El 9 de julio, en apenas unos minutos, una Plaza de la Constitución atestada de gente enseguida se vació por efecto de los gases lacrimógenos. El gas, lanzado por las fuerzas del orden apostadas frente al Parlamento hizo que la multitud, integrada por unos 12.000 manifestantes, se dispersara.
Dentro del edificio, los diputados debatezn un proyecto de ley para regular las manifestaciones. Establece que, a partir de ahora, cualquier concentración deberá ser declarada y autorizada por las autoridades. Habrá que designar a un organizador y sobre éste recaerá la responsabilidad penal de los excesos. El primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis pretende regular así las concentraciones que perturban la actividad comercial en el centro de la capital griega.
En la Cámara, la oposición de izquierdas se muestra contraria y denuncia un texto que recuerda a los oscuros días de la “junta militar” (1967-1974), cuando los coroneles aprobaron un decreto sobre las reuniones públicas. En la calle, los congregados también denuncian el “ataque a la libertad de expresión”. Para los manifestantes, el Gobierno, que “teme” la cólera social que se espera en otoño con la crisis económica, sólo presenta como solución “cada vez más represión”.
El final precoz de la manifestación de este 9 de julio les da la razón. “El lanzamiento de gases lacrimógenos en respuesta a algunos cócteles molotov fueron intensos, había voluntad de acabar con la protesta en menos de dos horas”, lamenta Antonios Draganigos, portavoz del grupo anticapitalista extraparlamentario Antarsya. Testigo de las refriegas entre los policías y los manifestantes, se muestra alarmado por el “alto nivel de violencia de este Gobierno”. Al final del día, nueve participantes fueron arrestados mientras se aprobaba la ley.
Este giro autoritario comenzó mucho antes de la pandemia, pero va a más. El partido Nueva Democracia, que llegó al poder hace un año –que sedujo sobre todo a las clases medias votantes del centro o de la derecha moderada o nacionalista– apuesta ahora por una política “basada en la seguridad”.
Su credo es “poner las cosas en orden” para continuar con sus políticas de económica liberal, que rompen con la de sus predecesores pertenecientes a la izquierda de Syriza. Antes de la pandemia, en el otoño de 2019, aprobó un “gran proyecto de ley para el crecimiento” que limitaba el derecho de huelga, abolía los convenios colectivos y facilitaba las privatizaciones. En invierno, el gobierno contrató 1.500 policías. Las unidades denominadas “Dias” o “Drasi, motorizadas, similares a los antidisturbios en España, patrullan Atenas día y noche.
Las organizaciones en defensa de los derechos humanos advierten en contra de los abusos. “Hay un problema sistémico de violencia y de impunidad policial en Grecia. Las investigaciones del EDE [inspección de Policía] no se abren cuando deberían o no llevan a ninguna parte”, denuncia Eirini Gaitanou, portavoz local de Amnistía Internacional. La presencia permanente de policías en el barrio ateniense de Exarcheia pone en tensión este barrio de anarquistas. Las operaciones de represión intensivas (véanse los dos vídeos, bajo estas líneas) se multiplican.
El caso de Vassilis Maggos también puso de relieve otro episodio de brutalidad policial en Volos (centro). El joven de 27 años murió en su casa el 13 de julio, un mes después de haber sido gravemente golpeado por las fuerzas del orden durante una manifestación. Permaneció hospitalizado cuatro días con siete costillas rotas y daños en el hígado y en la vesícula biliar, según los medios locales.
Las autoridades descartaron rápidamente cualquier vínculo entre su muerte y la intervención policial. Según la autopsia, su muerte la provocó un edema pulmonar. Pero el episodio agitó las redes sociales, donde las imágenes del ataque de Vassilis Maggos fueron ampliamente difundidas por usuarios de internet.
Twitter o Facebook, donde se filtran estos vídeos violentos, a menudo amateurs, se están convirtiendo en espacios de expresión fundamentales para las personas críticas con el Gobierno. Sin embargo, el 20 de julio, el ministro del Interior, Michalis Chryssochoidis, estigmatizaba públicamente estas imágenes de brutalidad policial, calificándolas de “extractos abusivos” grabados por individuos que a su vez buscan sembrar el desorden.
El Gobierno opta por la firmeza porque tiene las manos libres. El primer ministro ha ganado popularidad debido al bajo impacto sanitario del covid-19. Ha sido muy elogiado por cerrar la economía pronto para detener la propagación del virus. Los principales medios de comunicación, muchos de ellos en manos de oligarcas cercanos Mitsotakis, han elogiado su gestión de la pandemia. A veces sin límites. En abril, un editorialista del sitio web Liberal.gr comparaba la posición del primer ministro con la de Moisés. En la cumbre europea de julio, Parapolitika.gr acogió con satisfacción el hecho de que llevase la mascarilla de forma ejemplar.
