Un atentado contra nuestras libertades fundamentales está en marcha. Sus autores son aquellos que nos gobiernan, todos sentados alrededor de su autor principal, el primer ministro, hasta incluso el responsable de proteger nuestros derechos y libertades, el ministro de Justicia, cuyo silencio no es más que aprobación. Sus cómplices son aquellos que nos representan, derecha e izquierda confundidas, ansiosas, con raras y valientes excepciones, para aprobar este crimen oficial e incluso agravarlo por su afán legislativo.
Los retoques estéticos no cambiarán nada: esta ley impone una sociedad bajo vigilancia. Aprovechando el potencial técnico de la revolución digital y las oportunidades políticas que ofrece la sensación de seguridad, esta ley autoriza al Estado más profundo, a la parte más oscura del poder Ejecutivo que, protegido por el secreto de defensa, no tiene rostro y nunca rinde cuentas, a espiar a todos y cada uno, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Con la aprobación de esta ley, en Francia el Estado policial prevalecerá sobre el Estado de derecho. Los poderes fácticos podrán poner a los ciudadanos y su entorno bajo vigilancia sin restricciones sólidas, sin controles independientes y sin autorización judicial. La sospecha sustituirá a la evidencia. Las opiniones se convertirán en delitos. Las frecuentaciones serán sinónimo de culpabilidad. La curiosidad será un peligro. Las diferencias o desacuerdos con la ideología dominante o las políticas oficiales serán potencialmente criminales.
Basta con leer el informe aprobado de manera unánime por la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH), para convencerse. No hay que dejarse intimidar por su extensión ni por sus términos jurídicos, para escuchar la alarma que se esconde detrás de su lenguaje cauteloso. Este estudio convierte en hojarasca la vulgata gubernamental, según la cual, este proyecto de ley daría, por fin, un marco legal a las actividades ocultas de los servicios de inteligencia y, además, introduciría un sistema de control efectivo de estas mismas actividades.
Sin embargo, el CNCDH subraya que el modo en el que ha surgido este proyecto pone en duda todas sus virtudes. El informe señala que la ley pasó por el Consejo de Ministros "apenas dos meses" después de los atentados terroristas del pasado enero y "sólo algunos días antes de las elecciones cantonales, por lo que la campaña ha estado marcada por el populismo y el extremismo". Además, fue elaborada algunos meses después de la entrada en vigor de una enésima ley antiterrorista, "consecutiva al asunto Nemmouche", precedida por otras dos recientes leyes antiterroristas, "consecutivas al caso Merah".
Mientras que el desempleo, la precariedad, la inseguridad social y las injusticias económicas, el mal vivir y el malestar, son relegados a un segundo plano de nuestra vida pública, sin urgencia ni prioridad para nuestros gobernantes, más de 25 leyes relativas a la seguridad nacional han sido adoptadas en apenas 15 años, entre 1999 y 2014. Lamentando "esta proliferación de textos legislativos fruto de la oportunidad política y lejos de un trabajo legislativo bien reflexionado", la CNCDH "recuerda la importancia de una política penal y de seguridad sopesada, coherente, estable y legible, cuya calidad no dependa de su grado de reactividad frente a los hechos y las circunstancias del momento".
Resultado del procedimiento acelerado impuesto por el Gobierno, "la prisa" parece indispensable para sacar adelante este proyecto de ley, recuerda la CNCDH, que mantiene "su firme oposición" frente a esta táctica. Ninguna urgencia real justifica este proceso apresurado. Se trata de un arma de poder, una manera de silenciar a la oposición, de atar en corto las protestas, de obstaculizar el funcionamiento normal del Parlamento y restringir "de manera considerable el tiempo de reflexión y maduración necesario en un debate democrático".
Este proceso arbitrario desvela la intención de sus promotores: jugar con la emoción para imponer la regresión. El Poder Ejecutivo reclama un cheque en blanco para el Estado profundo, la vigilancia y la Policía, sin competencia ni balance general, sin crítica ni autocrítica. Ningún debate previo, ninguna encuesta parlamentaria, ningún discurso contradictorio para evaluar los recientes fiascos de los servicios al cargo de la lucha antiterrorista. El propio itinerario de Merah, de Koulibali o de los hermanos Kouachi justificarían tal debate, pues revelan las fisuras del sistema de supervisión y vigilancia.
Peor aún, la CNCDH señala la "pobreza" del estudio de impacto que acompaña al proyecto de ley, su brevedad, su pobre redacción, su forma de proceder "por mera afirmación y eximiendo toda referencia documental". Pues esta ley no es sólo un mal golpe, también es de mala calidad, mal redactada, imprecisa o incompleta. No es azar. Esta vaguedad esconde, evidentemente, mil lobos: es una manera de escapar de la extrema exigencia y precisión que acompaña a todas las medidas encaminadas a violar el derecho al secreto privado y familiar, un truco para no ceder a la estricta supervisión de un poder de control que, siempre, conlleva el riesgo de la arbitrariedad.
