Junio de 2012. Un François Hollande que acababa de imponerse en las urnas prometía “reorientar” Europa. Negociaba entonces en Bruselas un “pacto de crecimiento” por valor de 130.000 millones de euros, dirigido a minimizar los efectos de las políticas de austeridad aplicadas en el continente. El plan incluía una novedad que el mandatario francés presentó en rueda de prensa, el 28 de junio de 2012, como “innovadora”. Se trataba de una forma de “colaboración de carácter público-privado” destinada a desbloquear “inversiones adicionales”, para reactivar la economía de los Veintiocho.
François Hollande se estaba refiriendo aquel día a los “bonos” (lo que en el argot de Bruselas se conoce como projects bonds). Básicamente, consisten en la emisión de bonos por parte de una empresa privada y, a cambio, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) dirige la operación como garantía de su apoyo. Automáticamente, esto “eleva” la calidad del crédito en los mercados, a ojos de las agencias de rating, y atrae a nuevos “inversores”, como por ejemplo, fondos de inversiones.
Se trata de una fórmula alternativa al préstamo bancario tradicional, que la Comisión pretendía poner en práctica en sectores estratégicos, como infraestructuras, energía y tecnologías de la información. La intención última, evidente, es la de recurrir al sector privado para que contribuya al estímulo económico en un periodo en el que la reducción de todas las partidas presupuestarias ha sido drástica. En verano de 2012, cuando Europa puso en marcha la “fase piloto” del lanzamiento de estos bonos, logró el consenso, también en el Parlamento Europeo (579 votos, 32 en contra, 9 abstenciones). Eso sí, el asunto apenas tuvo trascendencia fuera de las instituciones europeas.
Dos años y medio más tarde, el “pacto de crecimiento” de François Hollande no ha producido los efectos esperados. Hasta el punto de que Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ya prepara un nuevo plan de estímulo por valor de 300.000 euros para el próximo trienio y que debe estar listo antes de navidades. Sin embargo, ya se han emitido algunos bonos dirigidos a financiar una decena de proyectos en diferentes puntos del continente. Y este nuevo instrumento –semipúblico, semiprivado– va a ocupar sin duda un lugar destacado en los próximos anuncios que haga Juncker.
No obstante, hay un problema. La primera emisión de bonos de Europa se ha revelado como un auténtico fiasco en apenas dos años. La infraestructura que tenía que financiar –un almacén submarino de gas natural situado en la costas españolas, en el Mediterráneo– se ha paralizado, por haber provocado diferentes temblores en la zona. La empresa constructora encargada del proyecto ya tirado la toalla. Pero eso no es todo, ya que, por si fuese poco, tal y como se supo en octubre de 2014, serán los contribuyentes españoles los que paguen los platos rotos, en la factura de los próximos 30 años, con el fin de indemnizar a la empresa...
“Este asunto es escandaloso de principio a fin”, afirma Ernest Urtasun, eurodiputado catalán de ICV-IU. “¿Cómo se pudo firmar un contrato que autorizaba por un lado a la empresa a obtener beneficios con la inversión, pero que por otra parte obliga al Estado español a intervenir en caso de que se produzcan pérdidas?”. Por su parte, Xavier Sol, de la ONG Counter Balance, que tiene como misión vigilar al BEI, resume: “Lo que debía convertirse en motor de crecimiento se ha transformado en motor de deuda. La responsabilidad de la Unión Europea es abrumadora. Socializar los riesgos y sacar ventaja de los beneficios es exactamente lo que nos ha llevado a la crisis”.
El asunto lleva a plantearse una serie de cuestiones muy simples: ¿La Unión Europea puede llevar a cabo realmente aquello a lo que aspira? ¿Tiene las competencias precisas para poner en marcha los estímulos deseados? Más allá de los simples discursos, el caso del proyecto Castor, como se ha dado en llamar la plataforma española en alta mar, suscita diferentes dudas. Y, para entenderlo mejor, se hace necesario remontarse al origen de los hechos.
Para la primera emisión de bonos, el BEI parecía haber reducido al mínimo los riesgos al seleccionar un proyecto que se encontraba bastante avanzado. Ya desde finales de los 90, se perseguía la idea de recuperar el antiguo yacimiento marino de petróleo agotado Amposta, situado a 21 km de la costa, frente a Vinaròs (Castellón). El proyecto preveía la posibilidad de almacenar, a 1.800 metros de profundidad, el equivalente a las necesidades gasísticas de la Comunidad Valenciana y de sus cinco millones de habitantes durante tres meses. España importa la totalidad del gas que se consume.