Pero esta valoración es frágil, considera Seraphim Seferiades, político y director de un laboratorio de investigación sobre políticas contestatarias en la Universidad Panteion de Atenas. “La población es consciente de los estrechos vínculos entre los medios de comunicación y el Ejecutivo. La influencia de esta propaganda pronto se vendrá abajo”, opina.
En julio, cuando se supo que los medios de comunicación se habían repartido una subvención gubernamental de 20 millones como parte de una campaña de concienciación sobre el virus, se desencadenó un escándalo. Los sitios web que habían suspendido sus actividades recibieron dinero, mientras que el periódico de investigación Documento no recibió nada, acusado por el gobierno de difundir información falsa.
En una carta al primer ministro griego, el Instituto Internacional de Prensa (IPI) expresó su preocupación por el hecho de que los medios de comunicación considerados críticos con el Gobierno recibieran proporcionalmente menos que los considerados cercanos a él o fueran excluidos, como Documento.
Los periodistas locales también advierten de las violaciones de la libertad de prensa. La Asociación de Fotoperiodistas de Grecia (EFE) denunció a mediados de julio la “presión e intimidación de los policías” a los fotógrafos durante una manifestación.
Por su parte, la Unión de Periodistas de los diarios atenienses (ESIEA) “expresó su solidaridad” con una colega “atacada” por el diputado de Nueva Democracia Constantinos Bogdanos. Bogdanos criticó el trabajo de la periodista en Twitter, acusándola de minimizar el número de personas que asisten a una manifestación contra los inmigrantes en Atenas. El político estaba presente en la concentración, al igual que el exdiputado neonazi Ilias Kasidiaris.
No se espera que la crisis económica mejore la situación en el otoño, mientras el FMI prevé una recesión del 10% para 2020. El turismo se hunde. En junio, el número de llegadas de pasajeros por vía aérea se redujo en un 93% en comparación con respecto a junio de 2019.
Pero, el primer ministro aseguró a The Financial Times el 5 de julio, que Grecia no aceptará nuevas medidas de austeridad a cambio de la ayuda prevista por la Unión Europea. Para la izquierda y la extrema izquierda, sin embargo, la austeridad ya está aquí y la impone el propio Ejecutivo.
“Cuando nuestro partido dejó el poder [en julio de 2019], había una hucha de 37.000 millones de euros que podría haberse utilizado ahora”, señaló el portavoz de Syriza Alexis Charitsis. “El Gobierno ha elegido volver a un período de austeridad”. La oposición pone como ejemplo los limitados recursos asignados a los hospitales públicos durante el confinamiento o el subsidio mensual de 534 euros, que se considera muy bajo –y que se paga cada vez con más demora– a los trabajadores que se ven obligados a ir al paro.
Pero, frente a la derecha, por ahora se presta poca atención al principal partido de la oposición Syriza, a decir del político Seraphim Seferiades: “Firmó un memorándum en 2015 cuando dijo que era antiaustereidad. A muchos votantes de izquierdas decepcionados les cuesta verlo como una oposición creíble”. El experto prefiere examinar las acciones de varios pequeños grupos extraparlamentarios de la extrema izquierda, anticapitalistas, autónomos... que organizan concentraciones sobre el terreno. Ahora tienen las miras puestas en las numerosas medidas gubernamentales consideradas “antiecológicas” y que buscan atraer a los inversores extranjeros a toda costa.
Por ejemplo, a los activistas les preocupa la nueva ley aprobada en mayo que facilita la construcción en zonas naturales protegidas. La edificación de un complejo turístico de lujo en el corazón del bosque de Erimitis en la región de Corfú (oeste) aviva la ira de los lugareños. “Es sólo cuestión de tiempo que estas iniciativas generen una ola de protestas aún mayor”, opina Seferiades. Y todo ello, a pesar de la firme respuesta del Gobierno.
Grecia aguanta el golpe del covid-19 pero ahora preocupa el futuro económico del país
Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
El 9 de julio, en apenas unos minutos, una Plaza de la Constitución atestada de gente enseguida se vació por efecto de los gases lacrimógenos. El gas, lanzado por las fuerzas del orden apostadas frente al Parlamento hizo que la multitud, integrada por unos 12.000 manifestantes, se dispersara.