En conclusión, apela a "las enmiendas del Gobierno y del Parlamento que permiten reforzar las garantías de las libertades civiles y los derechos fundamentales". La CNCDH no se conforma con esta crítica, además pide la retirada o la suspensión de esta legislación intrusiva que pone en peligro nuestros derechos fundamentales, que no respeta la vida privada y familiar, que amenaza nuestra libertad de opinión, de expresión y de información, nuestro derecho a saber y comunicar.
En definitiva, se trata de un proyecto de "vigilancia masiva", explica la CNCDH, que autoriza la recopilación generalizada de información y su conservación durante un largo periodo de tiempo, información recogida de nuestros ordenadores, nuestros teléfonos, nuestras tablets, todos los instrumentos electrónicos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Varios puntos del informe aseguran que este proyecto de ley supone "una flagrante violación del artículo 8" de la Convención Europea de Derechos Humanos que concierne al "derecho al respeto de la vida privada y familiar".
"El riesgo de un Estado panóptico debe tomarse en serio", añade, dicho de otro modo, un Estado que maneja a su libre disposición herramientas tecnológicas que le dan acceso total a la vida privada de los individuos, sus pensamientos secretos, sus personalidades íntimas. Peor aún, si se extiende el uso de la tecnología de la información a los intereses de la política exterior, como los intereses económicos e industriales, sin contar con la vigilancia preventiva de la violencia colectiva, el proyecto de ley ofrece un campo "potencialmente ilimitado" a la curiosidad intrusiva de los servicios de inteligencia.
En lo que respecta a la "Comisión Nacional de Control de Técnicas de Inteligencia", que la ley tiene intención de establecer, la CNCDH cuestiona de manera radical su independencia, su imparcialidad, su calidad técnica y su competencia, pues ninguno de estos puntos está "garantizado". Su control, concluye, "corre el riesgo de no ser eficaz". El último, pero no menos importante, reproche de esta comisión que reúne a todos los jugadores franceses en la promoción y defensa de los derechos humanos, concierne a la policía administrativa y a las medidas represivas. Estas deberían contar siempre con garantías judiciales, sin embargo, este proyecto de ley "atenta contra el principio de separación de poderes".
La libertad corre con los gastos de una falsa seguridad
Dicho de otro modo, este proyecto de ley es anticonstitucional, viola nuestra ley fundamental, de la cual el presidente de la República debería ser el guardián. "Toda sociedad en la que los derechos no están garantizados, ni determinada la separación de poderes, no tiene cabida en una Constitución", enuncia el artículo 16 de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano de 1789. ¿Cómo François Hollande o Christiane Taubira, de los cuales ninguno de los dos es jurista, pueden quedar inertes frente a este estudio tan riguroso como implacable del CNCDH, comisión eminentemente representativa de la sociedad en su diversidad y de la cual Christine Lazerges, profesora de derecho especializada en "el razonamiento de la razón de Estado", es su presidenta efectiva?
Si, de una manera u otra, ellos no intervienen ante este brusco golpe contra nuestros derechos fundamentales, sus nombres permanecerán asociados a la peor regresión de nuestras libertades individuales y colectivas después del estado de excepción durante la ceguera colonial, cuando se impusieron poderes especiales por parte, en su mayoría, de gobernantes de izquierda. ¿Lo habrán olvidado? Una República murió, infestada de facciosos y verdugos, hombres que se consideraban guardianes de una seguridad basada en el absoluto desprecio de la libertad, promovida por el fin en sí misma, sin importar cuáles fueran los medios.
Bajo la batuta del primer ministro, Manuel Valls, que se ha convertido en el ponente de esta idea en la Asamblea, apoyado por el diputado socialista Jean-Jacques Urvoas, que actúa como un servidor más que como un elegido de la nación, este proyecto de ley es, sin duda, un Patriot Act a la francesa. Tanto sus intenciones como su imposición, coinciden con las políticas neoconservadoras americanas de 2001, después del 11-S. Se trata de autorizar la vigilancia estatal de la sociedad sin verdaderos y sólidos límites, aprovechando el pánico provocado por los ataques terroristas.
La CNCDH enfatiza de manera sutil el chantaje al que se somete a la representación nacional y la opinión publica : "Es como si la mera invocación de una mayor eficacia pudiera justificar la adopción, sin ninguna discusión, de medidas extremadamente intrusivas contra nuestras libertades". "Este es el motivo por el cual se toman la molestia de reafirmar con insistencia que los Estados no sabrían tomar, en nombre de los intereses considerados primordiales, cualquier tipo de medida". "La mayor victoria de los enemigos de los derechos humanos (terroristas u otros) –añade– sería poner en peligro el Estado de derecho por la emergencia y la consolidación de un supuesto Estado de seguridad que se legitimaría por la adopción de medidas cada vez más severas e irrespetuosas con los derechos y libertades fundamentales".
