Una decena de activistas desplegaron una pancarta a la entrada del puerto de Shëngjin en la mañana del miércoles 16 de octubre que decía “Aquí termina el sueño europeo”. También mostraron retratos del primer ministro albanés, Edi Rama, y de su homóloga italiana, Giorgia Meloni, vestidos de guardias de prisiones.
En ese puerto pesquero del norte de Albania acaba de atracar la Libra, una corbeta de la marina italiana. A bordo iban dieciséis exiliados –diez de Bangladesh, seis de Egipto– interceptados en alta mar el domingo anterior frente a Lampedusa, a más de 600 millas náuticas de Shëngjin. Se trata de los primeros solicitantes de asilo enviados a Albania desde Italia, en virtud del acuerdo firmado por ambos países en otoño de 2023.
“Este acuerdo viola la soberanía albanesa y se firmó entre dos líderes autoritarios sin ninguna consulta”, afirma Arilda Lleshi, una joven de la ciudad vecina de Lezhë. El acuerdo fue validado por el Tribunal Constitucional albanés el 30 de enero, después de que la oposición impugnara las cláusulas de extraterritorialidad concedidas a Italia. “El gobierno quiere desarrollar el turismo, pero ¿puede convertirse nuestro país en un paraíso para los europeos y un infierno para todos los demás?”, añade la manifestante.
El traslado de estas dieciséis personas habría costado 18.000 euros. Se prevé que el coste total de estos centros sea de al menos 160 millones de euros al año, para una capacidad teórica de 3.000 personas a la vez y 36.000 al año, sobre la base de un alto índice de rotación, lo que implicaría un examen muy rápido de las solicitudes de asilo y también el retorno casi inmediato de los solicitantes rechazados.
“En la última década han abandonado Albania 500.000 personas y el único plan de nuestro gobierno es presentarse como un socio esencial para los europeos a costa de los exiliados”, lamenta Edison Lika, que también estaba presente a las puertas del puerto aquella mañana de octubre.
Prisión al aire libre
Los exiliados debían someterse a exámenes médicos y a un primer control de identidad en Shëngjin, antes de ser trasladados al centro de Gjadër, tierra adentro, a unos veinte kilómetros de distancia. Se ha construido un campamento de contenedores en el emplazamiento de una antigua base aeronaval del ejército albanés, construida en los años setenta durante el periodo de amistad con la China maoísta. El campamento está rodeado de altas alambradas. Y para obtener el derecho de visita hay que solicitarlo a la prefectura de Roma.
Los solicitantes de asilo serán alojados en contenedores de 12 m2 vigilados constantemente por cámaras. La administración italiana distingue entre un centro de acogida para las personas cuya solicitud de asilo está pendiente, un centro de internamiento (CPT) de 144 plazas para quienes esperan ser expulsados y una prisión de 20 plazas.
En Gjadër, los habitantes se muestran escépticos. Compartiendo una cerveza en la terraza de una taberna, dos jubilados confiesan: “Aquí todo el mundo se está muriendo. Yo cobro una pensión de 200 euros al año. Mis hijos han emigrado a Italia, a Perugia, y me envían algo de dinero de vez en cuando”. En el pueblo vivían 500 familias; sólo quedan 150, mientras las zarzas invaden el antiguo cuartel del ejército.
“Las obras han dado trabajo, pero a la gente se le ha pagado muy mal”, dice Nikollin, que regenta el otro bar del pueblo. “A veces vienen policías italianos a tomarse un café, pero eso no me va a hacer rico, y este centro es muy malo para la imagen de Albania: ¿vamos a convertirnos en la cárcel de Europa?”.
Mientras Giorgia Meloni está encantada de que su proyecto por fin se haga realidad, las ONG se muestran en contra. “Este acuerdo viola el derecho marítimo internacional y puede erosionar aún más los derechos fundamentales de los refugiados”, afirma SOS Humanity, argumentando que “Italia está deteniendo de facto a personas que buscan protección en territorio albanés sin control judicial”.
“Lo más chocante”, prosigue la manifestante Arilda Lleshi, “es que los primeros migrantes llegaron justo el día después de que Albania abriera las negociaciones con la Unión Europea para su adhesión, aunque tal vez sea sólo una coincidencia”. Edi Rama se pavonea, pero ¿es éste el futuro europeo de Albania? ¿Servir de garaje para los exiliados que los países occidentales no quieren?
La lógica de la externalización
Durante años, países como Italia y Grecia, y más recientemente España desde la reapertura de la ruta migratoria a través de Canarias, han afirmado estar en primera línea en lo que respecta a la llegada de inmigrantes y han reclamado una mayor solidaridad dentro de la Unión Europea. Pero el gobierno de Giorgia Meloni ha conseguido hacer lo que muchos otros soñaban, y lo que algunos países fuera de Europa, como Australia, llevan aplicando desde principios de la década de 2000.
Esta política de externalización de la gestión de la inmigración forma parte de un contexto global de endurecimiento del trato a los exiliados en Italia, y en general en Europa. En los dos años que lleva en el poder, el gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni ha enviado varias señales en este sentido.
Sara Prestianni, directora de políticas de la ONG EuroMed Droits, resume la estrategia migratoria de la presidenta del Consejo italiano en tres tendencias principales: restringir la protección, criminalizar la solidaridad y reforzar la dimensión exterior. “Las tres conducen a una violación sistemática de los derechos fundamentales de migrantes y refugiados, y tienen un impacto trágico en la política exterior de Italia”, afirma.