La constructora ACS que preside Florentino Pérez –también al frente del Real Madrid– resultó la empresa adjudicataria del proyecto en aras de la “seguridad energética” del país. Sin embargo, y puesto que carecía de experiencia en el sector del gas, ante la aparente preocupación por diversificar ingresos (años antes de la explosión de la burbuja inmobiliaria), ACS se asoció con un grupo canadiense especializado en el sector energético, Dundee. Tras obtener el visto de la Administración, nació Escal UGS (controlada en un 67% por ACS) y, en 2007, logró de un consorcio de 19 bancos, un primer préstamo reembolsable en siete años.
Más de 500 seísmos en un mes
Pero el préstamo era insuficiente. Las obras no habían concluido cuando los plazos estaban a punto de expirar. El lanzamiento desde Bruselas de los bonos llegaron como agua de mayo. Florentino Pérez estaba en aquel momento tratando de refinanciar su deuda y consiguió ni más ni menos que 14.000 millones de euros a partir de la emisión de los famosos bonos, que podría devolver en el plazo mucho más cómodo de 21 años. El BEI compró una parte de las obligaciones, una cantidad suficiente como para permitir acabar un proyecto tan ambicioso, cuyo coste total se estimó en 1.650 millones de euros.
En esa época, el Banco Europeo de Inversiones hizo del proyecto Castor un modelo a seguir. “El BEI está dispuesto a apoyar las inversiones necesarias para el futuro de Europa y felicita a Castor por haber demostrado con éxito que el recurso a la expansión del crédito, gracias a los bonos, permite apoyar las inversiones a largo plazo, en una coyuntura económica difícil”, llegó a escribir Werner Hoyer, responsable del organismo europeo, en un comunicado fechado el 30 de julio de 2013.
Claro que en septiembre del mismo año, la situación dio un giro. Las primeras inyecciones de gas colchón, para consolidar la estructura, provocaron alrededor de 500 seísmos en la costa, a la altura del Delta del Ebro, algunos de los cuales llegaron a alcanzar 4,2 grados en la escala Richter. El Gobierno español decidió suspender las obras en octubre a la espera de recabar más información sobre cuanto sucedía. Se encargaron diversos estudios, dentro y fuera de España, que establecieron la existencia de una relación directa entre los temblores y las obras del almacén Castor. Toda una victoria para los colectivos ecologistas, algunos de los cuales –entre ellos la plataforma en defensa de las tierras de la Senia, que toma su nombre de la comarca tarraconense del mismo nombre– comenzaron las movilizaciones en 2007.
Como era de esperar, al presidente de ACS, Florentino Pérez, no le gusta hablar en público del asunto. El presidente del Real Madrid también quiso evitar el asunto, a preguntas de Jordi Évole, en la edición del pasado 24 de marzo de 2014 del programa Salvados: “No se ha producido ni un temblor en ninguna casa. No pasó nada. Hay estudios en marcha [...] Castor puede volver a funcionar en 2014”. (Minutos del 41:45 al 42:47).
No fue hasta el 15 de junio de 2014 cuando Escal UGS decidió renunciar al permiso de explotación. Los primeros resultados de los estudios confirmaron la relación directa entre el proyecto Castor y los temblores. Desde entonces, la estructura se encuentra “hibernando”, según la denominación oficial, aunque no ha sido desmantelada.
Queda por tanto abierta la puerta de las indemnizaciones, por una inversión estimada de 1.650 millones de euros, puesto que la empresa de Florentino Pérez exige recuperar el dinero o más exactamente reclama desprenderse de la deuda. Para ello, se aferra a la cláusula recogida el real decreto de 2008, aprobado con José Luis Rodríguez Zapatero en el gobierno, que le autorizaba a explotar la zona.
¿Qué dice la cláusula en cuestión que entonces pasó desapercibida? Que en caso de suspensión del proyecto, las instalaciones pasarían a ser propiedad del Estado y que este último tendría que indemnizar al operador privado –por importe de su valor neto, es decir, los 1.300 millones de euros, o por su valor “residual” (un montante inferior) si se constatase “una falta intencional o acto de negligencia por parte de la empresa”.
En octubre de 2013, el Tribunal Supremo falló que el Estado, al aprobar este decreto de 2008, no actuó contra el interés general. En resumen, el Alto tribunal preparaba el terreno para el desembolso de una indemnización a la empresa de Florentino Pérez.
Un año después, en octubre de 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy, nuevamente vía real decretol, aprobó indemnizar a ACS con 1.350 millones de euros. Para ello, para evitar que el importe total incrementase la deuda pública española, optó por endosar dciha deuda a la compañía de distribución de gas [participada por el Estado] Enagás, que la asume y que va a repercutir en las facturas de los consumidores de gas. Es decir, los españoles tendrán que asumir (y pagar) la deuda durante los próximos 30 años.
¿Qué lecciones se pueden sacar de este fiasco?
