Desde que Mediapart (socio editorial de infoLibre) desveló el 16 de marzo que Kering había evadido 2.500 millones en impuestos, el gigante francés del lujo, propietario de Gucci y de Yves Saint Laurent, repite la misma cantinela: Kering está “muy tranquilo en lo que respecta a la regularidad de las operaciones” de su filial suiza LGI que opera el montaje fiscal, más aún por cuanto “su situación es bien conocida por las autoridades fiscales helvéticas, italianas y francesas”. En resumen, que todo es legal y se ha declarado a las autoridades.
El argumento es sorprendente puesto que el grupo Kering está, desde el otoño de 2017, siendo investigado por fraude fiscal; una investigación judicial que dirigen lo fiscales de Milán. Además, en la entrevista que Emmanuel Macron ofreció a Edwy Plenel (Mediapart) y Jean-Jacques Bourdin (BFMTV) el 15 de abril, el presidente francés consideró “obvio” que tras las revelaciones periodísticas de este diario, el grupo en manos de la familia Pinault fuese sometido a “control fiscal” en Francia.
Además, Mediapart ha tenido acceso a un documento confidencial que debilita todavía más la línea de defensa de Kering. A finales de octubre de 2017, un mes antes de que la Justicia italiana imputase oficialmente al grupo, acusado de fraude fiscal, éste anunció internamente la puesta en marcha del proyecto Prometheus, cuyo objetivo es reformar en profundidad su muy lucrativo montaje fiscal suizo.
Contactado por Mediapart, Kering asegura que es “falso decir” que Prometheus “se puso en marcha cuando Kering fue informado de la investigación judicial dirigida contra LGI en Italia”. Fuentes del grupo añaden que el proyecto fue “sometido a varios análisis preliminares, durante varios meses, en el primer semestre de 2017” y que después se puso en marcha formalmente tras serle presentado al consejo de administración, el 24 de octubre. Sin embargo, Kering fue oficialmente informado del proceso judicial abierto por fraude fiscal el 29 de noviembre, cuando la Policía italiana registró las oficinas de Gucci.
No obstante, según nuestras informaciones, Kering temía este proceso. En noviembre de 2016, la Justicia italiana abrió una primera investigación relacionada con los asuntos inmobiliarios del grupo, lo que llevó a los investigadores hasta el montaje fiscal suizo. Según nuestras informaciones, los dirigentes pudieron enterarse, en el otoño de 2017, de que la Justicia estaba detrás de dicho montaje, lo que pudo haber acelerado la operación Prometheus (1).
El montaje financiero suizo
El proyecto se describe en un informe datado el 31 de octubre, publicado en la intranet del grupo y firmado por Jean-François Palus, director general delegado y mano derecha del propietario de la compañía, François-Henri Pinault. El objetivo es “redefinir la ingeniería” (re-engineering) del montaje financiero en torno a la sociedad suiza Luxury Goods International (LGI).
LGI, con sede en las afueras de Lugano, en el cantón del Tesino, sólo da empleo a 600 personas y controla varios almacenes, por los que circula la totalidad de los productos de las marcas de lujo del grupo (Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, etc.). Pero pese a que se trata de una simple compañía logística, LGI factura a los clientes, recauda los ingresos y concentra el 70% de los beneficios del grupo, que sólo son gravados en un 8%. De este modo, Kering eludió el pago de 2.500 millones de euros de impuestos, de los cuales, al menos 180 millones pagaderos en Francia. Todo un montaje fiscal calificado de artificial por el fiscal de Milán.
Y el proyecto Prometheus se dirige precisamente a “transformar LGI y el modelo operacional” del grupo, según el informe interno. A mediados de 2018, Kering tiene que haber desarrollado un nuevo modelo en materia de ventas, de logística y de abastecimiento incluida “una revisión de las misiones de la propia empresa LGI”. El grupo cuenta con modificar en profundidad, antes de finales de 2018, “los principios y métodos de cálculo de los precios de venta, de las transacciones intragrupo y de los flujos financieros similares”. Detrás de esta jerga técnica se oculta un cambio de modelo fiscal. Porque las “transacciones intragrupo (entre filiales de Kering) y sus precios determinan los lugares donde se localizan los ingresos y, por ende, los impuestos. En resumen, Kering quiere reducir el montante de los beneficios que van a su filial suiza y repatriar al menos una parte a los países donde realmente ejerce su actividad.
