El proyecto Media Landscapes [disponible en inglés], impulsado por el European Journalism Centre, analiza el panorama de medios de comunicación y la situación de los periodistas de veinte países y, en el caso español, el informe alerta de que, en comparación con otras regiones europeas, España está “insuficientemente desarrollada” en términos de instituciones mediáticas y sistemas de control. Además de en España, el proyecto, con versiones anteriores en los años 2009 y 2012, estudia en 2017 la situación del mercado en otros 19 países: catorce europeos –Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Noruega, Portugal y Suiza– junto a Irán, Irak, Líbano, Siria y Yemen.
El texto sobre España, elaborado por los profesores Ramón Salaverría y Beatriz Gómez Baceiredo, explica que en nuestro país “el control de la actividad de los medios de comunicación recae en el Estado y en los tribunales que, en respuesta a las reclamaciones recibidas, supervisan y, si es necesario, penalizan las actividades abusivas”. Es decir, alertan de una fuerte intervención del Estado y una influencia de las instituciones públicas en los medios de comunicación.
Según este informe, a la existencia de una corporación de radiotelevisión a nivel nacional –RTVE–, hay que sumarle que trece de las 17 comunidades autónomas cuentan con su propio medio público controlado por el gobierno autonómico –las que no tienen son Castilla y León, La Rioja, Cantabria y Navarra–. Unas instituciones públicas que, aparte de gestionar –de manera más o menos independiente– su propia radiotelevisión, influyen en el reparto de la publicidad institucional y de las ayudas públicas a otros medios. El documento señala tanto a instituciones nacionales como autonómicas, “frecuentemente” acusadas de “interferencia en la línea editorial de sus medios”, de influir en medios privados por “la concesión de ayudas públicas a los medios privados y la inversión en publicidad”, e, incluso, de poder llegar a “controlar sus contenidos”.
Además de esta red de medios públicos, la propiedad de los privados está distribuida entre cuatro grandes corporaciones –Atresmedia, Mediaset, Prisa y Vocento–, junto con otros grupos más pequeños de carácter más regional. Además de que en muchos de estos medios aún persiste la “figura clásica” de un propietario perteneciente a una saga familiar, en aquellos que cotizan en bolsa –el caso de los grandes conglomerados– advierte de la creciente presencia de “bancos, grandes empresas no financiera y fondos de inversión multinacionales” en su directiva.
La influencia institucional en los medios de comunicación no termina en la gestión o en el reparto de publicidad y ayudas públicas. El texto también denuncia el fenómeno “cada vez más frecuente” de las puertas giratorias entre medios y política. Es decir, aquellos casos en los que los políticos ocupan cargos directivos en los medios o en los que los periodistas se convierten en políticos. Es, por ejemplo, el caso de los presidentes autonómicos de Cataluña y Navarra. Carles Puigdemont dejó el periodismo para dedicarse a la política en 2006 cuando CiU le ofreció formar parte de la candidatura al Parlament y aspirar un año después a la Alcaldía de Girona. Uxue Barkos, por su parte, ejerció como periodista en RTVE y ETB hasta 2004 al ser elegida diputada del Congreso de los Diputados. No son los únicos. Los autores cifran en una docena los miembros de parlamentarios, tanto a nivel nacional como autonómico, que antes de ser diputados trabajaron como periodistas.
El informe, además de alertar sobre esta intervención estatal sobre los medios de comunicación, enmarca nuestra coyuntura mediática dentro del sistema polarizado plural típico de los países mediterráneos. “El sistema de medios en España, consolidado desde los años 80 y que ha sobrevivido en gran medida hasta la actualidad, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento. Una combinación de factores económicos, tecnológicos y sociopolíticos está abriendo hueco a un nuevo panorama de medios, con jugadores emergentes y nuevas ofertas informativas”, explican los autores. Entre las características típicas del sistema mediático español, el informe detecta otros tres problemas que afectan a la coyuntura mediática, exceptuando la ya citada influencia de los entes públicos en los medios: la escasa tirada actual de la prensa, la débil profesionalización de los periodistas, y el dominio del comentario y la opinión frente a la información que ha provocado la proliferación de programas, tanto en televisión como en radio, de tertulias de corte político.
De la crisis de la prensa a la proliferación digital
Con respecto a la escasa circulación de los periódicos, este proyecto europeo asegura que este problema es el resultado, por un lado, del impacto de Internet y el boom de los nativos digitales y, por otro, de la crisis económica del 2008. Ambos fenómenos han agudizado la reducción de la tirada de la prensa. Así, de las casi cuatro millones de copias que vendía diariamente la prensa en español en 2006, se había pasado en 2015 a una tirada de unos 2,1 millones. Es decir, los periódicos han reducido casi a la mitad en sólo una década su circulación. Además, el 56% de los periódicos mantienen una tirada media menor a las 10.000 copias. Junto a su constante pérdida de audiencia, la situación de los medios impresos quizás es la más crítica de todos ya que además hay que sumarle la caída de la inversión publicitaria.
El documento elaborado por Salaverría y Gómez Baceiredo también resalta el alto grado de concentración empresarial en el mercado televisivo en España. En su último informe, el Observatorio Audiovisual Europeo ya alertó a España del “riesgo” de concentración de sus medios audiovisuales. Un aviso que llegó poco después de que el Parlamento Europeo advirtiera del “riesgo alto” que ello conlleva para el pluralismo.