Es difícil cuantificar el importe total del gasto asumido. Al montante inicial por valor de 1.350 millones de euros hay que añadirle los intereses de la deuda que se han de abonar cada año, pero también los gastos de mantenimiento del almacén offshore, paralizado pero no desmantelado. Varios miles de millones de euros, en cualquier caso. A ojos de los activistas que reclaman que se anule una deuda que consideran ilegítima, se trata de un escándalo. “Inicialmente, nos movilizamos por los daños concretos que sufriría la población de un territorio muy concreto. Un año después, esto se ha convertido en un caso de deuda ilegítima a escala nacional”, resume Mónica Guiteras, del Observatorio de la Deuda en la Globalización.
Algunos eurodiputados como Ernest Urtasun, denuncian la relación de proximidad de Florentino Pérez con numerosos dirigentes políticos españoles a la hora de explicar el fiasco del proyecto Castor. “Se trata de una forma muy común a la hora de hacer negocios en España y que se ha mantenido durante años. Grandes empresarios, próximos al PP, han recibido el respaldo del poder político. Han hecho inversiones arriesgadas con apoyo del Ejecutivo, que les respaldaba si registraban pérdidas. Así hinchamos la burbuja inmobiliaria y de este modo estalló (a partir de 2007)”.
Mónica Guiteas también critica que el Ejecutivo se haya decantado por la vía del real decreto para resolver el asunto. Es decir, ha legislado por la vía rápida, efectiva en los 30 días siguientes a la firma del decreto en cuestión y sin necesidad de superar ningún trámite parlamentario. “En teoría, se trata de un procedimiento para dar respuesta a una cuestión de carácter urgente. Se actúa con premura, pese a no conocerse en detalle el asunto. El objetivo no era otro que el de garantizar la indemnización”, describe esta experta independiente que ha trabajado con la plataforma ciudadana en defensa de las tierras de la comarca de la Senia.
La buena relación existente entre Florentino Pérez y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ¿ha influido? “El contrato con la empresa de Florentino Pérez lo firmó un ministro socialista del Gobierno de Zapatero. Ahora, el PP, en octubre, ha decidido indemnizar a la empresa en el Congreso de ministros. Así que los dos grandes partidos, PP y PSOE, son responsables ”, advierte el catalán Ernest Urtasun.
Entretanto, se ha recurrido ante los tribunales, de Madrid y Bruselas, el pago de la indemnización [que el Gobierno abonó el pasado 13 de noviembre]. Rafael Ribó, defensor del pueblo catalán, estima que supone una decisión “escandalosa”. El eurodiputado Ernest Urtasun ha dirigido una pregunta por escrito a la Comisión Europea con el fin de saber que tiene previsto el Ejecutivo europeo para evitar "la socialización de la deuda del proyecto Castor”. Los eurodiputados de IU y de Podemos también trabajan en el tema.
Por su parte, OMD confía en que se dé marcha atrás en el decreto de octubre y se anule el pago de una deuda que califican de ilegítima y que se desmantele esta plataforma offshore. Pero aunque el debate en España está en la calle, en Bruselas, donde los bonos alcanzaron gran consenso, no se habla demasiado sobre este proyecto fallido. En una auditoría de junio de 2014, incluso hubo felicitaciones por los logros alcanzados en las tres primeras emisiones de bonos, entre ellas la del proyecto Castor (desde un punto de vista técnico, bien es cierto que la emisión no ha registrado problema alguna).
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Sin embargo, el fiasco del Castor también plantea numerosas cuestiones en Europa, puesto que estos bonos constituyen uno de los pilares del plan de estímulo económico que presentará Jean-Claude Juncker antes del periodo navideño. ¿Cómo aceptó el BEI comprometerse en un proyecto tan frágil desde un punto de vista técnico? ¿Se produjeron errores en la cadena de decisión? ¿Qué grado de transparencia garantiza el BEI a los ciudadanos en lo que respecta al modo de gestionar el dinero público?
Castor no es el único proyecto financiado con estos bonos. Hay autopistas en construcción en Bélgica, en Alemania y en Eslovaquia. Se está construyendo un parque eólico en Gran Bretaña y las inversiones de banda ancha que se están ejecutando en Francia también corren a cargo, en parte, de montajes financieros de similares características. Sobre el papel, dichas obras parecen menos complejas que las del almacén submarino, pero de cualquier modo la extremada discreción del BEI, en lo que respecta al proyecto Castor, no es tranquilizadora.
Traducción: Mariola Moreno
Junio de 2012. Un François Hollande que acababa de imponerse en las urnas prometía “reorientar” Europa. Negociaba entonces en Bruselas un “pacto de crecimiento” por valor de 130.000 millones de euros, dirigido a minimizar los efectos de las políticas de austeridad aplicadas en el continente. El plan incluía una novedad que el mandatario francés presentó en rueda de prensa, el 28 de junio de 2012, como “innovadora”. Se trataba de una forma de “colaboración de carácter público-privado” destinada a desbloquear “inversiones adicionales”, para reactivar la economía de los Veintiocho.