiados por fuera y por dentro para recuperar toda la información posible, incluido el número de identificación internacional de equipo móvil (IMEI), que se utilizaba para facilitar el pirateo informático. También se fotografiaron sus identificaciones y cualquier documento personal disponible. En algunos casos, los empleados parecen haber podido recuperar incluso las contraseñas y los PIN de los visitantes.
Nadie se salvó de esta vigilancia, ni siquiera el jefe del SENAIN, el coronel Rommy Vallejo. Cuando visitó a Julian Assange el 21 de diciembre de 2017, David Morales recibió un informe detallado de la reunión. Morales comienza dando su número de teléfono y de IMEI y luego hace un resumen de la conversación, en el que se habla de la suerte del periodista.
Los hombres de Morales incluso siguieron a algunas personas fuera de la embajada, como a Baltasar Garzón. En octubre de 2017, el director de UC Global recibió un informe sobre algunas de las reuniones confidenciales del abogado. Incluía fotos robadas de un encuentro entre él y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Morales llega a pedir a sus empleados que se hagan con un pañal de un bebé, que visita regularmente a Julian Assange con su madre, para analizar sus heces y determinar si podría ser su hijo. Llega a decir que fue una petición de los “norteamericanos”. Pero los empleados reticentes advirtieron a la madre, pidiéndole que no trajera más al niño a la embajada.
Porque la operación Hotel está lejos de conseguir unanimidad en la empresa UC Global. Según los testimonios recogidos por los defensores de Julian Assange, varios empleados expresaron su malestar por las exigencias de los “amigos norteamericanos” de su jefe. Algunos decidieron denunciar sus acciones cuando se dieron cuenta de que “David Morales había decidido vender toda la información al enemigo, Estados Unidos”, dice la denuncia.
Sin mencionar el hecho de que éste siempre ha logrado mantener un control absoluto sobre la causa. Morales fue el único en contacto con el misterioso jefe. Cada día, los empleados de la embajada debían presentar un informe de las visitas del día en un archivo de acceso remoto. Las grabaciones de sonido y vídeo fueron extraídas y transferidas a discos duros, que Morales se encargó de llevar a Estados Unidos una o dos veces al mes.
En 2017, pidió a un empleado que estableciera en paralelo un sistema de acceso directo y remoto a los vídeos, configurado de manera que éstos pudieran ser consultados por los estadounidenses sin el conocimiento de las autoridades ecuatorianas. Varios correos electrónicos internos confirman la naturaleza clandestina de las actividades de UC Global. En uno de ellos, enviado el 21 de septiembre de 2017, David Morales alertó a varios colaboradores: “El SENAIN nos está investigando. Por eso me gustaría que mi ubicación se maneje con reserva (especialmente mis viajes a EEUU)”.
Las tensiones en la compañía también fueron a más por el aumento del nivel de vida de los antiguos militares. A partir de 2017, compra un nuevo apartamento en un barrio acomodado y coches de lujo. Los rumores dentro de UC Global afirman que el contrato con Estados Unidos se factura a razón de 200.000 euros al mes. Un maná inesperado del que los empleados no participan. Algunos sospechan que su jefe esconde dinero en Gibraltar, donde va regularmente.
Según El País, en la declaración ante el juez de instrucción, los tres exempleados confirmaron todos los elementos de la denuncia y entregaron los documentos que acreditan sus acusaciones. En particular, proporcionaron “direcciones IP” –que permiten localizar la ubicación de un dispositivo– de los ordenadores que se habían conectado al servidor de UC Global donde se almacenaban los datos de Julian Assange y que apuntaban a diferentes lugares de Estados Unidos.
Los análisis de las direcciones IP, a las que Mediapart también ha tenido acceso, de algunos de los correos electrónicos de David Morales confirman sus viajes a Estados Unidos. A principios de marzo se enviaron una serie de mensajes desde la ciudad de Alejandría, cerca de Washington DC, cuando WikiLeaks empezó a publicar su serie de documentos “Vault7”, que detallan las herramientas de intrusión y espionaje utilizadas por la CIA.
Además de Julian Assange, otras víctimas del espionaje de UC Global han presentado denuncias, entre ellas, como reveló Mediapart el pasado noviembre, su abogado francés Juan Branco. David Morales fue arrestado en septiembre. Su casa y su oficina fueron registradas y su equipo informático, incautado. Los investigadores también encontraron dos armas de fuego a las que les faltaban los números de serie y 20.000 euros en efectivo. El dueño de UC Global quedó en libertad bajo fianza. Se le ha retirado el pasaporte y tiene que presentarse en el tribunal dos veces a la semana.
Julian Assange, por su parte, comparecerá ante el tribunal británico en febrero con relación a la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. El jueves 23 de enero, en una declaración en vídeo del fundador de WikiLeaks, la juez Vanessa Baraitser acordó escalonar las audiencias, que comenzarán el 24 de febrero y durarán una semana, para luego reanudarse el 18 de mayo durante tres semanas.
La solicitud la realizaron los abogados de Assange, que una vez más denunciaron las condiciones de la detención de su cliente, en la prisión de alta seguridad de Belmarsh. “No podemos entrar cuando necesitamos ver a Assange y recibir instrucciones... necesitamos tiempo para arreglar esto”, dijo el abogado Edward Fitzgerald.
El equipo de defensa de Julian Assange consiguió otra victoria esta semana. Aunque muchos observadores estaban preocupados por el estado de salud del periodista, considerado gravemente debilitado física y psicológicamente por quienes han podido conocerlo, la administración penitenciaria aceptó finalmente sacarlo del pabellón de aislamiento en el que estaba encarcelado y trasladarlo a un ala donde pueda relacionarse con otros reclusos.
Según el miembro de Wikileaks Joseph Farrell, que anunció la noticia el viernes 24 de enero, la decisión se debe a repetidas solicitudes de abogados, pero también a una petición de otros presos. “Este cambio es una gran victoria para el equipo legal de Assange y para los activistas que han estado presionando durante semanas para que las autoridades de la prisión pongan fin al tratamiento punitivo de Assange”, dijo.
El tribunal estadounidense quiere juzgar al australiano de 48 años por su trabajo como redactor jefe de WikiLeaks y por la publicación en 2010 de documentos proporcionados por Chelsea Manning, también actualmente en prisión, en los que se detallan los abusos de Estados Unidos en Afganistán e Irak. El 23 de mayo de 2017, el Departamento de Justicia reveló los 17 cargos en su contra, incluida la violación de la Ley de Espionaje. Se enfrenta a un total de 175 años de prisión.
Después de la audiencia del 23 de enero, el actual redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, dijo que los tribunales estadounidenses habían añadido una nueva causa al expediente del caso. Este establece que los no ciudadanos estadounidenses no pueden beneficiarse de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión y la libertad de prensa.
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Estados Unidos amplía las acusaciones contra Assange por una supuesta alianza con 'Anonymous'
Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
Mientras la suerte de Julian Assange en Estados Unidos se anuncia cada vez más sombría, la Justicia española acaba de dar un paso decisivo en un caso que podría afectar al proceso de extradición del fundador de Wikileaks. El martes 21 de enero, El País publicaba que tres exempleados de la compañía UC Global que, desde finales de 2017, supuestamente espiaron en secreto, para los servicios estadounidenses, todos y cada uno de los actos y gestos de Julian Assange (así como los de sus familiares y defensores) dentro de la embajada ecuatoriana en Londres, habían prestado declaración en calidad de testigos protegidos.