La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha descartado este lunes que se vaya a modificar o aplazar la entrada en vigor del decreto de ahorro energético, pese a la petición de su retirada por parte de Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.
Pese a estas peticiones, la vicepresidenta ha destacado que la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía ha tenido un tono cordial y que las comunidades han mostrado su predisposición para colaborar en materia de ahorro energético y presentar propuestas concretas sobre nuevas medidas, ha informado Europa Press.
A este respecto, Ribera se ha mostrado "contenta" y ha asegurado que el Gobierno recibirá propuestas hasta el 31 de agosto de cara a presentar el plan final de ahorro en Bruselas en septiembre.
Asimismo, ha asegurado que el Gobierno no aceptará propuestas que incluyan la vuelta al uso del carbón para generar energía o la ampliación de la vida de las centrales nucleares y que el aplazamiento "no es viable" porque supondría aprobar un nuevo decreto.
Reuniones sectoriales
La vicepresidenta del Ejecutivo ha añadido que el Ejecutivo ha seleccionado para aplicar las medidas de ahorro en campos en los que puede haber beneficios del ahorro de energía. Asimismo, ha destacado que se mantendrán reuniones sectoriales, como han pedido algunas comunidades, para evaluar las formas de aplicar las medidas de forma que estas se amolden a las necesidades de cada uno de los sectores.
Asimismo, también ha remarcado que algunos consejeros han propuesto circunscribir el plan únicamente a la Administración Pública, otra medida con la que el Gobierno no concuerda.
La vocación no es sancionar
Ribera ha asegurado además que la vocación del decreto no es sancionar y ha criticado en varias ocasiones los discursos contra el decreto por parte de distintos cargos del Partido Popular y, en concreto, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de que se conociera el contenido del real decreto.
"Improvisa quien habla antes de conocer el decreto ley", ha asegurado Ribera, quien ha destacado el trabajo de elaboración de medidas a nivel europeo y las reuniones mantenidas con distintos sectores de la economía.
"He oído alguna expresión altisonante que está fuera de lugar", ha añadido en varias ocasiones la vicepresidenta, que ha afeado la evolución de las críticas y reclamaciones del PP al decreto y ha asegurado con ironía que le alegra que los presidentes autonómicos del PP consideren tan importante la eficiencia energética como para hacerla el centro de una Conferencia de Presidentes.
El chantaje de Putin
Durante su intervención, Ribera también ha insistido en la importancia de cumplir con la cuota voluntaria del 7% de ahorro a la que el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea como "mejor forma" de hacer frente al "chantaje de Putin".
La vicepresidenta ha enmarcado el plan de ahorro energético en un esfuerzo común de los países de la Unión Europea para reducir su dependencia energética de Rusia y ayudar a los ucranianos a resistir la invasión del país gobernado por Vladimir Putin.
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La reunión se ha producido en un ambiente marcado por las críticas de algunas comunidades por la falta de diálogo previo a la aprobación del real decreto, así como por el cuestionamiento de si los umbrales de temperatura aprobados (27 grados en verano y 19 grados en invierno) se adaptaban a establecimientos como los de restauración.
Desde el Gobierno se ha defendido que el texto legislativo cuenta con suficientes mecanismos de flexibilidad para adaptarse a distintos tipos de locales y ya antes de la reunión adelantaba que no se modificaría el decreto.
El decreto entrará en vigor el próximo miércoles y tendrá que afrontar su siguiente test político con su convalidación en el Congreso de los Diputados, que se espera para finales de agosto.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha descartado este lunes que se vaya a modificar o aplazar la entrada en vigor del decreto de ahorro energético, pese a la petición de su retirada por parte de Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.