Antes de la “externalización” a terceros países, una salva de decretos formalizó la criminalización de las ONG y de los exiliados en general. El decreto conocido como “Cutro”, por el nombre de un pueblo de Calabria donde se produjo un naufragio en febrero de 2023, se centra en restringir el acceso a la protección especial (un permiso de residencia que se concede a quienes no pueden optar al asilo pero necesitan protección), con el consiguiente impacto en el aumento de la residencia ilegal y la restricción del acceso a los derechos, explica la representante de EuroMed Rights.
Otro decreto, conocido como “Piantedosi” por el ministro del Interior italiano, restringe las operaciones de rescate de las ONG que operan en el Mediterráneo central, de nuevo con el objetivo de reducir el número de llegadas a Italia. El decreto les obliga a desembarcar a los exiliados rescatados en puertos muy alejados de la zona de rescate y, por tanto, a navegar distancias mucho más largas, con supervivientes a bordo a menudo exhaustos y traumatizados.
También les prohíbe rescatar a otras embarcaciones después de un rescate inicial, aunque estén cerca del barco o en su camino, lo que contradice totalmente el derecho marítimo internacional, que obliga a los barcos a rescatar a cualquier persona en peligro en el mar.
“Los barcos también son bloqueados regularmente por las autoridades tras los rescates”, señala Sara Prestianni, que lamenta las consecuencias de estos numerosos obstáculos: “Un aumento del coste de las operaciones de rescate y un retraso en el regreso al mar de las ONG, donde tienen que estar para salvar vidas”.
Un “modelo” nada modélico
Para complicar la vida cotidiana de los extranjeros indocumentados en suelo italiano, una nueva medida más reciente impide ahora a las personas sin permiso de residencia comprar una tarjeta SIM en el país. Se trata de una de las primeras cosas que hacen los exiliados una vez desembarcados en Italia, para comunicarse con sus seres queridos tras la travesía y, a veces, para organizar el resto de su viaje migratorio.
Pero el acuerdo con Albania marca sin duda la consagración de la política migratoria italiana de los últimos años a escala europea, la de una voluntad de no acoger a las personas rescatadas en el mar, como cuando Italia, con Matteo Salvini como ministro del Interior, se negó a dejar atracar en Italia al Aquarius, el primer barco de la asociación SOS Méditerranée ; y más recientemente el segundo barco de la ONG, el Ocean Viking, que finalmente desembarcó a sus supervivientes en el puerto francés de Toulon, no sin cierta dilación por parte francesa.
El acuerdo con Albania es una trágica puesta en escena a costa de los migrantes
Esta vez, Italia ha llegado hasta el final –una primicia dentro de la UE– y está mostrando el camino a otros Estados miembros que tal vez quieran tratar de esta manera a las llegadas no deseadas. Italia ya había sido señalada por su “papel de líder” en el establecimiento del acuerdo con Túnez en julio de 2023.
El acuerdo pretendía proporcionar ayuda financiera a los guardacostas tunecinos para interceptar las embarcaciones en el mar y fomentar una política de retorno de los exiliados a sus países de origen, “a pesar de que el Parlamento Europeo había criticado la deriva autoritaria del gobierno de Kaïs Saied contra la sociedad civil y los migrantes”, señala Sara Prestianni, recordando la terrible represión a la que fueron sometidos los exiliados subsaharianos, hasta el punto de ser abandonados en medio del desierto, sin comida ni agua.
“El acuerdo con Albania plantea muchos interrogantes en términos de costes humanos y financieros. El triaje en alta mar, las identificaciones exprés, la falta de protección y de acceso a la justicia, y finalmente esta acogida que no es tal”, enumera, antes de referirse a una “trágica puesta en escena a costa de los migrantes”.
Al día siguiente del traslado a Albania de los primeros solicitantes de asilo (16 de los 1.000 llegados), algunos mostraron su indignación ante el desastre. Cuatro hombres, dos menores no acompañados y dos con problemas de salud fueron finalmente devueltos a Italia. Y un tribunal italiano invalidó la detención de los otros 12 solicitantes de asilo, procedentes de Bangladesh y Egipto, citando una reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre qué países de origen son considerados “seguros” por los países de acogida, ya que Albania no es considerada un país “seguro” en todo su territorio.
El lunes pasado, la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, utilizó el acuerdo con Albania como fuente de inspiración en una carta a los 27 Estados miembros.
Aunque la Italia de Meloni espera liberarse de sus obligaciones, optando así por una “estrategia de instrumentalización de la migración” para afianzarse en los debates europeos, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, Sara Prestianni duda de la eficacia de tales políticas a largo plazo. “Ya podemos ver los límites de este acuerdo, que viola los derechos fundamentales de las personas afectadas y, sin embargo, se presenta como un modelo a imitar”.
Europa, dispuesta a aparcar sus principios para frenar la migración tras 20 años de ideas irrealizables
Traducción de Miguel López
Una decena de activistas desplegaron una pancarta a la entrada del puerto de Shëngjin en la mañana del miércoles 16 de octubre que decía “Aquí termina el sueño europeo”. También mostraron retratos del primer ministro albanés, Edi Rama, y de su homóloga italiana, Giorgia Meloni, vestidos de guardias de prisiones.