Somos conscientes del peligro y por esto, el día 5 de mayo, todas las buenas voluntades deben converger para derrotar este proyecto de ley. Y, si finalmente este es adoptado, continuar sin descanso las movilizaciones para que sea detenido por otros obstáculos, el Consejo Constitucional, la Corte Europea de Derechos Humanos o, simplemente, por la propia sociedad levantada bajo la bandera del "derecho de resistencia ante la opresión" que se reconoce, desde 1789, en el artículo 2 de la Declaración de Derechos Humanos.
Si no, nos toparemos con el abandono del terreno de las libertades por parte de la izquierda gubernamental, con su expansión y su conquista, pues lo más asombroso de esta regresión democrática es el espectáculo protagonizado por un poder que pretende defender la sociedad contra ella misma. En efecto, no hay ninguna voz discordante entre los actores sociales: desde los abogados hasta los magistrados, desde los periodistas hasta los blogueros, desde las autoridades administrativas independientes hasta los defensores de los derechos humanos, desde las asociaciones de defensa de derechos del hombre hasta las organizaciones sindicales, los actores digitales y las redes sociales... Todos han expresado de forma unánime su rechazo a esta represiva ley.
Sin embargo, para aquellos que pretenden gobernarnos, así como para sus gabinetes y sus representantes, esta expresión ciudadana no cuenta, incluso cuando se exprime en la Asamblea Nacional, en el seno de la Comisión sobre el Derecho y las Libertades en la era digital, compuesta por parlamentarios y representantes de la sociedad civil. Para ellos, la sociedad que protesta está confundida. Está mal informada, mal educada y mal intencionada. Es posible que exista una pedagogía antidemocrática, donde los representantes ignoran absolutamente a aquellos que deben representar, donde el Poder Ejecutivo emerge como el tutor autoritario de una sociedad ignorante o peligrosa, en todos los casos, distanciándose y sometiéndola a control.
"Durante este siglo, Francia ha conocido en varias ocasiones el pánico causado por ciertos atentados. Estos, hábilmente explotados por la oportunidad política, siempre han pasado factura a la libertad en nombre de una falsa seguridad". Así comenzaba, en 1899, el artículo del fundador de la Liga de Derechos Humanos, Francis de Pressensé, contra las leyes de excepción votadas en 1893 y 1894, fruto del impacto de los atentados anarquistas que ensangrentaron la Tercera República.
Bajo el título Notre loi des suspects (Nuestra ley de sospechosos), Francis de Pressensé se enfrentaba, con sus ideales y sus principios, a aquellos que adoptaron estas leyes y maltrataron la República: "Un presidente advenedizo que juega a ser soberano, un primer ministro socarronamente brutal que trata de adaptar su pesada mano a la empuñadura de la espada de la razón de Estado, un Parlamento donde todo está representado, salvo la conciencia y el alma de Francia". Forjados al calor de la batalla del dreyfusismo que entonces les ocupaba, Pressensé y sus semejantes, incluyendo Jean Jaurès, defendieron que el alma de Francia pertenecía a su sociedad, a los ciudadanos que la conforman, en definitiva, al pueblo soberano, capaz de elevar esta conciencia y este alma, después de ser abandonados y magullados por la política profesional.
Hoy todos nosotros tenemos cita con la misma exigencia: el deber de levantarnos contra este crimen legal, oficial y gubernamental y, posiblemente, parlamentario y presidencial si la ley es adoptada y promulgada. Un deber al que, durante las pugnas de los fundadores de la República, a finales del siglo XIX, se unió un joven consejero de Estado. A la estela de Francis Pressensé, este publicó un escrito contra las leyes de 1893-1894, tan bien construido y formulado como el realizado por la CNCDH contra del proyecto de ley que nos ocupa. Por obligación de reserva, firmó este documento de forma anónima con el título "un jurista". Tiempo después descubriríamos que se trata de Léon Blum, el futuro líder del socialismo francés, el hombre del Frente Popular, y este sería su primer acto político.
"Tal es la historia de las leyes injustas", concluyó con palabras que no dudamos en recuperar hoy: "Que debemos darles ese nombre, aquel que conservarán en el tiempo. Son realmente las leyes inicuas de la República. Quería mostrar que no sólo que eran atroces, pues todo el mundo lo sabe, pero lo que es menos conocido, mostrar la increíble precipitación, la inconsistencia absurda, o la pasividad vergonzosa con la que fueron aprobadas".
Señores y señoras diputados, de aquí al 5 de mayo, pueden elegir entre la vergüenza o el honor. La vergüenza de ser cómplices de un atentado contra las libertades. El honor de ser fieles a la verdadera República.
Traducción: Irene Casado SánchezIrene Casado Sánchez
Leer el texto en francés:
Un atentado contra nuestras libertades fundamentales está en marcha. Sus autores son aquellos que nos gobiernan, todos sentados alrededor de su autor principal, el primer ministro, hasta incluso el responsable de proteger nuestros derechos y libertades, el ministro de Justicia, cuyo silencio no es más que aprobación. Sus cómplices son aquellos que nos representan, derecha e izquierda confundidas, ansiosas, con raras y valientes excepciones, para aprobar este crimen oficial e incluso agravarlo por su afán legislativo.