“Veinte empresas facturan aproximadamente el 75% de los ingresos de los cien medios de comunicación privados. Las televisiones son las que mayor proporción se llevan con el 60%”, asegura el informe que apunta a que la situación de dominio es tal que las dos empresas privadas principales del mercado televisivo –Mediaset España y Atresmedia Corporación– se clasifican a menudo como un “duopolio” ya que “casi el 90% de la inversión total de publicidad en televisión se la distribuyen ambas”. Este proceso se debe, por un lado, al éxito de sus canales generalistas –Telecinco y Cuatro por Mediaset, y Antena 3 y LaSexta por Atresmedia– y, por otro, a la ausencia de publicidad en RTVE desde 2009. “La ausencia de competencia por parte de la cadena pública ha hecho posible que estas dos grandes empresas privadas logren una posición indiscutible de predominio”, explica el documento.
Sin embargo, la televisión ha incorporado en los últimos tiempos nuevos actores. A estos dos conglomerados, el ente público, las televisiones regionales, y otros canales privados con audiencias más pequeñas, se han sumado las plataformas digitales de televisión de pago –Movistar+, Vodafone TV y Orange TV– y, más recientemente, los sistemas de suscripción en streaming especializados en contenidos audiovisuales –Netflix, HBO o Amazon Video–. La aparición de estos nuevos competidores digitales ha provocado “incertidumbre” sobre el futuro de las empresas que hasta ahora han controlado el mercado televisivo en España.
En una situación mucho más halagüeña se encuentra la radio. “Catalizador de la opinión pública”, según indica el texto, la audiencia radiofónica española se ha mantenido “estable” y “relativamente ajena a los avatares que otros medios de comunicación han sufrido a causa de la crisis”.
Según Salaverría y Gómez Baceiredo, este estancamiento en los medios “tradicionales” que atraviesa la prensa, la televisión y, en menor medida, la radio coincide con una “proliferación” de medios digitales. De los 458 nuevos medios que se han puesto en marcha en España entre 2008 y 2015, la gran mayoría son digitales. Aunque “sólo unos pocos han logrado alcanzar un alto reconocimiento de marca y han encontrado un nicho en el mercado”, su consolidación ha convertido a España en un “referente internacional”.
El auge de los “falsos autónomos”
También merece atención en este documento la débil profesionalización y el limitado grado de asociacionismo de los periodistas. En España existen dos tipos de organizaciones: los colegios, que son corporaciones reguladas por ley según cada autonomía que determina los derechos y deberes profesiones, y las asociaciones, que funcionan como reuniones de periodistas para defender sus derechos.
A pesar de sus diferencias, en los últimos años, coinciden en su principal preocupación: las pésimas condiciones actuales de trabajo. El paro entre periodistas era en 2016 un 74% mayor que en 2008, año en el que se inició la crisis. Según una encuesta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) que recoge el informe, de los profesionales con trabajo el 73% fue contratado por alguna empresa y el 27% es autónomo. Entre la cifra de autónomos, cabe señalar que el 35,6% son “falsos autónomos”, es decir, “alguien que realmente trabaja en una empresa todos los días y está integrada en su estructura, pero paga su propia Seguridad Social”.
A estas cifras, hay que añadirle los nuevos graduados que salen cada año de las 40 facultades que ofrecen estudios de comunicación en España, la mayoría con planes de estudio de Periodismo. Entre 2011 y 2015, según asegura el informe, se graduaron en periodismo 16.167 personas, muchos de los cuales terminaron convirtiéndose en becarios, figura laboral controvertida por las condiciones de trabajo que asumen en algunos casos.
Y si los periodistas en España tienen un bajo grado de asociacionismo, Salaverría y Gómez Baceiredo también ponen el foco en la ausencia de una institución que reúna a todos los medios de comunicación. Tal y como recuerda el texto, aunque se cuenta con organizaciones según plataformas –prensa, radio y televisión–, no hay “una organización que represente los intereses de todas las empresas de comunicación en su conjunto”.
Asimismo, el informe recuerda que España es el único país en la Unión Europea que no cuenta con un Consejo Nacional Audiovisual. Según se asegura en el documento, como el sistema de supervisión debe ser implementado por cada comunidad autónoma, en la actualidad los dos únicos consejos que existen están en Cataluña y Andalucía. En Navarra contaron con este organismo entre 2001 y 2011, pero fue cerrado para “reducir el gasto público”. Sin embargo, ante este vacío existen mecanismos de autorregulación dentro de los propios medios –por ejemplo, los defensores del lector– y en las asociaciones –como la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE que analiza quejas sobre presuntas faltas éticas de medios y periodistas–.
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Los medios según los ciudadanos
Media Landscapes también le dedica un apartado a la imagen que tienen los ciudadanos de los medios de su país. En el caso español, el informe alerta que, como resultado del sistema actual mediático, se considera que los medios de comunicación se guían principalmente por intereses políticos y de negocio, y no por el servicio público, sobre todo en aquellos ligados a grandes empresas.
Los autores del texto ponen como ejemplo el Eurobarómetro sobre Medios y pluralismo de 2016 en el que los medios de comunicación eran tachados como “no confiables”, sobre todo, en el caso de la televisión y los medios digitales. Aunque, en contraposición, otros estudios sociológicos, como el CIS de 2015, colocan al sector mediático como el tercero de mayor confianza, sólo por detrás de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.
El proyecto Media Landscapes [disponible en inglés], impulsado por el European Journalism Centre, analiza el panorama de medios de comunicación y la situación de los periodistas de veinte países y, en el caso español, el informe alerta de que, en comparación con otras regiones europeas, España está “insuficientemente desarrollada” en términos de instituciones mediáticas y sistemas de control. Además de en España, el proyecto, con versiones anteriores en los años 2009 y 2012, estudia en 2017 la situación del mercado en otros 19 países: catorce europeos –Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Noruega, Portugal y Suiza– junto a Irán, Irak, Líbano, Siria y Yemen.