El responsable operacional de Prometheus es un hombre de confianza: el italiano Federico Baratta, un ex de Bottega Veneta ascendido el 2 de noviembre pasado a “director de transformación” de Kering. Según los documentos confidenciales a los que ha tenido acceso Mediapart, fue el encargado de ocuparse del apartamento secreto de Marco Bizzarri en Milán, donde el patrón de Gucci vivió hasta 2017 mientras era oficialmente residente en Suiza. Un montaje muy problemático que le permitió eludir 15 millones de euros de impuestos. Para destacar el carácter sensible del proyecto, baste decir que Prometheus se encuentra supervisado por un comité de control donde están los principales dirigentes de Kering: el número 2 Jean-François Palus; el director de operaciones Jean-Philippe Bailly; el director financiero Jean-Marc Duplaix y el patrón de Gucci Marco Bizzarri. Dicho comité debe informar al consejo de administración cada trimestre. El desafío es enorme. Según nuestra investigación, el montaje suizo construido en torno a LGI permite que Kering ahorre más de 250 millones de euros de impuestos anuales. A día de hoy, se ignora qué porcentaje de los beneficios saldrá de Suiza, pero el hecho de que Kering vaya a llevar a cabo “una revisión de las misiones de la propia empresa LGI” sugiere una transformación considerable.
La versión de Kering
Kering, contactado por Mediapart, no ha querido responder a nuestras preguntas y se ha limitado a remitir un breve correo electrónico. “Prometheus es un proyecto de modernización del funcionamiento operacional del abastecimiento y de la logística de las empresas del Grupo, dado que el modo de funcionamiento actual está basado en un modelo que tiene más de 20 años”, señalan fuentes de Kering. El grupo precisa que “LGI es un hub estratégico principal sobre todo en la distribución y la logística centralizadas de las marcas de Kering y seguirá siéndolo”.
Aunque el grupo no cierre los almacenes suizos, el proyecto Prometheus puede despertar cierta preocupación en el cantón del Tesino, en el que Kering es el principal contribuyente. El cantón ha utilizado el arma del dumping fiscal para atraer a los alrededores de Lugano a los almacenes de otros gigantes del textil, como Armani, Hugo Boss, Versace y The North Face, tal y como desveló en 2016 la ONG suiza Public Eye. Si un peso pesado como Kering localiza allí menos beneficios, corre el riesgo de generar un efecto contagio que amenazaría a la Fashion Valley y los ingresos fiscales del Tesino. Y más aún cuando el cantón sufre también una fuerte presión política. Suiza, que debe hacer frente al enfado de los países vecinos, ha comenzado a abolir los regímenes especiales, muy controvertidos, que ofrece a las empresas, sobre todo en Tesino. Una medida impopular que la gente no quiere: el 12 de febrero de 2017, los electores rechazaron en referéndum el texto votado por el Parlamento. El Gobierno suizo publicó el 21 de marzo de 2018 una nueva versión de la ley, que ha de ser sometida a votación en el Parlamento antes de final de año con la posibilidad (opcional) de convocar un nuevo referéndum.
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(1) El 5 de octubre de 2017, François-Henri Pinault y su colaboradora Patricia Barbizet dimitieron de la noche a la mañana del cargo de administrador de Kering Holland, el holding neerlandés que controla LGI. _________
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Traducción: Mariola Moreno
Leer el texto en francés:
Desde que Mediapart (socio editorial de infoLibre) desveló el 16 de marzo que Kering había evadido 2.500 millones en impuestos, el gigante francés del lujo, propietario de Gucci y de Yves Saint Laurent, repite la misma cantinela: Kering está “muy tranquilo en lo que respecta a la regularidad de las operaciones” de su filial suiza LGI que opera el montaje fiscal, más aún por cuanto “su situación es bien conocida por las autoridades fiscales helvéticas, italianas y francesas”. En resumen, que todo es legal y se ha declarado a las autoridades.